“Las declaraciones de un dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Formosa, encargado de la carga de los datos correspondientes a personas infectadas con coronavirus en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, evidencian que se ha adulterado la carga de datos en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) de los casos de COVID-19 de la provincia de Formosa” afirmaron.
Locales13/04/2022
leonardo fernández acosta
Los abogados, Martín Osvaldo Hernández y Gabriel Hernández, en representación de la Unión Cívica Radical, denunciaron ante la Justicia Federal de Formosa la violación del Art. 205 del Código Penal.
El mismo establece que: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.
Explicaron que de las declaraciones de un dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Formosa, encargado de la carga de los datos correspondientes a personas infectadas con coronavirus en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, evidencian que se ha adulterado la carga de datos en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) de los casos de COVID-19 de la provincia de Formosa.
Aclararon que ello configura la comisión del delito previsto y reprimido por el Art. 205 del Código Penal, que sanciona al que violare “las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”. Precisamente, una de las medidas más importantes para la lucha contra la epidemia de COVID-19 era la actualización permanente de los datos cargados en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS).
Dijeron además que: “Como se verá, también se adulteraron los datos correspondientes a personas supuestamente infectada con coronavirus, que según las autoridades del Gobierno de la provincia de Formosa fueron tratadas con suero equino durante la emergencia de la pandemia de COVID-19”.
Agregaron que: “Hemos tomado conocimiento de los hechos denunciados, a consecuencia de las declaraciones realizadas al periodista Leonardo Fernández Acosta en su programa “El Ciudadano”, por Radio Parque FM 89.3 de la ciudad de Formosa, el señor Alexis Diego Hernán Leguizamón, quien trabajó como contratado o becario del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Formosa en la “Unidad Covid” en el Galpón “G” sobre la Avenida Costanera de la ciudad de Formosa, en la carga de datos durante la pandemia de COVID-19.
“Según sus declaraciones, esta persona fue contratada por el Coordinador de los Centros de Atención Sanitaria (CAS), el doctor Raúl Ledesma, y su labor era supervisada por la esposa de Ledesma, la Dra. Claudia Ramírez” relataron.
El testigo de estos hechos denunció que por orden de autoridades del Gobierno de la Provincia se alteraron los datos de personas que se registraron como infectadas con Coronavirus, aunque las pruebas que se les había realizado habían arrojado resultado negativo.
Asimismo y a la inversa, en otros momentos, se registraron como casos “negativos”, personas en las que se había detectado la presencia del virus.
Finalizaron diciendo que Esta adulteración de datos sobre personas infectadas de coronavirus en Formosa que fueron dolosamente cargados en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud 2.0 impidió ciertamente al Ministerio de Salud de la Nación adoptar las medidas más adecuadas y conducentes para combatir la propagación de la enfermedad, y ello encuadra en el tipo delictivo previsto por el art. 205 del Código Penal. “Asimismo, teniendo en cuenta que la concientización de la opinión pública es una de las herramientas más efectivas para combatir al vector, el hecho de que se haya manipulado las cifras de casos de COVID-19, pudo haber producido una distorsión o errores de las acciones de prevención, e incluso la adopción de medidas contraproducentes, perjudicando a la totalidad de la población formoseña” concluyeron.
"Preocupados por la precarización del sector privado, los gremios estatales funcionarios y sindicalistas salen a la calle para exigir que no les toquen un pelo de sus privilegios. Porque la lucha es una sola: la de ellos y sus intereses personales."
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Ni el Defensor del Pueblo que no puede defender, ni la cámara empresarial capturada por los intereses del poder: la Justicia Federal los desconoció como representantes legítimos del pueblo formoseño. En el desolado paisaje institucional de Formosa, donde el estatismo decide quién vive y quién sobrevive, a los ciudadanos les podrían aplicar el famoso dicho de Moria Casán: 'No existís'. El fallo no solo rechazó un amparo; certificó que las voces que pretenden hablar por la gente carecen de sustento real
Insfrán no defiende a los trabajadores. Defiende su monopolio. En su feudo, la única fortuna permitida es la que se hace con el sobre del Estado. La reforma laboral amenaza con darles a los formoseños lo que él más teme: libertad para progresar sin pedirle permiso al patrón único. Su lucha no es ideológica, es de supervivencia. Sobrevivir como el último cacique de un sistema que canjea votos por planes y convierte al ciudadano en siervo del aparato.
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