Son once las provincias con una tasa de femicidios mayor que el promedio nacional: Chaco (2,43), Santiago del Estero (2,22), Tucumán (2,07), La Rioja (2,00), Formosa (1,96), Salta (1,78), Chubut (1,27), Jujuy (1,27), Corrientes (1,22), Neuquén (1,18), y San Luis (1,16).
Locales03/06/2022
leonardo fernández acosta
La Provincia de Buenos Aires siempre encabeza los listados de femicidios por la cantidad de mujeres que viven en el distrito, el más extenso y poblado del país. En 2021 hubo 73, una mujer asesinada cada 5 días. Pero no es lo mismo si se habla de tasa de femicidios, que es la medición proporcional. El último informe de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema ubica a Buenos Aires en el lugar 18 de las provincias con mayor incidencia de la tasa de femicidios cada 100 mil mujeres con 0,81, por debajo de la media, que es de 0,99, e incluso por debajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 0,92.
Son once las provincias con una tasa de femicidios mayor que el promedio nacional: Chaco (2,43), Santiago del Estero (2,22), Tucumán (2,07), La Rioja (2,00), Formosa (1,96), Salta (1,78), Chubut (1,27), Jujuy (1,27), Corrientes (1,22), Neuquén (1,18), y San Luis (1,16).
Los femicidios en territorio bonaerense registran una baja en los últimos años. En 2018 y 2019 hubo 102; en 2020 fueron 94 y en 2021, 73. Un detalle es que aumentó el porcentaje de femicidios sobre el total de homicidios de mujeres. Hace cuatro años era el 50%. Ahora es casi el 70%. Puede explicarse por la mejora en la precisión de los registros.
En el análisis de la Corte se detalla la reducción de 26,3% de femicidios desde 2017. De 2021 a 2020 la caída fue del 22,3%. Y explican: “Si bien hubo reducciones de casos en otras jurisdicciones entre 2020 y 2021, dado el peso que tiene la PBA en el total de casos (37% en 2020 y 32% en 2021), una caída en dicha provincia impacta en el total nacional”. Según la Corte hubo 251 femicidios en 2021, uno cada 35 horas.
En el marco del Programa de Abordaje y Monitoreo Electrónico de Situaciones de Alto Riesgo de las Violencias por Razones de Género (VPRG), en el informe se indica que en la provincia de Buenos Aires, “a partir de su implementación, la cantidad de dispositivos duales electrónicos (DDE) colocados se incrementan 10 veces desde diciembre del 2019 a la actualidad. A esa fecha, la suma de dispositivos duales era de 52, alcanzando actualmente la cifra de 516”.
Llamados a la línea 144
Durante los primeros cuatro meses de este año, la línea 144 atendió 5.224 consultas por violencia de género en territorio bonaerense. Son 45 llamados por día. El 96% consultó por violencia psicológica, un 65% por violencia física, un 44% por violencia económica, un 71% por violencia simbólica y un 20% por violencia sexual. En el 52% de los casos el agresor era la ex pareja y en el 31% la pareja actual; un 7% parientes directos (padre, hermano, hijo), un 4% de parientes más lejanos y un 5% de conocidos. “Es una problemática compleja. Hoy se está trabajando mucho más integralmente para que se consolide un camino de cada vez menos violencia de género en general y por supuesto menos femicidios -sigue la ministra-. Trabajar en la prevención de las violencias es fundamental. Por eso redefinimos la metodología de abordaje desde el Sistema Integrado Provincial, que plantea iniciativas que van desde la prevención, asistencia, atención, herramientas para el proceso de salida de la violencia y el trabajo con los varones”.
Díaz menciona la Ley Micaela, la de Educación Sexual Integral, el programa Yendo, que trabaja con las juventudes, articulado con el programa Envión para prevenir los vínculos violentos en los noviazgos, y campañas de comunicación y prevención. Respecto del trabajo con varones, nombra la Dirección de Masculinidades, para varones agresores y también para trabajar la prevención y no ser machista.
“Se trata de un profundo cambio cultural, con más Estado, más políticas, más inversión y más compromiso y articulación con la sociedad”, sostiene Díaz.
