La carta que firman muchas de las organizaciones que impulsaron desde fines de 2020 la campaña #ALasAulas, también solicita a cada gobierno jurisdiccional un esfuerzo en términos de presupuesto y gestión para generar las condiciones que permitan darle mayor continuidad al ciclo escolar.
Nacionales25 de enero de 2022
leonardo fernández acosta
Casi 50 organizaciones de la sociedad civil solicitan a los 24 gobernadores y ministros de Educación provinciales que garanticen la continuidad de las clases en el ciclo lectivo 2022. Se solicita que para el 1 de febrero publiquen calendarios escolares claros y precisos que permitan cumplir con los 190 días de clase anunciados.
Publicar calendarios escolares claros y precisos, mejorar la ejecución presupuestaria y enfocar los esfuerzos en los estudiantes más vulnerables: esos son los tres puntos destacados de una carta firmada por un grupo diverso de 46 organizaciones. Entre ellas se encuentran Argentinos por la Educación, Asociación Conciencia, la Asociación de Colegios Privados de la Provincia de Buenos (AIEPBA), el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y la Fundación UOCRA. Familias de todo el país, nucleadas en la Red de Familias por la Educación, también impulsan el pedido. La solicitud está dirigida a los gobernadores y ministros de Educación de las 24 jurisdicciones, que tienen la responsabilidad primaria por el establecimiento y el cumplimiento de los calendarios escolares.
Ignacio Ibarzábal, director de Argentinos por la Educación explica: "El punto principal es la continuidad escolar. Que trabajemos para que en cada escuela del país haya la cantidad de días y horas de clase necesarias, pero sobre todo que se desarrollen con normalidad, sin interrupciones. Esto, que puede parecer secundario, haría una gran diferencia para muchos estudiantes en el país.”
En el primer punto de la carta se solicita la publicación de los calendarios escolares jurisdiccionales. Las organizaciones firmantes piden que las gestiones provinciales publiquen, para el 1 de febrero de 2022, un calendario escolar claro y preciso, que permita a toda la comunidad saber en cuáles días debería haber clase y en cuáles no (y los motivos). A su vez, las organizaciones valoran el objetivo fijado por el Ministerio de Educación Nacional y el Consejo Federal de Educación de alcanzar 190 días de clase en 2022.
Guillermina Tiramonti, profesora e investigadora de FLACSO, reflexiona: “Hoy hay mucho para demandar en materia educativa. Empecemos por lo imprescindible: una escuela abierta durante el tiempo que se requiere para enseñar y aprender lo que todos los niños y jóvenes necesitan para dialogar con el mundo en el que les toca vivir, un esfuerzo pedagógico acorde a las necesidades de aprendizaje de cada uno, y una disposición de recursos que permita concretar una aspiración en la que ponemos en juego el futuro de la sociedad”.
“Nos encontramos en un tiempo valioso para llevar claridad a toda la población sobre las diferentes estrategias que permitirán mejorar la situación educativa. Un primer paso es contar con el acceso a la información de los calendarios escolares de cada jurisdicción. Son muchos los esfuerzos que toda la comunidad viene realizando durante la pandemia y cada minuto cuenta para lograr que nadie se quede atrás”, plantea Anabella Serignese, directora de programas de Asociación Conciencia.
La carta que firman muchas de las organizaciones que impulsaron desde fines de 2020 la campaña #ALasAulas, también solicita a cada gobierno jurisdiccional un esfuerzo en términos de presupuesto y gestión para generar las condiciones que permitan darle mayor continuidad al ciclo escolar. Y pide enfocar los esfuerzos principalmente en las escuelas a las que asisten estudiantes de barrios populares y zonas rurales periféricas. A la espera de respuesta por parte de los gobiernos de las provincias y de CABA, las organizaciones subrayan: “Debemos mayores esfuerzos a quienes hoy brindamos menos oportunidades”.
Guillermina Tiramonti, profesora e investigadora de FLACSO, reflexiona: “Hoy hay mucho para demandar en materia educativa. Empecemos por lo imprescindible: una escuela abierta durante el tiempo que se requiere para enseñar y aprender lo que todos los niños y jóvenes necesitan para dialogar con el mundo en el que les toca vivir, un esfuerzo pedagógico acorde a las necesidades de aprendizaje de cada uno, y una disposición de recursos que permita concretar una aspiración en la que ponemos en juego el futuro de la sociedad”.
Las organizaciones que firman la carta son ADERECH, ADIRA, AIEPBA, Agenda Educativa, Asociación Civil Observatorio Social, Asociación Civil Monte Adentro, Asociación Conciencia, Argentinos por la Educación, BisBlick, Brazos Abiertos, Consejo Empresario Mendocino, Dale tu mano, Educar y Crecer, EPEA, Enseñá por Argentina, Fe y Alegría, FEDIAP, FONBEC, Foro de Convergencia Empresarial, Foro de Mujeres del Mercosur, Fund TV, Fundación Anpuy, Fundación Convivir, Fundación Cruzada Patagónica, Fundación Diaz Velez, Fundación Diciembre, Fundación Evolución, Fundación FEPAIS, Fundación Leer, Fundación León, Fundación Montessori, Fundación PAD, Fundamentos para la Educación, Fundación Proyecto Padres, Fundación Tomás Alva Edison, Fundación UOCRA, Hablemos de Bullying, JUNEP, Minkai, Movimiento de Trabajadores Excluidos, RECIDUCA, Red de Educadores Innovadores, Red por la Educación Mendoza, Uniendo Caminos, Varkey y Voy con Vos.
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El jefe del bloque de UP criticó al Tribunal Supremo porque “es funcional a este gobierno. Juegan más a la política que a la justicia”. Así, defendió a Gildo Insfran: “Ha hecho una administración increíble”, y consideró que la vacante en la Corte la tiene que ocupar una mujer.
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Apunta a consolidar la estabilidad macroeconómica y avanzar en las reformas estructurales del país. Resta la aprobación formal del Directorio Ejecutivo.
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El fiscal Eduardo R. Taiano, titular de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal N.º 8, formuló el requerimiento de instrucción para que se avance con la investigación penal en el marco del expediente CFP 442/2025, caratulado “Insfrán, Gildo s/ Malversación de Caudales Públicos, Falsedad Ideológica y Abuso de Autoridad”. Ya constataron que la cuenta desde donde se habría efectuado la operación pertenece al gobierno de la provincia y habrían sido autorizados por altos funcionarios del Ministerio de Economía provincial: el subsecretario de Hacienda y Finanzas, Miguel A. Antinori, y las tesoreras generales Liliana Noemí Barboza y Ana María Tesorieri. Hasta el momento no hay imputados
