leonardo fernández acosta
El escándalo de las pensiones no contributivas para discapacitados ha tomado un nuevo giro tras la confesión de un profesional de la salud aparentemente del Hospital de la localidad de Laguna Naineck, en la desesperación por explicarle a supuestos beneficiarios que militan para el gobierno gildista, que ellos habrían falsificado los certificados médicos para darles un “subsidio” a la pobreza.
En un evento público, un aparente empleado de la salud provincial reconoció que se firmaron certificados falsos para la obtención de pensiones destinadas a personas que no cumplían con los requisitos médicos necesarios. El trabajador sanitario, junto con otros profesionales de la salud y funcionarios locales, justificaron estas acciones bajo la premisa de que las pensiones servían como un subsidio a la pobreza en zonas de alta vulnerabilidad, como Formosa, Chaco y Corrientes.
Las declaraciones vertidas en un contexto de crisis social y política, dejaron en evidencia una práctica sistemática de otorgamiento irregular de beneficios previsionales. "Nosotros le pusimos nuestras firmas y no sabemos si vamos a tener problemas, pero lo hicimos para el beneficio de ustedes", afirmó el médico frente a un auditorio atento.
Queda en claro cuáles son algunas de las estrategias para garantizar el triunfo en cada una de las elecciones del eterno gobernador, Gildo Insfrán.
A lo largo de su discurso, el “sincericida” hizo referencia a las distintas administraciones nacionales que permitieron la continuidad de este sistema, asegurando que con cada cambio de gobierno se perdían y recuperaban beneficios. Sin embargo, también reconoció que la situación actual es más crítica y que hay un peligro inminente de recortes.
“Habilitaron con las documentaciones correspondientes y donde por ahí no se podía, el doctor como director también firmó. En su momento el doctor Bogado también, a mí me tocó también, también a otros profesionales que le pusimos nuestras firmas y no sabemos si vamos a tener problemas. Así como a ustedes les pueden ocasionar problemas a nosotros también, pero eso ya va más allá de nosotros, porque nosotros sabemos que hicimos un beneficio por ustedes, y eso sirvió mucho, sirvió. Pasó Néstor, pasó Cristina, y vino Macri y la misma cosa pasó (referiéndose) a las actuales auditorías.
También involucró al intendente de la localidad de Laguna Naineck, Julio Murdoch, cuando afirmó que: “Vinieron por los derechos, se cortaron muchas jubilaciones y muchas pensiones, pero vino nuevamente un gobierno nacional y popular, que fue de Alberto y Cristina, y recuperamos muchísimo, un 99% se recuperó, gracias a las firmas nuevamente del doctor, del intendente (Julio Murdoch) que abogó para que se haga el trabajo, y los médicos que le pusimos las firmas”.
El militante del gildismo, ya sea enfermero o médico, como todos los que participaron y que permitieron la firma de certificados falsos para la obtención de pensiones no contributivas podría encuadrarse en varias figuras delictivas contempladas en el Código Penal argentino:
Falsedad ideológica (Art. 293 del Código Penal): Este delito sanciona a quien inserte declaraciones falsas en documentos públicos, en este caso, los certificados médicos utilizados para tramitar pensiones.
Fraude a la administración pública (Art. 174, inc. 5): Se aplica a quienes defrauden al Estado mediante el cobro indebido de beneficios económicos.
Abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público (Art. 248): Si se prueba que funcionarios participaron activamente en la maniobra, podrían enfrentar cargos por abuso de autoridad.
Asociación Ilícita (Art. 210): Si se demuestra la existencia de una estructura organizada para la comisión sistemática de estas irregularidades, podría aplicarse esta figura penal.
El reconocimiento del empleado de la salud y la posible investigación judicial podrían derivar en consecuencias legales para los profesionales involucrados y para quienes se beneficiaron indebidamente de estas pensiones. En un contexto de ajuste y revisión de los planes sociales, este caso podría sentar un precedente en la lucha contra la corrupción y el uso irregular de los recursos del Estado.
