El titular de la delegación en la provincia del organismo nacional, enfrenta un ataque organizado por gremios kirchneristas, la ex titular K del organismo vialero e inclusive la futura candidata sin funciones pero con ingresos de La Libertad Avanza, Patricia García, también empleada del municipio de Mansilla.
Locales19/01/2025
leonardo fernández acosta
Nuevamente en una movida conjunta del kirchnerismo, el gildismo y La Libertad Avanza, con el objetivo disfrazado de proteger a empleados que serán despedidos como en todo el país (se supone que un total de 14) lo que buscarían sería el desplazamiento del actual jefe de Vialidad Nacional Formosa, Ingeniero, Víctor Padilla.
Padilla asumió el cargo promovido por el sector del senador nacional, Francisco Paoltroni, pero debido a su trayectoria dentro del organismo logró ser el único funcionario con cargo jerárquico que todavía sigue sin que lo hayan echado, luego de que Paoltroni fuera expulsado de la Libertad Avanza.
El funcionario llevó adelante los correspondientes sumarios por irregularidades detectadas en el organismo, contra la ex titular de Vialidad Nacional, militante K y del gildismo, Ingeniera Elizabeth Ida De Ferrari, quien todavía sigue como empleada del organismo.
En el camino de deslindar responsabilidades el funcionario se habría encontrado con fuertes presiones para “cajonear” los sumarios de De Ferrari, por parte de nada menos que la operadora de La Libertad Avanza (funcionaria sin cartera) Patricia García, quien también habría tenido activo protagonismo en el desplazamiento de todos los funcionarios de LLA del sector de Paoltroni.
Patricia García (quien sería sobrina de “Cacho” García, diputado del gildismo y “Pombero” Rodríguez, echado de Tierras Fiscales) no tiene vinculación laboral registrada con el gobierno de Javier Milei pero sin embargo se moviliza en camionetas del PAMI, de la Gerencia de Empleo del Ministerio de Trabajo y viaja regularmente dos o tres veces por semana a Buenos Aires en Aerolíneas Argentinas.
Por otra parte figura en los registros como empleada de la municipalidad de Lucio V Mansilla, hasta el 2 de febrero de 2025 por lo que se supone que la operadora de LLA, mientras trabaja para Karina Milei, seguiría contratada por el municipio del intendente, Ángel Mirvel García, del gildismo. Algo que no sorprende en los funcionarios de Karina Milei en la provincia.
Pero retomando la cuestión de fondo, ahora al ataque de la operadora de la LLA, se suma el gremio kirchnerista, Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) que con la excusa de evitar el despido de 14 empleados de Vialidad Nacional (entre ellos De Ferrari) buscan como objetivo primordial la impunidad de la ex titular de Vialidad Nacional que hasta podría llegar a afrontar causas penales por las irregularidades cometidas en su gestión.
La situación nuevamente expone la alianza entre el gildismo (De Ferrari) el kirchnerismo (el Sindicato) y La Libertad Avanza (Patricia García) para tratar de lograr una supuesta impunidad para ex funcionarios del gildismo que dicho sea de paso, siguen en funciones y no han sido investigados, ninguno de ellos.
La historia podría finalizar con el desplazamiento del ingeniero, Víctor Padilla, que si todavía no ocurre es porque al ser un funcionario de carrera dentro del organismo, tendría documentación suficiente no solo para implosionar Vialidad Nacional en Formosa, sino a La Libertad Avanza, con daños colaterales que llegarían al propio presidente Milei.
El intento de vender a Gildo Insfrán como “líder nacional” del peronismo es tan absurdo como anacrónico. Mientras el PJ bonaerense se derrumba y el país reclama renovación, un analista de los 70 pretende resucitar a un caudillo provincial cercado por su propio desgaste, su modelo agotado y la sombra cada vez más cercana de una intervención federal.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras los bancos celebran la baja de tasas, un empleado formoseño necesitaría quintuplicar su salario para que un banco siquiera considere su solicitud. La "reactivación" es solo para quienes ya están del lado adentro de la verja.
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La estadística como cortina de humo: Mientras se promociona una tarifa eléctrica baja como "logro social", se oculta que el 90% de los formoseños necesita subsidios crónicos para pagar un servicio básico. El relato oficial celebra la dependencia como si fuera un triunfo, silenciando tres décadas de estancamiento que condenan a la provincia a la asistencia perpetua. El verdadero costo no está en la factura de la luz, sino en la factura política de un sistema que produce pobres para luego exhibir su pobreza como mérito propio.
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