La Asociacion de Prestadores de la Salud (APS) con los afiliados dentro, pasa por situaciones límites debido a la injerencias directas del poder en su administración.
Locales07/11/2023
leonardo fernández acosta
Durante el transcurso de la pandemia, la medicina privada, en razón de las restricciones impuestas por el gobierno de la provincia de Formosa, sufrieron un colapso que las llevó al borde del quiebre total.
Los servicios se resintieron y aún al día de hoy, los sanatorios y las clínicas padecen serias deficiencias en cuanto a los recursos debido a que no han podido recuperase del daño que le produjo no poder trabajar durante todo ese tiempo.
De la misma manera y ante una inflación en un promedio del 100% anual, la pérdida del poder adquisitivo y la brecha producida entre el dólar oficial y el dólar blue para la compra de insumos, la negociación respecto a la principal obra social de la provincia, IASEP, tiene a los profesionales de la salud trabajando con el pago de insumos importados fuera de contexto y con honorarios también desactualizados.
Pero esta pequeña introducción sirve para entender que entre los nucleamientos que agrupan a trabajadores de la salud, ACLISA, Federación Médica y APS, solo los dos primeros han reclamado durante las restricciones, el derecho a trabajar y la actualización de los valores de las prestaciones.
La Asociaciones de Prestadores de la Salud (APS), a diferencia de los demás y hasta el 2021 siempre se ha mantenido en "sintonía" con el gobierno, aún en perjuicio de sus propios afiliados en los tiempos más duros.
La organización tenía como presidente al cardiólogo, Juan Celedonio Martínez, quien, en contra de los propios asociados médicos, abusaba de sus relaciones con el estado en desmedro de las bases de la organización.
Martínez cayó en desgracia y tuvo que dejar el cargo, al ser involucrado en una causa por acoso sexual y señalado por graves irregularidades en el manejo de fondos de APS.
Pero como ocurre siempre con amigos del poder, si bien el acoso sexual no se resolvió desde un fallo judicial favorable, se habría resuelto con la absoluta paralización de la causa, y de hecho sin ninguna asistencia para batallar la desigual lucha judicial sola o con la ayuda del estado.
En el medio se utilizaron todas las presiones habidas y por haber sobre la víctima, según ella misma manifestaba con mediaciones del hermano del actual Ministro de Desarrollo Humano, Aníbal Gómez y otro miembro de APS, el extinto Dr. Emilio Pereira.
Por otra parte la protección se extendería a las irregularidades que de manera urgente, se tuvieron que balancear, antes de la salida de Martínez de APS en el 2021 por los escándalos. Las estimaciones rondan los 200 millones de pesos.
Dos médicos habrían amenazado con iniciar acciones por el desmanejo de la Asociación pero fueron "convencidos" para no hacerlo de la manera que se hace todo desde el poder. Finalmente el balance al final de la gestión del cardiólogo, cerró (con ayuda oficial) en un pasivo más un patrimonio neto de 150 millones de pesos.
El informe contó con una auditoría "independiente" con participación de contadores y médicos que dieron conformidad a lo expresado en los estados contables.
El ex presidente de APS, involucrado en un escándalo de abuso sexual y aparentes irregularidades millonarias, ahora a cargo de la mutual y como médico del Hospital de La Madre y el Niño, obtenía nuevamente "la ficha limpia", nada menos que durante la gestión de dos ministros, José Luís Décima y Aníbal Gómez.
La historia no cierra solo con la impunidad que desde hace un cuarto de siglo, gozan todos los que bailan con el poder sino que además, el actor principal de esta obra, pretende volver a erigirse (con ayuda oficial) antes que cierren las elecciones en el inmediato plazo, nuevamente como presidente de la Asociación de Prestadores de la Salud. La culpa de todas las irregularidades y hasta del acoso sexual, virtualmente no existen o son responsabilidad de otro. Fin
Detrás del "Modelo Formoseño", un esquema de capitalismo de amigos: el Estado como socio oculto y garante de negocios presentados como privados en donde REFSA funciona más como una caja política y un operador financiero opaco que como una empresa al servicio del bienestar público.
La coparticipación es el arma de castigo de Insfrán: en su Formosa, un ciudadano de un municipio leal vale nueve veces más que uno de un pueblo disidente. No es gestión, es venganza política. La lealtad se paga con el hambre ajeno.
La detención de un ex concejal de Pirané con cinco kilos de marihuana, cocaína y dinero en efectivo no puede ser presentada como un problema de adicciones ni como un drama familiar. Se trata de un caso de narcotráfico que involucra a una figura pública y que tiene consecuencias políticas directas para su padre, ex intendente y actual referente de La Libertad Avanza, que intenta correr el eje del hecho hacia la victimización personal para diluir responsabilidades institucionales.
En la provincia “más barata” del país, el salario promedio del empleado público no alcanza para vivir: llenar el changuito exige destinar todo el sueldo a alimentos, dejando afuera alquiler, servicios y transporte. Por eso, el changuito completo no existe: se compra menos, se recorta y se sobrevive.
Mayans descansa en una playa de la costa bonaerense a la que la inmensa mayoría de los formoseños nunca podrá acceder: no por falta de ganas, sino por salarios que no alcanzan, distancias imposibles y un modelo de poder que condena a muchos a no conocer jamás el mismo descanso que disfrutan quienes dicen representarlos.
Gildo Insfrán, de vacaciones bajo secreto, se pierde el anuncio de un subsidio energético que Formosa necesita hace décadas y que nunca gestionó con sus aliados. Lo logró Milei. La ironía política perfecta: el "monstruo" libera, el "protector" desaparece.
En la provincia “más barata” del país, el salario promedio del empleado público no alcanza para vivir: llenar el changuito exige destinar todo el sueldo a alimentos, dejando afuera alquiler, servicios y transporte. Por eso, el changuito completo no existe: se compra menos, se recorta y se sobrevive.
Lo que está en juego excede largamente una polémica circunstancial o una pelea de redes sociales. Aquí se expone un mecanismo preocupante: un alto funcionario provincial se vale de registros sensibles, de procedencia nunca aclarada, para montar una operación de desgaste contra una dirigente opositora, amparado en un anonimato tan oportuno como funcional y amplificado por el aparato mediático oficial. No es azar ni torpeza: es un libreto conocido que muestra cómo el poder administra la intimidación desde el Estado.
La detención de un ex concejal de Pirané con cinco kilos de marihuana, cocaína y dinero en efectivo no puede ser presentada como un problema de adicciones ni como un drama familiar. Se trata de un caso de narcotráfico que involucra a una figura pública y que tiene consecuencias políticas directas para su padre, ex intendente y actual referente de La Libertad Avanza, que intenta correr el eje del hecho hacia la victimización personal para diluir responsabilidades institucionales.
La coparticipación es el arma de castigo de Insfrán: en su Formosa, un ciudadano de un municipio leal vale nueve veces más que uno de un pueblo disidente. No es gestión, es venganza política. La lealtad se paga con el hambre ajeno.
Detrás del "Modelo Formoseño", un esquema de capitalismo de amigos: el Estado como socio oculto y garante de negocios presentados como privados en donde REFSA funciona más como una caja política y un operador financiero opaco que como una empresa al servicio del bienestar público.
