“Todas estas medidas y políticas son una decisión del Gobierno Nacional”, reiteró y recalcó que “la provincia de Formosa no tiene injerencia, porque no fija estos precios” dijo Villarroel, defendiendo como en todas las anteriores oportunidades a REFSA.
Locales14/02/2024
leonardo fernández acosta
Claudia Villarruel, administradora del Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos (EROSP), apareció después de cuatro años de silencio y de aumentos de la tarifa de energía pero en el gobierno kirchnerista y aludió a la Resolución N° 7/24 de la Secretaría de Energía de la Nación, dejando en claro que en dicha medida que establece nuevos valores de la energía eléctrica, la potencia y el transporte, “ni la provincia de Formosa ni la empresa distribuidora REFSA ni el Ente Regular participaron”.
Villarruel, sin especificar absolutamente ninguna tabla o referencia de valor, aseguró sin ninguna rigurosidad que, “La nueva norma emitida por el Gobierno de Javier Milei establece un aumento del 420% en lo que es la energía, lo que golpea fuertemente a la industria y las pymes, además de que quita el subsidio a la educación y la salud, así como también al alumbrado público”. De la misma manera, “se establece una limitación en el subsidio de la estacionalidad, que era hasta 600 kilovatios/hora durante el verano y lo reduce anticipadamente en el mes de marzo”.
Volvió a responabilizar al gobierno nacional sin dar ningún tipo de valores respecto del Kilovatio y dijo“Todas estas medidas y políticas son una decisión del Gobierno Nacional”, reiteró y recalcó que “la provincia de Formosa no tiene injerencia, porque no fija estos precios”.
Aunque claramente se explican los valores en un anexo de la Resolución 7/2024 de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/302334/20240205aseguró, también sin ningún fundamento que “hay una campaña para generar confusión en el usuario, en donde quieren trasladar la responsabilidad de los aumentos en los precios a la provincia, cuando no es así”.
“Se habla desde un desconocimiento total porque la Resolución 7/24 es una norma nacional y una decisión política del Gobierno de Javier Milei”, marcó, recordando que esto ya vivió en la gestión de Mauricio Macri, “cuando se produjo un alza de 2600% en el precio de la energía mayorista” pero olvidandosé de cuatro años de aumentos con el presidente, Alberto Fernández.
La titular del EROSP, Claudia Villarruel, es otra funcionaria que se despertó después de cuatro años de letargo.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
El caso Xiomara dio un giro oscuro: la familia, que marchaba y reclamaba, ahora guarda un silencio abrupto y absoluto. Un silencio que no parece voluntario, sino impuesto por un poder que prefiere que nadie pregunte Un sistema diseñado para no incomodar a los dueños del modelo.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
