La investigación fue desarrollada por la Fiscalía Federal N°1 de Formosa, a cargo de Marisa Vázquez -quien también intervino en el debate oral-, junto a la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito de actuación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y su Programa de Atención Médica Integral (UFI-PAMI), que encabeza el fiscal federal Javier Arzubi Calvo. El gobierno de Formosa, nombró a Fernández, aún cuando se encontraba procesado en la causa, frente al Hospital de Ingeniero Juárez y aún lo sostiene en el cargo.
Interior13/11/2022
leonardo fernández acosta
Según consignó la página Fiscales.gob.ar , el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa condenó a la pena de dos años de prisión en suspenso al exjefe del Departamento de Prestaciones Sociales de la Unidad de Gestión Local (UGL) del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI), Ramón Rolando Palavecino, en orden a los delitos de defraudación a la administración pública, violación de documentos, violación de los deberes de funcionario público y peculado. En el mismo proceso, el exdirector ejecutivo de la UGL formoseña, José Víctor Fernández, fue condenado al pago de una multa del 20 por ciento del dinero sustraído -equivalente a $995.736- como autor de malversación culposa. Además, como cuestión destacada y ejemplificadora, se dispuso que ambos exfuncionarios deberán reparar económicamente a la institución, por las sumas de 1,5 y 2,5 millones de pesos, respectivamente.
El gobierno de Formosa, nombró a Fernández, aún cuando se encontraba procesado en la causa, frente al Hospital de Ingeniero Juárez y aún lo sostiene en el cargo.
La investigación fue desarrollada por la Fiscalía Federal N°1 de Formosa, a cargo de Marisa Vázquez -quien también intervino en el debate oral-, junto a la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito de actuación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y su Programa de Atención Médica Integral (UFI-PAMI), que encabeza el fiscal federal Javier Arzubi Calvo.
El caso
La causa se inició por una denuncia recibida en la UFI-PAMI, que daba cuenta que, entre enero de 2013 y diciembre de 2014, los funcionarios ahora condenados simularon el hospedaje de afiliados de PAMI -que residían en el interior de la provincia de Formosa y viajaban para recibir atención médica- o de beneficiarios fallecidos en el Nuevo Hotel Ideal de la ciudad de Formosa. De este modo, obtenían los fondos de prestaciones que nunca realizaban.
También, se determinó que Palavecino -tras ser suspendido de sus funciones en el marco del sumario administrativo que se le inició al detectarse las irregularidades-, sustrajo de las oficinas del Instituto expedientes relativos a prestaciones sociales.
La UFI-PAMI desarrolló una profusa investigación, en colaboración con la Fiscalía Federal N°1 formoseña, y solicitó el allanamiento de la vivienda de Palavecino y del hotel. En los procedimientos se secuestraron cuatro cajas de expedientes administrativos del INSSJP, gran cantidad de remitos y facturas del hospedaje, y su libro de pasajeros, entre otros elementos de interés para la investigación.
Personal de la UFI-PAMI viajó a Formosa a fin de relevar la documentación incautada y analizar los registros de pasajeros y pagos efectuados por el INSSJP. Así, se advirtieron diversas irregularidades tales como la facturación por alojamiento a afiliados fallecidos o que nunca fueron atendidos en la ciudad de Formosa. También se estableció que, luego del cambio de autoridades en la UGL, los montos abonados en concepto de hotelería mermaron sustancialmente.
En base a las pruebas recolectadas durante la investigación, la y el representantes del Ministerio Público Fiscal tuvieron por comprobada la defraudación cometida en perjuicio de la obra social nacional, y la sustracción de documentación relacionada con el otorgamiento de prestaciones sociales a afiliados del Instituto, en la que -de acuerdo tuvo por acreditado el tribunal oral- participaron los exagentes condenados.
La jueza Sánchez se descompensó, pero lo que se activó no fue un protocolo sanitario, sino la maquinaria del miedo: patrullas, forenses, silencio oficial y amenazas a periodistas que hicieron su trabajo.
El intendente Mario Brignole juega al macho montado con rebenque en mano para amedrentar a la oposición, pero tiembla de miedo cuando el Ejército anuncia maniobras en su camping. Gaucho para agredir mujeres, pero cobarde cuando no controla los uniformes. La síntesis perfecta del modelo formoseño: bravuconería para los débiles, sumisión ante el poder real.
Escrutadas 140 mesas de 145 de la ciudad de Clorinda, los números dan como nuevo intendente de Clorinda a quien se desempeñaba en el cargo como interino, ante el fallecimiento del ex intendente, Manuel Celauro. Marcelo Ocampo de LLA fue el mejor ubicado de la oposición pero lejos del ganador. Los números jubilaron a los candidatos de la UCR.
Es la segunda vez que en esa localidad habría ocurrido un hecho aberrante que tiene como involucrados a personajes cercanos a la intendencia pero no hay pronunciamiento alguno del propio intendente, ni de ningún organismo provincial o de alguien que haya marchado en la contra el fascismo.
Mientras el intendente Atilio Basualdo lucha por no ser asfixiado financieramente, el gobernador se lanza a inaugurar toboganes y piletas en un Parque Acuático.
Cuando un legislador es sancionado por sus opiniones, especialmente si estas versan sobre cuestiones como la corrupción, se abre el debate sobre la libertad de expresión y el autoritarismo o la censura pero no es el mismo caso que un legislador suspendido por supuestos hechos de violencia de género planteados en primera instancia en el Tribunal de Familia y ahora en la fiscalia como denuncia penal ( exp 551/24) .
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
El intento de vender a Gildo Insfrán como “líder nacional” del peronismo es tan absurdo como anacrónico. Mientras el PJ bonaerense se derrumba y el país reclama renovación, un analista de los 70 pretende resucitar a un caudillo provincial cercado por su propio desgaste, su modelo agotado y la sombra cada vez más cercana de una intervención federal.
En Formosa, el poder ya no gobierna: administra su propio miedo. La decisión del gobierno de Gildo Insfrán de prohibir a las escuelas participar del aniversario de Las Lomitas, solo porque el intendente es opositor, muestra la degradación absoluta de un régimen que perdió toda noción de Estado. En lugar de educar en libertad, se adoctrina en obediencia; en lugar de celebrar una comunidad, se la castiga por pensar distinto. La miseria política se volvió método de control, y la decadencia moral, su marca de identidad.
