Prevista para este jueves, la sesión especial no fue convocada por falta de garantías sobre el quórum. Se iba a votar la ampliación de la Corte a 25 miembros.
Nacionales06/07/2022
leonardo fernández acosta
El kirchnerismo tenía previsto darle este jueves media sanción en el Senado al proyecto para ampliar a 25 miembros la Corte Suprema de la Nación. Pero la sesión especial nunca fue convocada. El motivo, dejan trascender desde el mismo espacio de Cristina Kirchner, titular del cuerpo legislativo, es que no estaban garantizados los 37 votos para el quórum. Al cierre de esta nota en el entorno de la Vicepresidente daban a entender que la sesión no sería convocada.
El interbloque del Frente de Todos tiene 35 bancas. Requiere de 2 más para habilitar la sesión. Habitualmente el oficialismo lo logra a través de circunstanciales aliados. Uno de ellos es el rionegrino Alberto Weretilnek, que tiene un proyecto distinto. Weretilnek y la gobernadora de Río Negro, Arabella Carreras se reunieron el martes con Alberto Fernández, lo que despertó especulaciones respecto a si se habló del proyecto de la Corte. En un hilo de tuits, la mandataria no mencionó ese tema pero sí otros abordados.
Carreras, por otro lado, no firmó el documento de apoyo al proyecto que rubricaron 16 gobernadores. Todos alineados con la Vicepresidente. Weretilnek, en tanto, presentó su propio texto que eleva la composición del máximo tribunal a 16 y se opone al de 25.
En tanto, dentro del mismo interbloque oficialista hay divergencias que ponen en duda algunos votos propios.
Adolfo Rodríguez Saá, su hermano y senador, podría no acompañar el proyecto oficialista aunque integra el interbloque del FdT. El Adolfo también tiene su propio proyecto que lleva a 9 los integrantes de la Corte. Pero el motivo de un eventual no acompañamiento sería el enfrentamiento con su hermano, lo que conduciría a una oposición automática a todo lo que impulse el mandatario puntano.
Otra incógnita en el esquema del FdT es cuál es la posición que adoptará el santafecino Marcelo Lewandowski, que responde al gobernador Omar Perotti, otro que no firmó el documento de apoyo a una Corte de 25 miembros.
El proyecto, que consiguió dictamen de comisión la semana pasada, consta de sólo 4 artículos y establece que serán 25 los integrantes de la Corte Suprema.
La propuesta, asimismo, dispone que el Senado deberá prestar acuerdo a otros 21 integrantes propuestos por el Poder Ejecutivo, tal como lo establece la Constitución Nacional, respetando la designación de los actuales cuatro miembros: Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.
El primer artículo del texto, no obstante, anuncia que en una futura "ley especial" se definirá "el modo de organización y funcionamiento" del Supremo Tribunal.
La idea es que esa "ley especial", cuyo proyecto aún no fue presentado, establezca ciertas pautas como la división en salas, la integración por regiones y demás objetivos.
El proyecto, de todos modos, recibirá algunos cambios: en principio, asegurar la paridad de género, lo que aseguraría el respaldo de la senadora riojana Clara Vega.
Los gobernadores de Provincias Unidas frenaron el apuro de Milei y le bajaron el precio a su convocatoria: acumulan reproches por el maltrato recibido, no están dispuestos a favorecer a un competidor en plena campaña y sienten que el Círculo Rojo empieza a girar hacia ellos como alternativa de gobernabilidad.
Los gobernadores de la liga se montaron a la victoria del correntino. Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Juan Schiaretti (exgobernador de Córdoba) saludaron el triunfo como propio y buscaron darle volumen nacional al armado de Provincias Unidas, la liga que intenta abrirse camino como tercera vía frente a Javier Milei y el kirchnerismo.
Valdés sabe que el antiperonismo no necesita necesariamente a Milei para sobrevivir. Y que la UCR, con sus territorios, todavía tiene capital político para disputar el centro de la escena nacional.
Conscientes de que el tiempo se les agota y las urnas les serán adversas en octubre, el kirchnerismo, acompañado por radicales oportunistas y falsos moderados, lanzó un nuevo golpe institucional: leyes previsionales que buscan romper el equilibrio fiscal y torcerle el brazo a Milei. El Presidente ya anunció el veto.
La impunidad se quedará sin fueros: la Corte Suprema confirmará la condena a Cristina Kirchner por corrupción y allanará el camino a su detención. Se acabaron los discursos, las operaciones y el blindaje político. El final del relato ya no es épico: es judicial.
El presidente asistió a inaugurar las sesiones ordinarias y tuvo un más que frío reencuentro con la vice. Apuntó contra Kicillof -ausente- por la inseguridad. Su cruce con un radical derivó en un protagonismo de Santiago Caputo en el final de la jornada. Recinto despoblado.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
El intento de vender a Gildo Insfrán como “líder nacional” del peronismo es tan absurdo como anacrónico. Mientras el PJ bonaerense se derrumba y el país reclama renovación, un analista de los 70 pretende resucitar a un caudillo provincial cercado por su propio desgaste, su modelo agotado y la sombra cada vez más cercana de una intervención federal.
