Un informe de AGN indica que el Estado gastó más de $4.000 millones durante 2020 en carácter de emergencia. Además registraron demoras en la designación de responsables y diferencias entre las órdenes de pago y lo facturado por las firmas.
Nacionales09/01/2023
leonardo fernández acosta
El Colegio de Auditores de la Nación aprobó un informe, realizado en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, sobre las contrataciones públicas de emergencia de la Dirección de Compras y Contrataciones para atener la pandemia producida por el Covid-19 durante 2020.
El informe fue elaborado por la Gerencia de Control de Gestión del Sector no Financiero. El auditor general Juan Ignacio Forlón reveló que, durante el primer año de la pandemia, “las contrataciones de emergencia ascendieron a $4.581.085.190,04”. Ese gasto incluye equipos de protección personal, insumos médicos y servicios de operación logística.
Entre los hallazgos del informe se verificaron demoras en la designación del titular de la Dirección de Compras y Contrataciones. “Desde el inicio de la declaración de la emergencia sanitaria el 17 de marzo de 2020 hasta el 1 de junio de 2020, las funciones fueron asumidas por el subsecretario de Gestión Administrativa”, detalla el trabajo de los auditores.
Se detectaron expedientes con diferencias entre el monto de la orden de pago y el que figuraba en la factura.
Además, en cuanto a la organización interna del área, el documento reveló que “la Dirección de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección General de Administración no determinó los puestos y perfiles ni las misiones ni funciones para el personal actuante en los actos administrativos de compras y contrataciones”.
Sobre los insumos, la AGN notó que en cuatro de los expedientes de compras de emergencias no se verifica que las firmas que participan de la contratación cumplan en acompañar los certificados de los productos debidamente aprobados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
Además, el trabajo de los auditores detectó que en 10 de los 374 expedientes de pago analizados se observaron diferencias entre el monto de la orden de pago y lo facturado por las firmas. La respuesta del organismo auditado en relación a este punto fue que se debía a descuentos por penalidades, retenciones impositivas y compensaciones por errores de cálculo.
Los gobernadores de Provincias Unidas frenaron el apuro de Milei y le bajaron el precio a su convocatoria: acumulan reproches por el maltrato recibido, no están dispuestos a favorecer a un competidor en plena campaña y sienten que el Círculo Rojo empieza a girar hacia ellos como alternativa de gobernabilidad.
Los gobernadores de la liga se montaron a la victoria del correntino. Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Juan Schiaretti (exgobernador de Córdoba) saludaron el triunfo como propio y buscaron darle volumen nacional al armado de Provincias Unidas, la liga que intenta abrirse camino como tercera vía frente a Javier Milei y el kirchnerismo.
Valdés sabe que el antiperonismo no necesita necesariamente a Milei para sobrevivir. Y que la UCR, con sus territorios, todavía tiene capital político para disputar el centro de la escena nacional.
Conscientes de que el tiempo se les agota y las urnas les serán adversas en octubre, el kirchnerismo, acompañado por radicales oportunistas y falsos moderados, lanzó un nuevo golpe institucional: leyes previsionales que buscan romper el equilibrio fiscal y torcerle el brazo a Milei. El Presidente ya anunció el veto.
La impunidad se quedará sin fueros: la Corte Suprema confirmará la condena a Cristina Kirchner por corrupción y allanará el camino a su detención. Se acabaron los discursos, las operaciones y el blindaje político. El final del relato ya no es épico: es judicial.
El presidente asistió a inaugurar las sesiones ordinarias y tuvo un más que frío reencuentro con la vice. Apuntó contra Kicillof -ausente- por la inseguridad. Su cruce con un radical derivó en un protagonismo de Santiago Caputo en el final de la jornada. Recinto despoblado.
En Formosa, el poder ya no gobierna: administra su propio miedo. La decisión del gobierno de Gildo Insfrán de prohibir a las escuelas participar del aniversario de Las Lomitas, solo porque el intendente es opositor, muestra la degradación absoluta de un régimen que perdió toda noción de Estado. En lugar de educar en libertad, se adoctrina en obediencia; en lugar de celebrar una comunidad, se la castiga por pensar distinto. La miseria política se volvió método de control, y la decadencia moral, su marca de identidad.
La manipulación estadística no sólo es un delito: es una forma de desprecio hacia el bien común. En vez de mejorar la realidad, se la falsifica. En vez de enfrentar los problemas, se los maquilla. Y en ese acto se desnuda algo más profundo: el poder entiende que es más importante que la gente crea que todo está bien, que hacer que realmente lo esté.
La provincia forma parte del grupo de 19 jurisdicciones donde el gasto educativo en 2024 fue más bajo que en 2014. También redujo su presupuesto entre 2023 y 2024, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo de los salarios docentes y menor prioridad del área en el gasto total.
En Formosa no hay milagro económico: hay obra pública financiada con fondos que nadie transparenta, contratos directos para empresas amigas y un sistema de cartelización que el gobierno vende como “crecimiento”. El supuesto boom de empleo es apenas la consecuencia de una maquinaria opaca que sostiene al régimen, no a los formoseños.
Entre frases inconexas y una conducta llamativamente alterada, Sosa dejó dudas más propias de un examen clínico que de una sesión del Concejo. Defendió a De Vido, varias veces preso, a Chávez y le faltaba el Che Guevara para completar el desvarío.
