“Todas estas medidas y políticas son una decisión del Gobierno Nacional”, reiteró y recalcó que “la provincia de Formosa no tiene injerencia, porque no fija estos precios” dijo Villarroel, defendiendo como en todas las anteriores oportunidades a REFSA.
Locales14/02/2024
leonardo fernández acosta
Claudia Villarruel, administradora del Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos (EROSP), apareció después de cuatro años de silencio y de aumentos de la tarifa de energía pero en el gobierno kirchnerista y aludió a la Resolución N° 7/24 de la Secretaría de Energía de la Nación, dejando en claro que en dicha medida que establece nuevos valores de la energía eléctrica, la potencia y el transporte, “ni la provincia de Formosa ni la empresa distribuidora REFSA ni el Ente Regular participaron”.
Villarruel, sin especificar absolutamente ninguna tabla o referencia de valor, aseguró sin ninguna rigurosidad que, “La nueva norma emitida por el Gobierno de Javier Milei establece un aumento del 420% en lo que es la energía, lo que golpea fuertemente a la industria y las pymes, además de que quita el subsidio a la educación y la salud, así como también al alumbrado público”. De la misma manera, “se establece una limitación en el subsidio de la estacionalidad, que era hasta 600 kilovatios/hora durante el verano y lo reduce anticipadamente en el mes de marzo”.
Volvió a responabilizar al gobierno nacional sin dar ningún tipo de valores respecto del Kilovatio y dijo“Todas estas medidas y políticas son una decisión del Gobierno Nacional”, reiteró y recalcó que “la provincia de Formosa no tiene injerencia, porque no fija estos precios”.
Aunque claramente se explican los valores en un anexo de la Resolución 7/2024 de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/302334/20240205aseguró, también sin ningún fundamento que “hay una campaña para generar confusión en el usuario, en donde quieren trasladar la responsabilidad de los aumentos en los precios a la provincia, cuando no es así”.
“Se habla desde un desconocimiento total porque la Resolución 7/24 es una norma nacional y una decisión política del Gobierno de Javier Milei”, marcó, recordando que esto ya vivió en la gestión de Mauricio Macri, “cuando se produjo un alza de 2600% en el precio de la energía mayorista” pero olvidandosé de cuatro años de aumentos con el presidente, Alberto Fernández.
La titular del EROSP, Claudia Villarruel, es otra funcionaria que se despertó después de cuatro años de letargo.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras los bancos celebran la baja de tasas, un empleado formoseño necesitaría quintuplicar su salario para que un banco siquiera considere su solicitud. La "reactivación" es solo para quienes ya están del lado adentro de la verja.
La estadística como cortina de humo: Mientras se promociona una tarifa eléctrica baja como "logro social", se oculta que el 90% de los formoseños necesita subsidios crónicos para pagar un servicio básico. El relato oficial celebra la dependencia como si fuera un triunfo, silenciando tres décadas de estancamiento que condenan a la provincia a la asistencia perpetua. El verdadero costo no está en la factura de la luz, sino en la factura política de un sistema que produce pobres para luego exhibir su pobreza como mérito propio.
Con un aumento del gasto público del 37,9% —el más alto del país—, Formosa vuelve a mostrar que su economía depende casi por completo del Estado. Detrás del récord se esconde un modelo político que confunde expansión con progreso y gasto con desarrollo, mientras la pobreza y el atraso estructural siguen intactos.
La UCR formoseña se hunde en su peor crisis histórica. Con el 3,66% de los votos, Miguel Montoya y Agostina Villaggi niegan la realidad, protegen el aparato vacío y planean candidaturas de fantasía mientras el partido se desintegra.
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Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
