La emergencia comprende a establecimientos ubicados en las localidades de Villa Dos Trece -Departamento Pirané y Lomitas -Departamento Patiño, con sus respectivas colonias y parajes. Por parte de los cultivos de banana, comprende a establecimientos rurales ubicados en las localidades de Laguna Naineck, Laguna Blanca, Riacho He Hé y Siete Palmas – Departamento Pilcomayo y Buena Vista – Departamento Pilagás, con sus respectivas colonias y parajes.
Locales31/01/2023
leonardo fernández acosta
La deforestación durante 2022 en el norte de Argentina fue de 112.545 hectáreas y las provincias que encabezan la lista son las siguientes: Santiago del Estero 38.492 hectáreas, Chaco 36.159 hectáreas, Formosa 22.664 hectáreas y Salta 15.230 hectáreas. Si bien se registra un descenso respecto de 2021, las cifras no son definitivas porque falta sumar las superficies quemadas por incendios en esas mismas provincias.
"Más allá del número de deforestación lo que vemos es un aumento de la ilegalidad especialmente en Santiago del Estero y en el Chaco. En el caso de Chaco que están suspendidos los desmontes por una decisión judicial, al igual que el año pasado, no sólo no bajó sino que aumentó. En ese caso es todo ilegal. Nunca se dejó de autorizar el desmonte selectivo para actividad silvo pastoril", explicó a Infobae Hernán Giardini, director de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Aproximadamente el 80% de los desmontes se concentran en cuatro provincias del norte argentino: Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. Las principales causas de la pérdida de bosques son el avance de la frontera agropecuaria y los incendios forestales.
Uno de los elementos que suman preocupación en los usos del suelo en los últimos años son los incendios forestales. Para Giardini los incendios pasan a ser ya un "driver de pérdida de bosques importante" y ni hablar de otros ecosistemas: "Estos incendios que destacamos en el reporte fueron realmente muy grandes en Salta y Jujuy gran parte era la selva de yungas (Orán, en noviembre, parque Calilegua) en zonas muy valiosas en términos de bosques y de selva", indicó.
El reporte elaborado por Greenpeace indica que, según se desprende de los reportes elaborados por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), la superficie afectada durante 2022 por Incendios Forestales, Rurales y/o de Interfase Urbano Forestal fue de cerca de 95.000 hectáreas en Salta y de 25.000 hectáreas en Jujuy, incluyendo cerca de 5.000 hectáreas del Parque Nacional Calilegua.
En cuanto a las causas, "se estima que el 95% de los incendios forestales son producidos por la mano del hombre, siendo dentro de estos los principales escenarios fogatas y colillas de cigarrillos mal apagadas, el abandono de tierras, la preparación de áreas de pastoreo con fuego. Los factores climáticos como la falta de precipitaciones, las temperaturas elevadas, el bajo porcentaje de humedad, las heladas constantes y los vientos fuertes inciden en su propagación".
El gobernador Insfrán decretó Emergencia Agrícola en Formosa
A través del Decreto número 13, el gobernador Gildo Insfrán declaró el estado de Emergencia Agrícola de manera predial en el sector para los cultivos cucurbitáceas (sandías, zapallos y melones) de siembra temprana, para los establecimientos rurales afectados por la caída del granizo en agosto del 2022. También, en el sector de los cultivos de banana afectados por las heladas tardías y déficit hídrico desde septiembre del 2022.
Dicho decreto, en el caso de las cucurbitáceas, comprende a establecimientos ubicados en las localidades de Villa Dos Trece -Departamento Pirané y Lomitas -Departamento Patiño, con sus respectivas colonias y parajes.
Por parte de los cultivos de banana, comprende a establecimientos rurales ubicados en las localidades de Laguna Naineck, Laguna Blanca, Riacho He Hé y Siete Palmas – Departamento Pilcomayo y Buena Vista – Departamento Pilagás, con sus respectivas colonias y parajes.
Las medidas son de aplicación retroactiva desde el primero de agosto del 2022 hasta el 31 de marzo del 2023.
De acuerdo al instrumento, se designa como organismo de aplicación al Ministerio de la Producción y Ambiente, el cual deberá realizar las gestiones y disposiciones necesarias para cumplimentar las medidas establecidas.
También, se facultó a la Subsecretaría de Producción Sustentable a otorgar certificados a los productores afectados, conforme la constatación efectuada por la Dirección de Producción Sustentable sobre las pérdidas sufridas, remitiendo la nómina de los mismos a la Comisión Nacional de Emergencia y Desastre Agropecuarios.
De igual modo, se autorizó al Ministerio de Economía, Hacienda y finanzas a implementar las medidas que resulten necesarias para el otorgamiento de los beneficios fiscales contemplados en el marco del Decreto Ley número 980/81.
Para decretar el estado de emergencia, el primer mandatario evaluó el relevamiento integral de la producción agrícola que realizó el Ministerio de la Producción y Ambiente.
El mismo fue concretado citando la participación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la colaboración de todas las instituciones relacionadas con el sector productivo, como la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena Delegación Formosa, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el Instituto Provincial de Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA), el Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias (CEDEVA), los Municipios y las organizaciones de productores.
En ese sentido, del análisis efectuado por la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria, surge la gravedad en que se encuentran las explotaciones de productores agrícolas con sus pérdidas en su producción y capacidad productiva que superan el 50 por ciento debido a los motivos antes mencionados.
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Mientras Jorge Ibáñez acusa al gobierno nacional de desfinanciar a las provincias, evita mencionar el saqueo institucional, la dependencia clientelar y el estancamiento estructural que Gildo Insfrán profundizó durante décadas. Señala el ajuste de Milei, pero calla el vaciamiento político y económico del modelo formoseño, sostenido a base de transferencias, pobreza administrada y discursos vacíos.
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