Aceleración inflacionaria: la canasta alimentaria tuvo una suba de 6,5% y se necesitaron $39.862 de ingreso mensual para que un hogar no sea considerado indigente.
Nacionales22/04/2022
leonardo fernández acosta
El costo de los productos que integran la canasta básica alimentaria (CBA) subió 6,5 % en marzo, lo que determinó que una familia conformada por dos adultos y dos hijos menores necesitara percibir ingresos por $39.862 para no caer en la indigencia, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La suba se mantuvo casi en línea con el 6,7% de inflación del mismo mes.
En tanto, el costo de la canasta básica total (CBT) marcó un incrementó de 7 % en marzo, con lo que una "familia tipo" debió contar con ingresos por un monto total estimado en $89.690 para no caer debajo de la línea de la pobreza.
Desde marzo del año pasado, la CBT tuvo una suba anual del 47,3%, por debajo de la inflación interanual que fue del orden del 55,1%. Sin embargo la sobrepasó en la medición mensual.
Otros de las estimaciones son:
Un hogar de 3 integrantes compuesto por una de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61 años precisaron $ 31.735 para no ser indigentes y $ 71.404 para no ser pobres,
Mientras que un hogar de 5 integrantes (un varón y una mujer, ambos de 30 años, y tres hijos de 5, 3 y 1 año) necesitó $ 41.926 para mantenerse por encima del nivel de indigencia y $ 94.335 para estar arriba del nivel de pobreza.
A un "familia tipo" no le alcanza dos salarios básicos para no ser pobre
El Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) se encuentra actualmente en $ 38.940 tras ser aumentado días atrás por el consejo que se encarga de su administración.
Este se define como "la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión".
Cayó la pobreza, pero los datos muestran que cada vez va a ser más difícil bajarla
Sin embargo, el informe de valorización mensual de la CBA y CBT muestra que una "familia tipo" no puede sustentarse con dos SMVM sin caer por debajo de la línea de la pobreza, ya que obtendrían entre ambos $ 77.880, es decir, $ 11.810 menos que lo establecido por la Canasta Básica Total. (Cronista)
Ambos datos muy relevantes para determinar la magnitud de la crisis económica en los indicadores sociales.
Mientras que la Canasta Básica Total (CBT), además de alimentos, incluye otros ítems del gasto como indumentaria, salud, transporte o educación, lo que determina la "línea de pobreza".
Por el otro lado, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) se limita a relevar bienes de primera necesidad y configura la "línea de la indigencia": aquellas familias que no lleguen a cubrir los ingresos necesarios para adquirirla son indigentes.
Los gobernadores de Provincias Unidas frenaron el apuro de Milei y le bajaron el precio a su convocatoria: acumulan reproches por el maltrato recibido, no están dispuestos a favorecer a un competidor en plena campaña y sienten que el Círculo Rojo empieza a girar hacia ellos como alternativa de gobernabilidad.
Los gobernadores de la liga se montaron a la victoria del correntino. Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Juan Schiaretti (exgobernador de Córdoba) saludaron el triunfo como propio y buscaron darle volumen nacional al armado de Provincias Unidas, la liga que intenta abrirse camino como tercera vía frente a Javier Milei y el kirchnerismo.
Valdés sabe que el antiperonismo no necesita necesariamente a Milei para sobrevivir. Y que la UCR, con sus territorios, todavía tiene capital político para disputar el centro de la escena nacional.
Conscientes de que el tiempo se les agota y las urnas les serán adversas en octubre, el kirchnerismo, acompañado por radicales oportunistas y falsos moderados, lanzó un nuevo golpe institucional: leyes previsionales que buscan romper el equilibrio fiscal y torcerle el brazo a Milei. El Presidente ya anunció el veto.
La impunidad se quedará sin fueros: la Corte Suprema confirmará la condena a Cristina Kirchner por corrupción y allanará el camino a su detención. Se acabaron los discursos, las operaciones y el blindaje político. El final del relato ya no es épico: es judicial.
El presidente asistió a inaugurar las sesiones ordinarias y tuvo un más que frío reencuentro con la vice. Apuntó contra Kicillof -ausente- por la inseguridad. Su cruce con un radical derivó en un protagonismo de Santiago Caputo en el final de la jornada. Recinto despoblado.
El lunes 29, la Legislatura aprobará sobre tablas sin lectura previa ni análisis mínimo, un Presupuesto que volverá a ser un dibujo contable, sancionado por una mayoría que ni siquiera habrá tenido tiempo de conocer sus más de mil fojas. En la misma sesión, los legisladores prorrogarán nuevamente la contradictoria Ley de Emergencia Económica, un instrumento que, pese a los supuestos superávits proclamados año tras año, seguirá blindando al Poder Ejecutivo para postergar pagos y administrar discrecionalmente los recursos públicos. Y, como si fuera poco, también se avanzará en la modificación del artículo 65 del Código Fiscal y de los artículos 61 y 63 de la Ley Impositiva, otorgando mayor poder unilateral al Ministerio de Economía y preparando el terreno para un nuevo impuestazo delegado por una Legislatura que se comportará, una vez más, como una escribanía del gobierno.
El razonamiento y la manipulación discursiva del diputado, Jorge Román, borra deliberadamente el concepto de federalismo fiscal, que combina recursos compartidos con responsabilidades compartidas. Pero eso no le sirve al relato: la idea de responsabilidad fiscal choca con el modelo de provincia subsidiada que Román busca blindar.
Mientras el oficialismo proclama autonomía, el propio debate revela dependencia estructural: la provincia subsiste con dinero nacional, sube impuestos donde más duele y reparte recursos con desigualdad entre municipios, consolidando un modelo que concentra poder y castiga al trabajador.
La Legislatura aprobó un presupuesto con números exactos, cuadros detallados y rigor técnico de utilería. Pero detrás de la escenografía contable, la ley entrega al Ejecutivo una llave maestra: puede cambiarlo cuando quiera, como quiera y sin dar explicaciones. Un presupuesto rígido en el papel y líquido en la realidad.
Mientras el Gobierno vende como “equidad territorial” algunos metros de ripio, pavimento e iluminación para la foto, en paralelo refuerza la verdadera obra estratégica del modelo: la modernización de la oficina recaudadora que, con el nuevo presupuesto y el Código Tributario modificado, le permitirá a la ATP aumentar impuestos a discreción (en Clorinda, una ciudad fundida). Desarrollo para la tribuna, presión fiscal para la gente.
