Concejales suspendidos en El Colorado: no es lo mismo la libertad de expresión que una denuncia penal

La idea de que “todo es lo mismo” y de que todas las situaciones deben ser medidas con la misma vara es una falacia que diluye las diferencias sustanciales entre los casos y genera confusión en el debate público. En este sentido, no todos los gatos son pardos, y mucho menos cuando hablamos de situaciones que involucran la conducta de los representantes públicos.

Lo sucedido ayer en el Concejo Deliberante del municipio de El Colorado, constituye sin lugar a dudas un ataque a las libertad de expresión de uno de los legisladores, en este caso, el suspendido, Fulvio Monfardini, sancionado por sus crítiicas hacia la corrupción y los negocios familiares del clan Brignole, repudiable desde todo punto de vista.

Sin embargo no es lo mismo un legislador suspendido por expresar opiniones, aunque estas puedan ser controvertidas, que un legislador suspendido por supuestos hechos de violencia de género planteados en primera instancia en el Tribunal de Familia y ahora en la fiscalia como denuncia penal ( exp 551/24) como es el caso del concejal de esa localidad, Emanuel Zieseniss. Ambas situaciones son graves, pero sus implicancias y las consecuencias respecto de lo que generan en la sociedad son muy distintas, y deben ser analizadas con la profundidad que cada una merece.

Cuando un legislador es sancionado por sus opiniones, especialmente si estas versan sobre cuestiones como la corrupción, se abre el debate sobre la libertad de expresión y el derecho de los representantes a manifestar ideas que pueden incomodar al poder o al status quo. En este punto está claro que el nepotismo del clan Brignole, esta atacando los más básicos derechos y que en una democracia, la crítica a las instituciones y la denuncia de posibles irregularidades son pilares fundamentales.

Por otro lado, los casos de violencia de género tienen una naturaleza completamente diferente. Aquí no hablamos de ideas ni de debates públicos, sino de acciones concretas que afectan directamente la vida y la integridad de otras personas. La violencia de género, además de ser un delito de llegar a ser comprobado, es una problemática estructural que perpetúa desigualdades y afecta profundamente el tejido social. La suspensión de un legislador en estos casos no sólo busca sancionar al supuesto responsable, sino también enviar un mensaje claro de que este tipo de conductas no tienen cabida en una democracia que aspire a la igualdad y al respeto de los derechos humanos.

Es fundamental comprender estas diferencias para evitar caer en relativismos que igualan lo incomparable. Decir que “todo es lo mismo” es un recurso que muchas veces se utiliza para minimizar problemas graves o para desviar la atención de lo esencial. Este tipo de discurso empobrece el debate público y dificulta encontrar soluciones adecuadas a cada problema y es algo que deberían plantearse los referentes de la UCR, sobre todo las legisladores mujeres.

Por ejemplo, un legislador que denuncia la corrupción podría estar cumpliendo con su deber de fiscalización, pero si sus afirmaciones carecen de sustento, también podría estar incurriendo en una falta al deber de veracidad y responsabilidad. En cambio, un legislador denunciado por violencia de género enfrenta una cuestión de ética personal y profesional que no admite ambigüedades: estas acciones son inaceptables y deben ser condenadas de manera enérgica. No debería esperar una reacción del cuerpo sino apartarse hasta tanto la cuestión se resuelva en la justicia.

La comparación entre estas situaciones también pone de manifiesto las prioridades de un partido político como la UCR y de toda la sociedad. Si toleramos o justificamos la violencia de género por parte de quienes nos representan porque son de nuestro bando político,  estamos enviando un mensaje de permisividad que contrasta con los valores democráticos y los derechos humanos.

Por ello, es necesario abordar cada caso desde una perspectiva contextual y con criterios claros que diferencien entre lo que es una opinión polémica y lo que constituye un acto reprobable en términos éticos y legales. La equidad en el análisis de estas situaciones no implica homogeneizar todo, sino reconocer las particularidades de cada caso y actuar en consecuencia.

Finalmente, entender que no todo es lo mismo es un ejercicio de madurez política y social. La democracia se fortalece cuando somos capaces de discernir entre las distintas problemáticas, asignarles el peso que corresponde y actuar con justicia y responsabilidad. Solo así podremos construir un sistema que sea verdaderamente inclusivo, respetuoso y comprometido con los valores que dicen representar quienes hacen uso de sus facultades y son censurados, quienes supuestamente cometen actos de violencia y son censurados y quienes defienden a todos como si todo fuera lo mismo.

Leonardo Fernández Acosta

Licenciado en Comunicación Social