El legislador le pidió al Presidente Alberto Fernández que asuma su responsabilidad y se ponga a Gobernar
Locales24/07/2022
leonardo fernández acosta
El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Fernando Carbajal, reclamó este domingo al presidente Alberto Fernández que deje de lado "los internismos y los histeriqueos" dentro de su administración y se ponga a gobernar "porque hay un pueblo que está sufriendo en medio de una crisis que se agrava día a día frente a la inoperancia de su gobierno".
A través de un comunicado, el legislador del radicalismo por Formosa exigió al jefe de estado que "se dedique a gobernar y haga las cosas que tienen que hacer porque cada día que pasa se agranda el dolor y el sufrimiento del pueblo argentino".
En ese sentido, dejó en claro que "la crisis que atravesamos es económica, pero sobre todo política y es responsabilidad del Presidente y de la Vicepresidenta de la Nación todo lo que está pasando en el país".
En otro tramo de su declaración pública, Carbajal advirtió que "no es tiempo para seguir con internismos ni con histeriqueos", y exhortó al Presidente: "tiene que ponerse a gobernar, y tiene que decidir si va a gobernar para los ciudadanos de la Argentina o va a complacer los caprichos de una banda de delincuentes que busca impunidad".
Recientemente, el ex juez federal opinó cuestiónó duramente las públicas acusaciones de Cristina Fernández a la Corte Suprema, al señalar que la vicepresidenta "busca construir un relato para evitar la cárcel porque sabe que va a ser condenada porque las pruebas en su contra son muy contundentes".
Según el diputado de JxC con este tipo de intervenciones públicas, Cristina "busca nuevamente torcer el eje de la realidad en un país que está en llamas y con números sociales que son un espanto. En medio de esto estamos discutiendo la situación procesal de la vicepresidente, que lo que tiene que hacer es callarse la boca e ir a tribunales que es donde tiene que hablar y defenderse y luego esperar la sentencia y si la condenan es ir a la cárcel y cumplir la condena que es lo que hacen todos los delincuentes cuando son condenados", enfatizó.
Un cadáver pasó inadvertido durante una semana; una acusada de grooming fue detenida en 24 horas. La desigual rapidez del Estado desnuda que el problema nunca fue la capacidad operativa, sino dónde decide aplicarla.
Mientras Formosa intenta justificar un repunte “estacional” en pleno calor y atribuye el brote a falta de vacunas, el ministro correntino Ricardo Cardozo lo desmiente de plano: en su provincia no hay brote, no faltan dosis y el Covid casi no circula. El contraste deja al descubierto que el problema no es epidemiológico, sino narrativo.
El subjefe policial Rubén Mauri, quien habría sido designado sin carrera ni antecedentes y tras el retiro forzado de comisarios más antiguos, reapareció en la reunión del Norte Grande junto a Insfrán mientras en la provincia crecen el robo de motos, el narcomenudeo y la falta total de estadísticas de seguridad. Su presencia política expone, otra vez, que en Formosa la Policía responde más al poder que a la ciudadanía.
Hay una diferencia abismal entre la protesta legítima y la intimidación mafiosa. Entre el reclamo con argumentos y la imposición por la fuerza. Lo que hemos presenciado en las puertas del Concejo Deliberante con el acoso al concejal Evans es el triste espectáculo de quienes, queriendo aparentar ser actores sociales, no pueden disimular su esencia de patota.
Mientras crecen los actos de vandalismo, las picadas nocturnas y la ausencia policial, los vecinos hablan de una “zona liberada” en la única ciudad que gobierna la oposición. Todo ocurre en un contexto donde el gildismo ve a Atilio Basualdo como una amenaza real para la sucesión provincial y estaría dispuesto a dejar que Las Lomitas se deteriore antes que permitirle consolidar poder.
En una de las fronteras más calientes del país, el gildismo impulsa a una magistrada sin trayectoria mientras la diputada Gabriela Neme expone una red estatal que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y manipulado expedientes.
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Un cadáver pasó inadvertido durante una semana; una acusada de grooming fue detenida en 24 horas. La desigual rapidez del Estado desnuda que el problema nunca fue la capacidad operativa, sino dónde decide aplicarla.
