Según el informe del 2021 de la PROCUNAR, la provincia de Formosa se sumó a la red de rutas, junto a Salta y Jujuy, entre otras jurisdicciones pero el Ministro de Gobierno de Formosa, antes de la investigación de la justicia, afirma que se debe a que la oposición carece de proyecto político.
Locales19/03/2023
leonardo fernández acosta
El ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de Formosa, Jorge González, que no da entrevistas a medios que no sean pautados por el gobierno, brindó una entrevista al Diario El Litoral de Corrientes, en donde volvió a desmentir que el Cártel de Sinaloa "opere" en Formosa luego de que se mediatizara declaraciones del abogado y especialista en la lucha contra el crimen organizado, Edgardo Buscaglia.
El 9 de marzo el portal Infobae publicó una entrevista con Buscaglia donde titula que "Un especialista aseguró que CFK no tuvo voluntad política para investigar a los narcos y alertó que el Cartel de Sinaloa ya opera en varias provincias". Entre esas provincias se encuentran Buenos Aires, Chaco y Formosa.
El Comercial publicó las declaraciones efectuadas en esta entrevista y como es costumbre del ministro, aseguró que se trata de una “operación mediática que desembocará en una acción judicial contra Insfrán".
Luego fue más allá y dijo que: "Estamos en presencia de una carencia de contundencia política por parte de la oposición para brindar respuestas al pueblo de Formosa y buscando situaciones para tratar de lastimar” destacó González.
Además dijo que se están realizando las diligencias correspondientes para presentar y exigir a la Justicia una investigación por dichas declaraciones. "Cuando vos tenés una oposición que se desarma por cuestiones personales o particulares, pero carece de un proyecto político, se agarran de notas periodísticas, sin indicadores, estudios, ni nada que sostenga tan grave afirmación", aseguró el ministro quien ya da por sentado cuestiones que recién empiezan a investigarse a partir de una presentación en la justicia federal, aun cuando el narcotráfico es de competencia de los juzgados federales.
Un mal antecedente
En el informe de la PROCUNAR (Procuradoría de Narcocriminalidad) dependiente de Ministerio Público Fiscal de la Procuradoría de la Nación del año 2021, determinaron los tres focos más calientes relacionados con el tráfico, acopio, distribución y venta de drogas ilegales, sobre todo marihuana, cocaína y sintéticas. También alertaron sobre el aumento de la comercialización de precursores químicos. Una variable que demuestra que la Argentina ya dejó de ser un país de tráfico y consumo y pasó a ser fabricante de estupefacientes.
El mapa del narcotráfico en Argentina incluye, como mínimo, a unos 20 líderes narco que seguían operado sus clanes familiares desde las cárceles. Una situación que solo puede ocurrir con la complicidad de las autoridades de distintos niveles, fuera y dentro de las cárceles.
En el documento, los fiscales denunciaron maniobras “concretas de tráfico, transporte y comercialización de estupefacientes y de otros graves delitos vinculados (como el lavado de activos, homicidios, secuestros extorsivos, amenazas, amenazas coactivas o tenencia y tráfico de armas de guerra), que fueron planificadas o llevadas a cabo desde el interior de los establecimientos penitenciarios”.
En estos tres círculos del mapa el narcotráfico “no sólo tiene presencia local, sino que las provincias son parte de las rutas del tráfico de cocaína y marihuana, las principales drogas que se comercializan en el país”, aseguran los fiscales federales.
Según el informe del 2021 de la PROCUNAR, la provincia de Formosa se sumó a la red de rutas, junto a Salta y Jujuy, entre otras jurisdicciones. Los caminos de la droga marcan también un destino que desde hace más de una década se trasformó en inevitable: la que llevan a los puertos. Desde allí la cocaína viaja a Europa.
La jura de suplentes en la Constituyente terminó exhibiendo al radicalismo dividido, con un oficialismo que capitalizó la confusión y un Juan Carlos Leguizamón que, molesto y desplazado, acusó a sus correligionarios de traicionarlo para no quedar pegados al gildismo
En Formosa, la operadora Patricia García —ligada al diputado Gerardo González— habría replicado el esquema de coimas que estalló en Chaco y en el ANDIS: aprietes a prestadores del PAMI, descuentos compulsivos a empleados y manejos turbios de fondos públicos. Lo que en otras provincias ya llegó a la Justicia, aquí sigue siendo un secreto a voces, protegido por la impunidad. Con la nueva conducción de LLA en manos de Atilio Basualdo, Gabriela Neme y Francisco Paoltroni, la incógnita es si habrá denuncias o si la corrupción seguirá bajo la alfombra.
La Convención Constituyente de Formosa aceptó en bloque las renuncias de cinco opositores y expulsó a Francisco Paoltroni, en un nuevo capítulo de obediencia ciega al régimen. Lo que debería ser un espacio de debate se transformó en la caricatura de una institución democrática, donde disentir con Insfrán equivale a cometer “traición a la provincia”.
José Mayans es el retrato de la decadencia política formoseña: un senador que pasó más de dos décadas vegetando en el Congreso, incapaz de articular un discurso serio y que, como presidente del bloque kirchnerista, solo sabe regalar papelones. Su última hazaña: una agresión verbal cargada de violencia de género contra la candidata Virginia Gallardo, a quien calificó de “tonta” y “estúpida”, confirmando que el feudo de Insfrán produce legisladores mediocres, vulgares y violentos.
El fallo de Corrientes que desnuda cómo Insfrán usa la ley provincial para blindarse, mientras habla de superávit y avanza sobre la propiedad privada sin todavía haber modificado la Constitución Provincial. Le recordaron a los jueces militantes que la Corte Suprema ya había establecido que los tribunales provinciales no deben revisar el fondo de los fallos de otras jurisdicciones, sino simplemente garantizar su ejecución.
Gerardo “Quini Seis” González, el diputado que ni Milei quería mostrar, pasó de libertario trucho a traidor profesional: acomodó amantes, vendió remeras al Estado, se entregó a Insfrán y ahora juega a la extorsión política para estirar su vida útil de parásito con fueros.
Gerardo “Quini Seis” González, el diputado que ni Milei quería mostrar, pasó de libertario trucho a traidor profesional: acomodó amantes, vendió remeras al Estado, se entregó a Insfrán y ahora juega a la extorsión política para estirar su vida útil de parásito con fueros.
La Convención Constituyente de Formosa aceptó en bloque las renuncias de cinco opositores y expulsó a Francisco Paoltroni, en un nuevo capítulo de obediencia ciega al régimen. Lo que debería ser un espacio de debate se transformó en la caricatura de una institución democrática, donde disentir con Insfrán equivale a cometer “traición a la provincia”.
En Formosa, la operadora Patricia García —ligada al diputado Gerardo González— habría replicado el esquema de coimas que estalló en Chaco y en el ANDIS: aprietes a prestadores del PAMI, descuentos compulsivos a empleados y manejos turbios de fondos públicos. Lo que en otras provincias ya llegó a la Justicia, aquí sigue siendo un secreto a voces, protegido por la impunidad. Con la nueva conducción de LLA en manos de Atilio Basualdo, Gabriela Neme y Francisco Paoltroni, la incógnita es si habrá denuncias o si la corrupción seguirá bajo la alfombra.
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En medio de la décima sesión constituyente, el convencional dejó plantados a Gabriela Neme y a la militancia de Nuevo País para crear su bloque unipersonal. Con acusaciones de “negociar solo” con el oficialismo, Servín quedó señalado como el nuevo ejemplo de cooptación política en Formosa.
