A los gobernadores los une más el temor de la crisis económica que la convicción política sobre el rumbo de la gestión de la Casa Rosada.
Nacionales24/07/2022
leonardo fernández acosta
La señal más significativa fue el viernes en el Museo del Bicentenario, sobre el final de una semana dónde el dólar tuvo una alocada suba. La excusa fue la firma de un acta de intención para obras de Ciencia y Tecnología en las provincias.
Estaban todos los gobernadores que tenían que estar, comenzando por el bonaerense Axel Kicillof. La amplia mayoría fue peronista, aunque también dieron presente dos provincias administradas por el radicalismo, Mendoza y Jujuy.
A los gobernadores los une más que nada el temor de que la crisis económica termine golpeando con dureza las finanzas de sus territorios. Saben que cada vez que se promete un ajuste al Fondo Monetario Internacional, sus cajas crujen. Por eso se acercan como nunca al Presidente y a la ministra de Economía, Silvina Batakis.
Los mandatarios provinciales siempre fueron reacios a cualquier ajuste. Lo vivieron todos los presidentes de la democracia. Desde Raúl Alfonsín hasta Mauricio Macri y ahora está experimentando esa situación el propio Alberto Fernández.
Sin embargo, siempre tuvieron un as en la manga porque todos los presidentes fueron en busca del apoyo de las provincias para sostener la gobernabilidad. Y sacaron ventaja.
Por lo pronto, los gobernadores ya escucharon de boca de la ministra Batakis, primero, y luego de palabras del propio Presidente, que la obra pública no se detendrá a pesar de la crisis y del acuerdo con el FMI.
En otro ámbito, este reclamo también se replica. Hablamos de los intendentes bonaerenses. Los peronistas/kirchneristas ya se reunieron con Kicillof para saber hasta dónde llegará el ajuste en la provincia y que va a pasar con la coparticipación y la obra pública provincial.
Los de Juntos por el Cambio pusieron el grito en el cielo. Temían ser discriminados y le pidieron una reunión a Kicillof, quien recibió a los radicales y luego a los jefes comunales del Pro.
Gobernadores e intendentes transitan por un camino similar. Irán por la reelección el año próximo y el horizonte está lleno de interrogantes y profundas preocupaciones.
No son los únicos desvelados por el futuro. También se agrupan en esa línea los movimientos sociales vinculados con el gobierno, que poseen funcionarios nacionales en distintas áreas y la CGT.
Desde ambos sectores partieron palabras de respaldo público hacia el presidente Alberto Fernández, pero, en privado, ya hicieron saber sus preocupaciones por el plan económico y el ajuste, el deterioro de los ingresos producto de la elevada inflación y la frágil tregua entre el presidente y Cristina Kirchner.
Saben que están todos en el mismo barco y que si sigue el actual rumbo, las elecciones del 2023 se pueden parecer mucho a un naufragio.
Los gobernadores de Provincias Unidas frenaron el apuro de Milei y le bajaron el precio a su convocatoria: acumulan reproches por el maltrato recibido, no están dispuestos a favorecer a un competidor en plena campaña y sienten que el Círculo Rojo empieza a girar hacia ellos como alternativa de gobernabilidad.
Los gobernadores de la liga se montaron a la victoria del correntino. Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Juan Schiaretti (exgobernador de Córdoba) saludaron el triunfo como propio y buscaron darle volumen nacional al armado de Provincias Unidas, la liga que intenta abrirse camino como tercera vía frente a Javier Milei y el kirchnerismo.
Valdés sabe que el antiperonismo no necesita necesariamente a Milei para sobrevivir. Y que la UCR, con sus territorios, todavía tiene capital político para disputar el centro de la escena nacional.
Conscientes de que el tiempo se les agota y las urnas les serán adversas en octubre, el kirchnerismo, acompañado por radicales oportunistas y falsos moderados, lanzó un nuevo golpe institucional: leyes previsionales que buscan romper el equilibrio fiscal y torcerle el brazo a Milei. El Presidente ya anunció el veto.
La impunidad se quedará sin fueros: la Corte Suprema confirmará la condena a Cristina Kirchner por corrupción y allanará el camino a su detención. Se acabaron los discursos, las operaciones y el blindaje político. El final del relato ya no es épico: es judicial.
El presidente asistió a inaugurar las sesiones ordinarias y tuvo un más que frío reencuentro con la vice. Apuntó contra Kicillof -ausente- por la inseguridad. Su cruce con un radical derivó en un protagonismo de Santiago Caputo en el final de la jornada. Recinto despoblado.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
El intento de vender a Gildo Insfrán como “líder nacional” del peronismo es tan absurdo como anacrónico. Mientras el PJ bonaerense se derrumba y el país reclama renovación, un analista de los 70 pretende resucitar a un caudillo provincial cercado por su propio desgaste, su modelo agotado y la sombra cada vez más cercana de una intervención federal.
En Formosa, el poder ya no gobierna: administra su propio miedo. La decisión del gobierno de Gildo Insfrán de prohibir a las escuelas participar del aniversario de Las Lomitas, solo porque el intendente es opositor, muestra la degradación absoluta de un régimen que perdió toda noción de Estado. En lugar de educar en libertad, se adoctrina en obediencia; en lugar de celebrar una comunidad, se la castiga por pensar distinto. La miseria política se volvió método de control, y la decadencia moral, su marca de identidad.