Y plantea que las personas que sufren violencia de género o abusos pueden entrar al sistema por distintas vías institucionales o sociales: la policía, un juzgado, una Fiscalía, la escuela, el sector de salud, el área social de un municipio, niñez: “Hay que pensar en la cantidad de actores institucionales que intervienen, distintas jurisdicciones y poderes, el Ejecutivo, Judicial, áreas administrativas y policiales, en ámbitos municipales, provinciales o nacionales. Todas esas instancias necesitan articulación y perspectiva para la intervención”.
El gobierno de Formosa repudia desde el PJ la situación en Venezuela, pero contrata a médicos que huyeron del chavismo y hoy callan por miedo. Víctimas del exilio, repiten en Formosa el mismo silencio aprendido bajo Maduro, ante un poder que tampoco tolera la crítica.
La homilía de Conejero expresó una realidad que la sociedad reconoce en su vida cotidiana y que el discurso oficial ya no logra tapar. Las respuestas de Jorge González y Graciela Parola, lejos de desacreditar al Obispo, expusieron el desgaste del relato y el rechazo creciente hacia quienes intentan sostenerlo desde los actos militantes y no desde la calle.
Clorinda inaugura una nueva oficina de recaudación impositiva mientras el centro comercial luce cada vez más parecido a una postal de abandono: persianas bajas, locales vacíos, carteles de alquiler y quiebre silencioso de decenas de pequeños comercios que no resistieron los últimos doce meses de recesión, caída del consumo y presión fiscal creciente. Clorinda no necesitaba una nueva oficina de recaudación. Necesitaba oxígeno. Necesitaba un Estado que acompañe al sector privado en lugar de exprimirlo.
Mientras el Gobierno vende como “equidad territorial” algunos metros de ripio, pavimento e iluminación para la foto, en paralelo refuerza la verdadera obra estratégica del modelo: la modernización de la oficina recaudadora que, con el nuevo presupuesto y el Código Tributario modificado, le permitirá a la ATP aumentar impuestos a discreción (en Clorinda, una ciudad fundida). Desarrollo para la tribuna, presión fiscal para la gente.
La Legislatura aprobó un presupuesto con números exactos, cuadros detallados y rigor técnico de utilería. Pero detrás de la escenografía contable, la ley entrega al Ejecutivo una llave maestra: puede cambiarlo cuando quiera, como quiera y sin dar explicaciones. Un presupuesto rígido en el papel y líquido en la realidad.
El jefe del bloque gildista intentó presentar en la sesión por la aprobación del presupuesto, la falta de debate, la concentración del gasto y la hegemonía política como “normalidad democrática”. En realidad, su discurso es una defensa explícita del poder sin controles, disfrazada de victimismo y falsa superioridad moral.
El razonamiento y la manipulación discursiva del diputado, Jorge Román, borra deliberadamente el concepto de federalismo fiscal, que combina recursos compartidos con responsabilidades compartidas. Pero eso no le sirve al relato: la idea de responsabilidad fiscal choca con el modelo de provincia subsidiada que Román busca blindar.
Mientras el Gobierno vende como “equidad territorial” algunos metros de ripio, pavimento e iluminación para la foto, en paralelo refuerza la verdadera obra estratégica del modelo: la modernización de la oficina recaudadora que, con el nuevo presupuesto y el Código Tributario modificado, le permitirá a la ATP aumentar impuestos a discreción (en Clorinda, una ciudad fundida). Desarrollo para la tribuna, presión fiscal para la gente.
Clorinda inaugura una nueva oficina de recaudación impositiva mientras el centro comercial luce cada vez más parecido a una postal de abandono: persianas bajas, locales vacíos, carteles de alquiler y quiebre silencioso de decenas de pequeños comercios que no resistieron los últimos doce meses de recesión, caída del consumo y presión fiscal creciente. Clorinda no necesitaba una nueva oficina de recaudación. Necesitaba oxígeno. Necesitaba un Estado que acompañe al sector privado en lugar de exprimirlo.
La homilía de Conejero expresó una realidad que la sociedad reconoce en su vida cotidiana y que el discurso oficial ya no logra tapar. Las respuestas de Jorge González y Graciela Parola, lejos de desacreditar al Obispo, expusieron el desgaste del relato y el rechazo creciente hacia quienes intentan sostenerlo desde los actos militantes y no desde la calle.
El gobierno de Formosa repudia desde el PJ la situación en Venezuela, pero contrata a médicos que huyeron del chavismo y hoy callan por miedo. Víctimas del exilio, repiten en Formosa el mismo silencio aprendido bajo Maduro, ante un poder que tampoco tolera la crítica.
