leonardo fernández acosta
La Corte Suprema emitió un fallo declarando inconstitucional la reelección indefinida en Formosa. A primera vista parecería que esto pone fin a los 30 años consecutivos de gobierno de Gildo Insfrán. Pero el contenido de la sentencia es mucho menos contundente. Lo que los jueces de la Corte señalan es que, en el marco del régimen federal, los periodos del gobernador tienen que ser definidos por la Constitución de Formosa, sin contradecir la Constitución Nacional.
Puede suceder que se instrumente una reforma de la Constitución provincial que adopte la regla nacional por la cual puede haber reelección indefinida pero no consecutiva. Siendo así, el gobernador de esa provincia o de cualquier otra provincia puede intercalarse en el gobierno con la candidatura de un familiar o un amigo. En la medida que la ciudadanía los vote, la reelección del grupo gobernante seguirá siendo perpetua. Hay antecedentes con dinámicas de estas características.
La pregunta que cabe hacerse entonces es dónde se originan las condiciones para que el gobernante se eternice en el poder. Para ello resulta muy sugerente analizar cómo se distribuye y cómo se usa la coparticipación de impuestos. Según el Ministerio de Economía para el año 2024 se observa que:
Entre todas las provincias se distribuyeron 900 dólares por habitante por año. Formosa recibió 2.350 dólares por habitante.
Entre todas las provincias la coparticipación representa el 45% del total de ingresos provinciales, mientras que en Formosa representa el 82% del total de ingresos.
Estos datos muestran que Formosa recibe 2,6 veces más coparticipación que el promedio de las provincias. Es claro que el resto del país es solidario con los formoseños. El problema es que esa solidaridad se canaliza a través de un mecanismo muy perverso: la coparticipación que redistribuye recursos sin condicionantes. Con este esquema se induce a los gobernantes a usar los recursos públicos para perpetuarse en el poder.
El esfuerzo que hace el resto del país para darle recursos a Formosa es usado por su gobierno para financiar perversas prácticas clientelares. Según el INDEC, en Formosa el 30% de los ocupados son empleados públicos y otro 55% son informales que de manera indirecta dependen del gobierno provincial. Solo el 15% son asalariados registrados en empresas privadas muchas de los cuales dependen también del gobierno porque son proveedoras del Estado provincial o sus accionistas son familiares y amigos del gobernante. Por otro lado, la coparticipación permite no cobrar impuestos a los formoseños. Más del 80% del presupuesto provincial se financia con la coparticipación y el resto se genera mayoritariamente con Ingresos Brutos cobrados a empresas radicadas fuera de la provincia.
Lo que no hace el gobierno de Formosa con la coparticipación es desarrollar la provincia. Según el Censo 2022, el 38% de los hogares tiene piso de tierra, la mitad no tiene internet ni computadora y, según las pruebas APRENDER, de los niños que terminan la primaria el 35% no sabe leer ni escribir y el 43% no sabe las operaciones matemáticas para su edad.
Con estas condiciones sociales, la pobreza y la ignorancia se reproducen, manteniendo la dependencia y el sometimiento que son la base para que el clan gobernante se eternice en el poder. La coparticipación lleva a la paradoja de que la solidaridad del resto de las provincias con Formosa sirva para empobrecer a los formoseños.
El origen de la pobreza de Formosa no es la reelección indefinida sino la coparticipación que le da a los gobernadores recursos –aportados por el resto del país– para mantener sometida a la población de la provincia. Esto no se resuelve limitando la reelección de los gobernadores sino devolviendo autonomía impositiva a las provincias, tal como propone el presidente Milei. La regla general tiene que ser que cada provincia se autofinancie. Para las provincias más rezagadas, como Formosa, prever un Fondo de Convergencia transitorio con transferencias condicionadas a que no se usen para clientelismo –como ocurre con la coparticipación– sino para el desarrollo económico y social de la provincia.
Fuente: IDESA
