A metros de la Casa de Gobierno, en una escuela privada-subvencionada, padres denuncian hechos graves de acoso escolar y agresiones sexuales que la dirección ignora con liviandad. La convivencia forzada como único “protocolo” mientras las víctimas sufren y los agresores gozan de impunidad.
Locales12/06/2025
leonardo fernández acosta
En pleno corazón de la ciudad, donde las instituciones deberían funcionar como ejemplo, un colegio privado con mitad subvención estatal acumula denuncias por bullying sostenido, amenazas físicas y hasta hechos con connotación sexual entre menores. Lo grave no es solo la conducta de algunos alumnos, sino la pasividad –rayana en la complicidad– de los administradores del establecimiento, quienes responden con frases de folleto y cero compromiso: “Eso se arregla con la convivencia”.
Mientras las autoridades educativas brillan por su ausencia, los directivos optan por barrer la violencia bajo la alfombra. Padres desesperados denuncian que no se activan protocolos ni se respetan los marcos legales previstos para este tipo de casos. Peor aún, quienes se animaron a exponer lo que ocurre, recibieron amenazas veladas por parte de la familia del agresor, que se mueve con total libertad en el mismo colegio.
“No puede ser que estemos más preocupados por las represalias de una patota familiar que por la contención a nuestros hijos”, expresó un padre indignado. Como si la violencia institucionalizada no fuera suficiente, ahora el miedo se traslada a los hogares, con familias considerando cambiar de colegio a sus hijos para protegerlos, mientras el victimario permanece cómodo y amparado.
A pesar de la existencia de organismos como el Equipo Interdisciplinario Escolar, y protocolos específicos del Ministerio de Educación provincial, la conducción escolar prefiere una peligrosa inacción que pone en riesgo a toda la comunidad educativa.
Esta no es solo una denuncia de padres preocupados. Es una señal de alarma. ¿Cuántas veces más deben callarse los chicos hasta que una tragedia obligue a actuar?
Esta nota es, por ahora, una advertencia, afirmaron los padres porque si las autoridades del colegio continúan desoyendo las denuncias y persiste la situación de desamparo hacia las víctimas, se revelará públicamente el nombre de la institución, la identidad de los directivos responsables y las pruebas que los padres han reunido.
No se puede proteger el prestigio de un colegio a costa del sufrimiento de un niño. Si el sistema no actúa, se actuará desde la verdad con identidades. Los padres dijeron que es hora de que las autoridades educativas intervengan con firmeza y transparencia, antes de que el “bullying” se convierta en algo mucho más grave. Porque lo único que no puede pasar es que no pase nada.
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Con la ley en la mano y en un contexto de presiones del poder provincial, Pablo Basualdo asume la intendencia de Las Lomitas para completar el mandato hasta 2027 y sostener la continuidad institucional frente al avance del gildismo.
La dimisión de Atilio Basualdo a la Intendencia de Las Lomitas no suena a retirada, sino a proyección: asume como diputado nacional reivindicando a su equipo, desafiando al poder provincial y prometiendo llevar al Congreso la voz de una comunidad que dejó de agachar la cabeza.
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La traición de Ramiro Saavedra no es un hecho aislado ni una sorpresa: es el síntoma perfecto de una generación política criada en la incubadora del gildismo, donde la ética se aprende al revés y la ambición viene preinstalada. Un joven que llegó prometiendo renovación y terminó replicando, con velocidad récord, el vicio estructural de Formosa: vender lealtades como si fueran acciones en un mercado negro de poder.
Los nuevos datos del Consejo de Mayo no solo confirman el ajuste: revelan la fragilidad estructural del insfranismo. Con las transferencias desplomadas, el empleo estatal en crisis y la educación sin fondos, Formosa enfrenta su peor escenario: un Estado gigante sin recursos y un sector privado inexistente.
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La renuncia de Basualdo abrió un procedimiento legal clarísimo, pero una vieja guardia de apellidos eternos que vivieron por años de lo público intenta torcerlo para quedarse con el municipio. Con una clara bajada de línea de Insfrán y un relato de “crisis” fabricada, buscan forzar una elección que la ley no permite. Lo que ocurre en Las Lomitas no es debate político: es un golpe institucional en proceso.
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