A metros de la Casa de Gobierno, en una escuela privada-subvencionada, padres denuncian hechos graves de acoso escolar y agresiones sexuales que la dirección ignora con liviandad. La convivencia forzada como único “protocolo” mientras las víctimas sufren y los agresores gozan de impunidad.
Locales12/06/2025
leonardo fernández acosta
En pleno corazón de la ciudad, donde las instituciones deberían funcionar como ejemplo, un colegio privado con mitad subvención estatal acumula denuncias por bullying sostenido, amenazas físicas y hasta hechos con connotación sexual entre menores. Lo grave no es solo la conducta de algunos alumnos, sino la pasividad –rayana en la complicidad– de los administradores del establecimiento, quienes responden con frases de folleto y cero compromiso: “Eso se arregla con la convivencia”.
Mientras las autoridades educativas brillan por su ausencia, los directivos optan por barrer la violencia bajo la alfombra. Padres desesperados denuncian que no se activan protocolos ni se respetan los marcos legales previstos para este tipo de casos. Peor aún, quienes se animaron a exponer lo que ocurre, recibieron amenazas veladas por parte de la familia del agresor, que se mueve con total libertad en el mismo colegio.
“No puede ser que estemos más preocupados por las represalias de una patota familiar que por la contención a nuestros hijos”, expresó un padre indignado. Como si la violencia institucionalizada no fuera suficiente, ahora el miedo se traslada a los hogares, con familias considerando cambiar de colegio a sus hijos para protegerlos, mientras el victimario permanece cómodo y amparado.
A pesar de la existencia de organismos como el Equipo Interdisciplinario Escolar, y protocolos específicos del Ministerio de Educación provincial, la conducción escolar prefiere una peligrosa inacción que pone en riesgo a toda la comunidad educativa.
Esta no es solo una denuncia de padres preocupados. Es una señal de alarma. ¿Cuántas veces más deben callarse los chicos hasta que una tragedia obligue a actuar?
Esta nota es, por ahora, una advertencia, afirmaron los padres porque si las autoridades del colegio continúan desoyendo las denuncias y persiste la situación de desamparo hacia las víctimas, se revelará públicamente el nombre de la institución, la identidad de los directivos responsables y las pruebas que los padres han reunido.
No se puede proteger el prestigio de un colegio a costa del sufrimiento de un niño. Si el sistema no actúa, se actuará desde la verdad con identidades. Los padres dijeron que es hora de que las autoridades educativas intervengan con firmeza y transparencia, antes de que el “bullying” se convierta en algo mucho más grave. Porque lo único que no puede pasar es que no pase nada.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
El caso Xiomara dio un giro oscuro: la familia, que marchaba y reclamaba, ahora guarda un silencio abrupto y absoluto. Un silencio que no parece voluntario, sino impuesto por un poder que prefiere que nadie pregunte Un sistema diseñado para no incomodar a los dueños del modelo.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
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El fallecimiento de Marcos Godoy, un joven de Villafañe que murió en circunstancias aún no esclarecidas, quedó en manos del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº4 de Marcelo Picabea, el mismo que tramita la causa por el femicidio de Xiomara Portillo. Pese a las pruebas, los testimonios y los vínculos políticos señalados por la familia, el expediente no avanza porque se trataría de un sobrino del dirigente sindical, Hilario Martínez.
