Así se lo comunicó a Guillermo Francos el senador Mayans durante el informe sobre la marcha del Gobierno que el jefe de Gabinete brindó en la Cámara alta; le entregó un documento firmado por los 33 senadores peronistas.
Nacionales27/11/2024
leonardo fernández acosta
En un nuevo round de la pulseada política del Gobierno con el Senado por la integración de la Corte Suprema de Justicia, el bloque kirchnerista de Unión por la Patria le advirtió al Gobierno que rechazarán las nominaciones del Ariel Lijo y Manuel Garcia-Mansilla si el presidente Javier Milei los designa en comisión por decreto sin esperar a que la Cámara alta le otorgue su acuerdo a los candidatos tal como lo establece el mecanismo contemplado en la Constitución Nacional.
La postura del principal bloque de oposición de la Cámara alta fue oficializada por el jefe de la bancada, José Mayans (Formosa), quien le entregó en mano una nota firmada por la totalidad del bloque de Unión por la Patria al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en el final del informe que brindó durante más de siete horas en el recinto del Senado.
“Que se sepa públicamente que la persona que acepte ser designada por decreto, inmediatamente nuestro bloque va a pedir sesión para votar la destitución”, afirmó Mayans, antes de pararse y dirigirse a la mesa donde se encontraba el jefe de Gabinete para entregarle la misiva.
El alineamiento en el rechazo de la totalidad de los 33 senadores kirchneristas pone al Gobierno ante una encrucijada, ya que sin el aporte de Unión por la Patria, o de una parte de la bancada, le será imposible nombrar a Lijo y a García-Mansilla. La Cámara alta tiene 72 miembros y con 25 legisladores alcanzan para cerrarle la puerta de manera definitiva al apoyo de los dos tercios de los presentes que exige la Constitución para designar a un juez de la Corte. Fue lo que le pasó a Roberto Carlés cuando Cristina Kirchner fracasó, en 2015, en su intento por designarlo en el máximo tribunal.
Guillermo Francos presenta su informe de gestión en el Senado de la NaciónSantiago Oróz
El kirchnerismo pretende con esta jugada obligar al Gobierno a sentarse a negociar la integración de la Corte. Tal como lo dijeron públicamente varios senadores con línea directa con el Instituto Patria, la expresidenta pretende ubicar ahí a una persona de su extrema confianza, reclamando que el Gobierno resigne a uno de sus candidatos o acepte ampliar el tribunal. La elegida sería la exsenadora María de los Angeles Sacnun.
Hasta ahora, las pretensiones de Cristina Kirchner se encontraron con la negativa del asesor Santiago Caputo, que tomó de parte del Gobierno el timón en la discusión por la Corte, que pretende que el Senado le dé acuerdo a Lijo y Garcia-Mansilla -”los dos o ninguno” es el mantra que se repite en la Casa Rosada-, antes de sentarse a negociar.
Apenas unas horas antes y en el mismo recinto de la Cámara alta, el jefe de Gabinete había confirmado que la designación por decreto de jueces en la Corte Suprema era una opción que barajaba el Poder Ejecutivo ante la “urgencia” de que se produjera una “situación de acefalía” en el máximo tribunal.
“No descarto que el Presidente pueda designar a los ministros de la Corte por decreto en caso de estar cerca de la acefalía. Sería de manera transitoria hasta que logren el acuerdo del Senado”, había dicho Francos ante una consulta formulada por la senadora Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro).
El jefe de Gabinete se refirió, así, de manera elíptica a la situación en la que quedaría el tribunal supremo si el Senado no le da acuerdo a, al menos, uno de los dos candidatos propuestos por Milei antes del 29 de diciembre, fecha en la que el juez Juan Carlos Maqueda cumplirá 75 años y se verá obligado a jubilarse, tal como lo establece la Constitución Nacional.
