Los pasivos clorindenses, explicaron que ya recorrieron todos los organismos que tengan algo que ver con la liquidación de sus haberes pero la Caja le echa la culpa al municipio y viceversa.
Locales02/07/2024
leonardo fernández acosta
Los ex empleados del municipio de Clorinda que ahora forman parte de la Caja de Previsión Social en su condición de jubilados, se quejaron de la desidia del organismo para liquidarles como corresponde sus magros haberes.
Lejos de la versión oficial del gobierno que ningún empleado público cobra menos de un salario promedio de bolsillo de 350 mil pesos, incluyendo los pasivos, después del último aumento, los que pasaron a la órbita de la Caja de Previsión de la municipalidad de Clorinda, todavía ni siquiera cobraron el que anunció el gobernador Insfrán, hace dos meses.
Los pasivos clorindenses, explicaron que ya recorrieron todos los organismos que tengan algo que ver con la liquidación de sus haberes pero la Caja le echa la culpa al municipio por haber enviado tarde el decreto de adhesión pero tampoco les dice cuando les va a pagar y el municipio desde la tesorería dice que lo enviaron hace rato.
También les mintieron que les iban a liquidar en una planilla complementaria este mes que pasó pero ni siquiera les pagaron en el último pago.
En definitiva, nadie les da una respuesta y ya han pasado dos meses sin cobrar el aumento con sueldos en promedio de alrededor de 290 mil pesos.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
El caso Xiomara dio un giro oscuro: la familia, que marchaba y reclamaba, ahora guarda un silencio abrupto y absoluto. Un silencio que no parece voluntario, sino impuesto por un poder que prefiere que nadie pregunte Un sistema diseñado para no incomodar a los dueños del modelo.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
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De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
