La presentación, lleva la firma de reconocidos dirigentes del radicalismo, como el constitucionalista Guillermo Federico Evans, el abogado Juan Montoya, el ex concejal Carlos Blas Hoyos, Patricia Caoppello, y el dirigente Benito Aranda. También acompaña la presentación, Adrián Diego González, del partido Unión Popular.
Locales17/01/2025
leonardo fernández acosta
El diputado nacional por la UCR, Fernando Carbajal, acompañado de abogados constitucionalistas y reconocidos dirigentes del radicalismo e integrantes del partido Unión Popular, presentaron este viernes ante la Legislatura provincial un pedido de juicio político contra el gobernador Gildo Insfrán y el vicegobernador Eber Solís, por la causal de “ilegitimidad en el ejercicio del cargo”.
En los fundamentos de la solicitud, los promotores del juicio político señalaron que realizan tal petición “en salvaguarda de la autonomía provincial, y como medio de lograr la resolución del conflicto jurídico político derivado de la falta de legitimación constitucional del mandato de la fórmula Insfrán-Solís, electa en el proceso electoral del año 2023, permitiendo que sea la Provincia de Formosa la que resuelva tal situación”.
Consideraron que de esta manera se estaría “evitando la intervención federal de la provincia para poner fin a la ilegitimidad de este gobierno provincial”, y sería también la forma de ejecutar el fallo de la Corte, “que declaró la ilegitimidad e inconstitucionalidad del actual mandato del Gobernador”.
La presentación, lleva la firma de reconocidos dirigentes del radicalismo, como el constitucionalista Guillermo Federico Evans, el abogado Juan Montoya, el ex concejal Carlos Blas Hoyos, Patricia Caoppello, y el dirigente Benito Aranda. También acompaña la presentación, Adrián Diego González, del partido Unión Popular.
En el petitorio se solicita que se dé “formulada la denuncia de juicio político por la causal de inhabilidad contra el Gobernador y el Vicegobernador de la Provincia y que conforme el Articulo 158 se de intervención al presidente del Superior Tribunal de Justicia a los fines del ejercicio de su labor”.
Antecedentes
Como antecedentes, en la presentación se recuerda que en el año 2023 Gildo Insfrán lanzó su candidatura para ser nuevamente candidato a Gobernador por décimo mandato consecutivo como integrante de la formula (dos veces como Vice Gobernador de Vicente Bienvenido Joga, luego seis mandatos como Gobernador acompañado por Floro Eleuterio Bogado y finalmente dos mandatos acompañado por Eber Solís).
“Ante ello –añade la nota elevada a la Legislatura-, los sectores opositores concurrimos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
solicitando se apliquen en Formosa los, por entonces, recientes precedentes jurisprudenciales recaídos en los casos “San Juan” y “La Rioja” en los cuales el máximo tribunal había establecido severas restricciones a la perpetuación en los cargos de los Gobernadores”.
Los promotores del juicio político señalaron que “dichas acciones, con peticiones complementarias y coincidentes, fueron promovidas durante el desarrollo del proceso electoral, y tuvieron como objeto impedir la consumación de la candidatura de Gildo Insfrán para su décimo mandato ininterrumpido, razón por la cual se solicitaron diversas medidas cautelares para evitar tal situación, reclamo que no fue atendido por la Corte quien dejo seguir adelante el proceso electoral, aun cuando otorgo tramite a las causas”.
Remarcaron que en dicha causa la Corte Suprema dictó un fallo unánime en diciembre pasado en el que resolvió hacer lugar a la demanda y “declarar la inconstitucionalidad del artículo 132 de la Constitución de la Provincia de Formosa”.
En este punto, se resalta en la presentación que “de las diversas consideraciones vertidas por el voto coincidente de todos los integrantes de la Corte se desprende fuera de toda duda que Gildo Insfrán fue electo gobernador en el año 2023 en violación del artículo 5º de la Constitución Nacional”.
Luego de citar parte de los fundamentos de los integrantes de la Corte en su fallo, los peticionantes advierten que “resulta evidente que existe consenso unánime en el fallo de la Corte respecto que Gildo Insfrán, y la Provincia de Formosa a través de sus órganos constituidos, violaron la Constitución Nacional cuando autorizaron la reelección indefinida y, en particular, cuando el tribunal electoral lo oficializo a Gildo Insfrán para ser candidato en el 2023 por décima vez consecutiva”.
“Gobierno ilegal e ilegítimo”
En declaraciones a la prensa tras la presentación del pedido de juicio político ante la Legislatura, el diputado nacional Fernando Carbajal afirmò que “el fallo de la Corte tiene aplicación inmediata y efectiva en la realidad”, al señalar que “Gildo Insfrán y Eber Solís son una formula ilegal e ilegítima. Son ilegales porque la Corte así lo ha dicho de manera expresa: que el Tribunal Electoral no debió haberles habilitado un nuevo mandato”, sostuvo.
“Pero además –enfatizó-, es una formula ilegítima, porque como dice el voto del ministro Ricardo Lorenzetti, que hay que recordar que fue designado a propuesta de Néstor kirchner por lo cual no puede ser sospechado de ningún ánimo político, ha dicho también muy claramente que la elección se realiza en un contexto de cancha
inclinada, es decir que Gildo Insfrán y Eber Solís fueron elegidos aprovechando las ventajas indebidas que les proporciona el hecho de ser parte de un sistema de reelección indefinida, así que aquí estamos con un problema de ilegalidad y de ilegitimidad del gobierno”, reafirmó Carbajal.
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Mientras el poder político entierra los hechos en silencio y encubre a los suyos con maniobras institucionales, gran parte del periodismo local elige callar o maquillar la realidad. Así, muchos periodistas han preferido disfrazar su autocensura bajo el ropaje de la “responsabilidad profesional” o la moderación “frente al micrófono”, cuando en realidad lo único que protegen es la continuidad de los fondos que los mantienen a flote.
A metros de la Casa de Gobierno, en una escuela privada-subvencionada, padres denuncian hechos graves de acoso escolar y agresiones sexuales que la dirección ignora con liviandad. La convivencia forzada como único “protocolo” mientras las víctimas sufren y los agresores gozan de impunidad.
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