La resolución que dispuso la única entrega de recursos del Gobierno a una casa de estudios nacional está fechada apenas tres días después de la movilización multitudinaria del 23 de abril y lleva la firma del secretario de Educación, Carlos Torrendell, pero tiene la marca en el orillo de Alejandro Álvarez, el subsecretario de Políticas Universitarias.
Locales14/05/2024
leonardo fernández acosta
A 20 días de la gran marcha por la educación pública, las negociaciones por los fondos para las universidades nacionales que mantienen en las sombras el asesor estrella del presidente Javier Milei, Santiago Caputo, y el vicerrector de la UBA, el exdiputado radical Emiliano Yacobitti, no se traducen en resultados concretos. En ese contexto, el Gobierno dispuso el envío de casi 200 millones de pesos de manera teledirigida a la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), que conduce un disidente dentro del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el rector Augusto Parmetler.
La resolución que dispuso la única entrega de recursos del Gobierno a una casa de estudios nacional está fechada apenas tres días después de la movilización multitudinaria del 23 de abril y lleva la firma del secretario de Educación, Carlos Torrendell, pero tiene la marca en el orillo de Alejandro Álvarez, el subsecretario de Políticas Universitarias. El funcionario confrontó en cada reunión que pudo con las autoridades universitarias y el Ejecutivo lo sacó de los reflectores tras la movilización universitaria para ponerle paños fríos al vínculo. Así transcurrieron días de buenos modales en los que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, recibió al CIN y a la UBA, pero no hubo propuestas concretas para responder al reclamo. Como contó este medio, pese al súbito bajo perfil, Álvarez estaba escondido pero activo.
A mediados de febrero pasado cuando Parmetler viajó a Buenos Aires a reunirse con el senador libertario Francisco Paoltroni. Del encuentro participaron Torrendell y Álvarez. Según el legislador de La Libertad Avanza, en el cónclave lograron "una solución para recomponer el desfinanciamiento causado por la administración anterior".
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
El caso Xiomara dio un giro oscuro: la familia, que marchaba y reclamaba, ahora guarda un silencio abrupto y absoluto. Un silencio que no parece voluntario, sino impuesto por un poder que prefiere que nadie pregunte Un sistema diseñado para no incomodar a los dueños del modelo.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
