La Asociacion de Prestadores de la Salud (APS) con los afiliados dentro, pasa por situaciones límites debido a la injerencias directas del poder en su administración.
Locales07/11/2023
leonardo fernández acosta
Durante el transcurso de la pandemia, la medicina privada, en razón de las restricciones impuestas por el gobierno de la provincia de Formosa, sufrieron un colapso que las llevó al borde del quiebre total.
Los servicios se resintieron y aún al día de hoy, los sanatorios y las clínicas padecen serias deficiencias en cuanto a los recursos debido a que no han podido recuperase del daño que le produjo no poder trabajar durante todo ese tiempo.
De la misma manera y ante una inflación en un promedio del 100% anual, la pérdida del poder adquisitivo y la brecha producida entre el dólar oficial y el dólar blue para la compra de insumos, la negociación respecto a la principal obra social de la provincia, IASEP, tiene a los profesionales de la salud trabajando con el pago de insumos importados fuera de contexto y con honorarios también desactualizados.
Pero esta pequeña introducción sirve para entender que entre los nucleamientos que agrupan a trabajadores de la salud, ACLISA, Federación Médica y APS, solo los dos primeros han reclamado durante las restricciones, el derecho a trabajar y la actualización de los valores de las prestaciones.
La Asociaciones de Prestadores de la Salud (APS), a diferencia de los demás y hasta el 2021 siempre se ha mantenido en "sintonía" con el gobierno, aún en perjuicio de sus propios afiliados en los tiempos más duros.
La organización tenía como presidente al cardiólogo, Juan Celedonio Martínez, quien, en contra de los propios asociados médicos, abusaba de sus relaciones con el estado en desmedro de las bases de la organización.
Martínez cayó en desgracia y tuvo que dejar el cargo, al ser involucrado en una causa por acoso sexual y señalado por graves irregularidades en el manejo de fondos de APS.
Pero como ocurre siempre con amigos del poder, si bien el acoso sexual no se resolvió desde un fallo judicial favorable, se habría resuelto con la absoluta paralización de la causa, y de hecho sin ninguna asistencia para batallar la desigual lucha judicial sola o con la ayuda del estado.
En el medio se utilizaron todas las presiones habidas y por haber sobre la víctima, según ella misma manifestaba con mediaciones del hermano del actual Ministro de Desarrollo Humano, Aníbal Gómez y otro miembro de APS, el extinto Dr. Emilio Pereira.
Por otra parte la protección se extendería a las irregularidades que de manera urgente, se tuvieron que balancear, antes de la salida de Martínez de APS en el 2021 por los escándalos. Las estimaciones rondan los 200 millones de pesos.
Dos médicos habrían amenazado con iniciar acciones por el desmanejo de la Asociación pero fueron "convencidos" para no hacerlo de la manera que se hace todo desde el poder. Finalmente el balance al final de la gestión del cardiólogo, cerró (con ayuda oficial) en un pasivo más un patrimonio neto de 150 millones de pesos.
El informe contó con una auditoría "independiente" con participación de contadores y médicos que dieron conformidad a lo expresado en los estados contables.
El ex presidente de APS, involucrado en un escándalo de abuso sexual y aparentes irregularidades millonarias, ahora a cargo de la mutual y como médico del Hospital de La Madre y el Niño, obtenía nuevamente "la ficha limpia", nada menos que durante la gestión de dos ministros, José Luís Décima y Aníbal Gómez.
La historia no cierra solo con la impunidad que desde hace un cuarto de siglo, gozan todos los que bailan con el poder sino que además, el actor principal de esta obra, pretende volver a erigirse (con ayuda oficial) antes que cierren las elecciones en el inmediato plazo, nuevamente como presidente de la Asociación de Prestadores de la Salud. La culpa de todas las irregularidades y hasta del acoso sexual, virtualmente no existen o son responsabilidad de otro. Fin
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras los bancos celebran la baja de tasas, un empleado formoseño necesitaría quintuplicar su salario para que un banco siquiera considere su solicitud. La "reactivación" es solo para quienes ya están del lado adentro de la verja.
La estadística como cortina de humo: Mientras se promociona una tarifa eléctrica baja como "logro social", se oculta que el 90% de los formoseños necesita subsidios crónicos para pagar un servicio básico. El relato oficial celebra la dependencia como si fuera un triunfo, silenciando tres décadas de estancamiento que condenan a la provincia a la asistencia perpetua. El verdadero costo no está en la factura de la luz, sino en la factura política de un sistema que produce pobres para luego exhibir su pobreza como mérito propio.
Con un aumento del gasto público del 37,9% —el más alto del país—, Formosa vuelve a mostrar que su economía depende casi por completo del Estado. Detrás del récord se esconde un modelo político que confunde expansión con progreso y gasto con desarrollo, mientras la pobreza y el atraso estructural siguen intactos.
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