Esa inestabilidad en el cargo puede ser un obstáculo para la mejora educativa. En escuelas privadas, en cambio, casi 9 de cada 10 directores son titulares. Además, en las escuelas privadas los directores tienen en promedio más antigüedad. En la gestión estatal, la mayoría accede al cargo por concurso o puntaje, pero en las privadas rigen otros mecanismos.
Nacionales11/09/2022
leonardo fernández acosta
El 75,4% de los directores de escuelas secundarias estatales son interinos o suplentes, mientras que solo el 21,8% son titulares de su cargo. Por el contrario, en las escuelas privadas el 87% de los directores son titulares, lo que les asegura mayor estabilidad en el cargo y, por lo tanto, condiciones para liderar la mejora escolar en sus instituciones.
Los datos surgen del informe “Directores de escuela secundaria: ¿quiénes son y qué piensan?”, del Observatorio de Argentinos por la Educación, con autoría de Viviana Postay (Instituto de Enseñanza Secundaria y Superior de Villa Carlos Paz), Gabriela Catri y Martín Nistal (Observatorio de Argentinos por la Educación). Con motivo del Día del Maestro, el documento describe algunas características de los directores de escuela secundaria e indaga en qué piensan sobre los principales problemas que obstaculizan la enseñanza y el aprendizaje, a partir de la información proporcionada por los propios directores en las pruebas Aprender 2019 (las últimas realizadas en el nivel secundario).
En las escuelas secundarias argentinas, el 33,4% de los directores son varones, mientras que el 66,6% restante son mujeres. La edad promedio, en ambos casos, es 48 años.
Las escuelas privadas cuentan, en general, con directores con más antigüedad que las escuelas estatales. El 28,9% de los directores de escuela privada tienen más de 10 años en el cargo en esa escuela, mientras que este número desciende a 14% entre los directores de escuelas estatales. En las escuelas estatales, el 34,4% de los directores llevan menos de dos años en el cargo; esta cifra desciende al 23,6% en las escuelas privadas.
“El informe presenta datos que vuelven a poner sobre el tapete la cuestión de la privatización de la educación, con la consecuente construcción de circuitos diferenciados en la educación secundaria. Una vez más constatamos profundas desigualdades que afectan a la educación de los adolescentes en nuestro país y que interpelan seriamente las políticas públicas”, señala Viviana Postay, coautora del informe.
Formación y acceso al cargo
En cuanto a la formación, la mitad de los directores de escuelas privadas (50,1%) tienen título universitario, mientras que en las escuelas estatales la cifra es 34,7%. En ambos tipos de gestión predominan los directores con título superior no universitario (67,6% en estatal y 57,4% en privada). 2 de cada 10 directores de escuela privada (19,4%) tienen posgrado universitario; la cifra desciende al 11,2% entre los directores de escuelas estatales.
El acceso al cargo difiere en ambos tipos de gestión. En las escuelas estatales, los directores accedieron a su cargo principalmente por concurso (54,3%), seguido por el puntaje (29,8%). En el sector privado, en cambio, predominan otros procesos de selección (69,9%), y solo el 22% de los directores accedieron a su cargo por concurso.
“Los directores del sector privado poseen mayor margen de maniobra en sus decisiones, pueden tomar y despedir docentes, contratar capacitaciones a medida. Es entendible, entonces, que este alto nivel de discrecionalidad se vea también reflejado en las designaciones de las personas para los puestos de directores. Por el contrario, los directores del sector estatal se encuentran atados de pies y manos respecto de estas mismas decisiones y acceden por concurso, con mayor o menor grado de transparencia en el proceso”, reflexiona Verónica Gottau, investigadora asociada del CEPE en la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).
“Una vez más quedan expuestas las limitaciones de los directores de escuelas estatales en cuanto a la autonomía del proyecto institucional. En este escenario cabe preguntarnos por qué seguir limitando las funciones del director de escuela pública, quien hoy no participa ni mínimamente en la contratación de los docentes de la escuela que dirige, mientras a los directores de escuelas privadas sí se les asegura esa posibilidad, aun cuando los docentes que contraten sean financiados por el Estado”, plantea Mariano Narodowski, profesor de la UTDT y académico asociado de Argentinos por la Educación.
