Movimientos sociales y agrupaciones del PJ arman su propio apoyo a Cristina Kirchner ante el atentado

Cobran por la memoria, pero militan el olvido. Juan Lenscak y otros “referentes” de derechos humanos devenidos en empleados del régimen de Insfrán, transformaron su condición de víctimas en una franquicia oficialista: ahora encubren, relativizan o directamente niegan violaciones actuales a cambio de sueldos, cátedras y micrófonos pagos por el Estado que los necesita obedientes.

En Formosa, ni sacar más votos te garantiza una banca. Gabriela Neme quedaría afuera de la Legislatura por una combinación perversa de ley de lemas, reparto arbitrario y castigo político. Molesta al oficialismo y eclipsa a una oposición cómoda: el sistema la quiere afuera, y el Tribunal Electoral obedece.

Mientras Ricardo Cabrera se retira con todos los honores del Superior Tribunal de Justicia de Formosa, su exsocio Marcelo D'Alessio es condenado por integrar una red de espionaje, extorsión y lavado de dinero. Una historia de vínculos, privilegios y negocios turbios que la Justicia nunca quiso investigar.

Mientras Gildo Insfrán se asegura el control de la DNV en Formosa con aval libertario, un juez federal funcional al poder y un defensor del Pueblo ausente en décadas de corrupción salen ahora a "defender lo público". Todo ocurre en la misma ruta que llevó a Cristina Kirchner a ser condenada en la causa Vialidad. Y, paradójicamente, Milei, que prometió terminar con estas cajas negras, ya anunció que cerrará la DNV junto a otros organismos infectados por la corrupción.

Guillermo Francos blanqueó lo que ya se sabía: el gobierno de Milei no piensa hacer nada ante el régimen de Gildo Insfrán. Como antes con Alberto Fernández, la república termina en el Bermejo.

Con una Justicia subordinada, una Policía que custodia comicios como si fueran propiedad del PJ, y una ley de lemas que garantiza la eternidad del poder, Formosa volvió a simular una elección mientras se perpetúa el régimen de Gildo Insfrán. El aparato oficialista arrasó en todos los niveles, convencionales, diputados y concejales, en un esquema que vacía de contenido la democracia y provoca, incluso entre constitucionalistas, el debate sobre una posible intervención federal. En esta provincia no se vota: se ratifica el sometimiento.