Un informe de AGN indica que el Estado gastó más de $4.000 millones durante 2020 en carácter de emergencia. Además registraron demoras en la designación de responsables y diferencias entre las órdenes de pago y lo facturado por las firmas.
Nacionales09/01/2023
leonardo fernández acosta
El Colegio de Auditores de la Nación aprobó un informe, realizado en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, sobre las contrataciones públicas de emergencia de la Dirección de Compras y Contrataciones para atener la pandemia producida por el Covid-19 durante 2020.
El informe fue elaborado por la Gerencia de Control de Gestión del Sector no Financiero. El auditor general Juan Ignacio Forlón reveló que, durante el primer año de la pandemia, “las contrataciones de emergencia ascendieron a $4.581.085.190,04”. Ese gasto incluye equipos de protección personal, insumos médicos y servicios de operación logística.
Entre los hallazgos del informe se verificaron demoras en la designación del titular de la Dirección de Compras y Contrataciones. “Desde el inicio de la declaración de la emergencia sanitaria el 17 de marzo de 2020 hasta el 1 de junio de 2020, las funciones fueron asumidas por el subsecretario de Gestión Administrativa”, detalla el trabajo de los auditores.
Se detectaron expedientes con diferencias entre el monto de la orden de pago y el que figuraba en la factura.
Además, en cuanto a la organización interna del área, el documento reveló que “la Dirección de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección General de Administración no determinó los puestos y perfiles ni las misiones ni funciones para el personal actuante en los actos administrativos de compras y contrataciones”.
Sobre los insumos, la AGN notó que en cuatro de los expedientes de compras de emergencias no se verifica que las firmas que participan de la contratación cumplan en acompañar los certificados de los productos debidamente aprobados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
Además, el trabajo de los auditores detectó que en 10 de los 374 expedientes de pago analizados se observaron diferencias entre el monto de la orden de pago y lo facturado por las firmas. La respuesta del organismo auditado en relación a este punto fue que se debía a descuentos por penalidades, retenciones impositivas y compensaciones por errores de cálculo.
Los gobernadores de Provincias Unidas frenaron el apuro de Milei y le bajaron el precio a su convocatoria: acumulan reproches por el maltrato recibido, no están dispuestos a favorecer a un competidor en plena campaña y sienten que el Círculo Rojo empieza a girar hacia ellos como alternativa de gobernabilidad.
Los gobernadores de la liga se montaron a la victoria del correntino. Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Juan Schiaretti (exgobernador de Córdoba) saludaron el triunfo como propio y buscaron darle volumen nacional al armado de Provincias Unidas, la liga que intenta abrirse camino como tercera vía frente a Javier Milei y el kirchnerismo.
Valdés sabe que el antiperonismo no necesita necesariamente a Milei para sobrevivir. Y que la UCR, con sus territorios, todavía tiene capital político para disputar el centro de la escena nacional.
Conscientes de que el tiempo se les agota y las urnas les serán adversas en octubre, el kirchnerismo, acompañado por radicales oportunistas y falsos moderados, lanzó un nuevo golpe institucional: leyes previsionales que buscan romper el equilibrio fiscal y torcerle el brazo a Milei. El Presidente ya anunció el veto.
La impunidad se quedará sin fueros: la Corte Suprema confirmará la condena a Cristina Kirchner por corrupción y allanará el camino a su detención. Se acabaron los discursos, las operaciones y el blindaje político. El final del relato ya no es épico: es judicial.
El presidente asistió a inaugurar las sesiones ordinarias y tuvo un más que frío reencuentro con la vice. Apuntó contra Kicillof -ausente- por la inseguridad. Su cruce con un radical derivó en un protagonismo de Santiago Caputo en el final de la jornada. Recinto despoblado.
Gildo Insfrán, de vacaciones bajo secreto, se pierde el anuncio de un subsidio energético que Formosa necesita hace décadas y que nunca gestionó con sus aliados. Lo logró Milei. La ironía política perfecta: el "monstruo" libera, el "protector" desaparece.
Mayans descansa en una playa de la costa bonaerense a la que la inmensa mayoría de los formoseños nunca podrá acceder: no por falta de ganas, sino por salarios que no alcanzan, distancias imposibles y un modelo de poder que condena a muchos a no conocer jamás el mismo descanso que disfrutan quienes dicen representarlos.
En la provincia “más barata” del país, el salario promedio del empleado público no alcanza para vivir: llenar el changuito exige destinar todo el sueldo a alimentos, dejando afuera alquiler, servicios y transporte. Por eso, el changuito completo no existe: se compra menos, se recorta y se sobrevive.
Lo que está en juego excede largamente una polémica circunstancial o una pelea de redes sociales. Aquí se expone un mecanismo preocupante: un alto funcionario provincial se vale de registros sensibles, de procedencia nunca aclarada, para montar una operación de desgaste contra una dirigente opositora, amparado en un anonimato tan oportuno como funcional y amplificado por el aparato mediático oficial. No es azar ni torpeza: es un libreto conocido que muestra cómo el poder administra la intimidación desde el Estado.
La detención de un ex concejal de Pirané con cinco kilos de marihuana, cocaína y dinero en efectivo no puede ser presentada como un problema de adicciones ni como un drama familiar. Se trata de un caso de narcotráfico que involucra a una figura pública y que tiene consecuencias políticas directas para su padre, ex intendente y actual referente de La Libertad Avanza, que intenta correr el eje del hecho hacia la victimización personal para diluir responsabilidades institucionales.