En la última semana de mayo el Gobierno envió al Senado los pliegos nominando a Lijo y a García-Mansilla para completar los cinco miembros que establece la ley vigente que debe tener la Corte. Al juez federal lo postuló para ocupar la vacante que dejó Elena Highton con su renuncia en octubre de 2021. Por su parte, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral está propuesto para reemplazar a Maqueda cuando pase a retiro.
Lijo defendió su postulación en audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos el pasado 21 de agosto. Garcia-Mansilla lo hizo una semana después. Desde entonces, sus pliegos permanecen estancados a la espera de que se alcance un acuerdo político que les permita convertirse en jueces de la Corte.Fuente: La Nación
Los gobernadores de Provincias Unidas frenaron el apuro de Milei y le bajaron el precio a su convocatoria: acumulan reproches por el maltrato recibido, no están dispuestos a favorecer a un competidor en plena campaña y sienten que el Círculo Rojo empieza a girar hacia ellos como alternativa de gobernabilidad.
Los gobernadores de la liga se montaron a la victoria del correntino. Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Juan Schiaretti (exgobernador de Córdoba) saludaron el triunfo como propio y buscaron darle volumen nacional al armado de Provincias Unidas, la liga que intenta abrirse camino como tercera vía frente a Javier Milei y el kirchnerismo.
Valdés sabe que el antiperonismo no necesita necesariamente a Milei para sobrevivir. Y que la UCR, con sus territorios, todavía tiene capital político para disputar el centro de la escena nacional.
Conscientes de que el tiempo se les agota y las urnas les serán adversas en octubre, el kirchnerismo, acompañado por radicales oportunistas y falsos moderados, lanzó un nuevo golpe institucional: leyes previsionales que buscan romper el equilibrio fiscal y torcerle el brazo a Milei. El Presidente ya anunció el veto.
La impunidad se quedará sin fueros: la Corte Suprema confirmará la condena a Cristina Kirchner por corrupción y allanará el camino a su detención. Se acabaron los discursos, las operaciones y el blindaje político. El final del relato ya no es épico: es judicial.
El presidente asistió a inaugurar las sesiones ordinarias y tuvo un más que frío reencuentro con la vice. Apuntó contra Kicillof -ausente- por la inseguridad. Su cruce con un radical derivó en un protagonismo de Santiago Caputo en el final de la jornada. Recinto despoblado.
El razonamiento y la manipulación discursiva del diputado, Jorge Román, borra deliberadamente el concepto de federalismo fiscal, que combina recursos compartidos con responsabilidades compartidas. Pero eso no le sirve al relato: la idea de responsabilidad fiscal choca con el modelo de provincia subsidiada que Román busca blindar.
Con denuncias de “superpoderes”, fondos fiduciarios que “van en contramano del control republicano” y una estructura de gasto que privilegia a la Secretaría General por encima de áreas sociales clave, Juan Carlos Amarilla expuso en el debate del presupuesto un modelo de concentración, oscuridad y manejo discrecional que, afirmó, deja al Legislativo reducido a una formalidad
El jefe del bloque gildista intentó presentar en la sesión por la aprobación del presupuesto, la falta de debate, la concentración del gasto y la hegemonía política como “normalidad democrática”. En realidad, su discurso es una defensa explícita del poder sin controles, disfrazada de victimismo y falsa superioridad moral.
Mientras el oficialismo proclama autonomía, el propio debate revela dependencia estructural: la provincia subsiste con dinero nacional, sube impuestos donde más duele y reparte recursos con desigualdad entre municipios, consolidando un modelo que concentra poder y castiga al trabajador.
Mientras el Gobierno vende como “equidad territorial” algunos metros de ripio, pavimento e iluminación para la foto, en paralelo refuerza la verdadera obra estratégica del modelo: la modernización de la oficina recaudadora que, con el nuevo presupuesto y el Código Tributario modificado, le permitirá a la ATP aumentar impuestos a discreción (en Clorinda, una ciudad fundida). Desarrollo para la tribuna, presión fiscal para la gente.