Problemáticas cotidianas en la escuela
Al ser consultados sobre diferentes problemáticas que afectan el aprendizaje y la enseñanza, los directores de escuelas secundarias estatales y privadas difieren en algunas percepciones. El ausentismo e impuntualidad de los estudiantes, la inadecuación de las instalaciones y equipamientos, y la debilidad del vínculo entre las familias y la escuela preocupan especialmente a los directores de escuelas estatales.
Además, los directores de gestión estatal se muestran más preocupados que sus pares de gestión privada por cuestiones como el ausentismo docente, la convivencia escolar, la falta de actualización docente, la rotación docente durante el ciclo lectivo y la suspensión de clases.
Bernardo Blejmar, especialista en gestión escolar, propone una serie de interrogantes para seguir reflexionando sobre el rol de los directores: “¿Cómo es y cómo debería ser la formación para este rol de gobierno? ¿Con qué criterios deberían ser elegidos los futuros directores? ¿Cuáles son y cuáles deberían ser las condiciones umbral para el buen desempeño del rol? ¿Cómo es y cómo debería ser esa gestión colectiva? ¿Cuál es el tiempo deseable en la permanencia de un directivo para la generación de un proyecto educativo sustentable? ¿Qué tipo de sostén, contención y retroalimentación reciben y cuáles deberían recibir por parte de las políticas públicas?”.
Los gobernadores de Provincias Unidas frenaron el apuro de Milei y le bajaron el precio a su convocatoria: acumulan reproches por el maltrato recibido, no están dispuestos a favorecer a un competidor en plena campaña y sienten que el Círculo Rojo empieza a girar hacia ellos como alternativa de gobernabilidad.
Los gobernadores de la liga se montaron a la victoria del correntino. Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Juan Schiaretti (exgobernador de Córdoba) saludaron el triunfo como propio y buscaron darle volumen nacional al armado de Provincias Unidas, la liga que intenta abrirse camino como tercera vía frente a Javier Milei y el kirchnerismo.
Valdés sabe que el antiperonismo no necesita necesariamente a Milei para sobrevivir. Y que la UCR, con sus territorios, todavía tiene capital político para disputar el centro de la escena nacional.
Conscientes de que el tiempo se les agota y las urnas les serán adversas en octubre, el kirchnerismo, acompañado por radicales oportunistas y falsos moderados, lanzó un nuevo golpe institucional: leyes previsionales que buscan romper el equilibrio fiscal y torcerle el brazo a Milei. El Presidente ya anunció el veto.
La impunidad se quedará sin fueros: la Corte Suprema confirmará la condena a Cristina Kirchner por corrupción y allanará el camino a su detención. Se acabaron los discursos, las operaciones y el blindaje político. El final del relato ya no es épico: es judicial.
El presidente asistió a inaugurar las sesiones ordinarias y tuvo un más que frío reencuentro con la vice. Apuntó contra Kicillof -ausente- por la inseguridad. Su cruce con un radical derivó en un protagonismo de Santiago Caputo en el final de la jornada. Recinto despoblado.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
El intento de vender a Gildo Insfrán como “líder nacional” del peronismo es tan absurdo como anacrónico. Mientras el PJ bonaerense se derrumba y el país reclama renovación, un analista de los 70 pretende resucitar a un caudillo provincial cercado por su propio desgaste, su modelo agotado y la sombra cada vez más cercana de una intervención federal.
En Formosa, el poder ya no gobierna: administra su propio miedo. La decisión del gobierno de Gildo Insfrán de prohibir a las escuelas participar del aniversario de Las Lomitas, solo porque el intendente es opositor, muestra la degradación absoluta de un régimen que perdió toda noción de Estado. En lugar de educar en libertad, se adoctrina en obediencia; en lugar de celebrar una comunidad, se la castiga por pensar distinto. La miseria política se volvió método de control, y la decadencia moral, su marca de identidad.
