La Libertad Usurpa: un gildista converso, una sentencia ignorada y el cinismo en campaña

La incoherencia política tiene un nuevo rostro en Formosa. Se llama Atilio Basualdo. Intendente actual de Las Lomitas, exgildista con años de obediencia al poder provincial, ahora pretende reinventarse como libertario de la mano de La Libertad Avanza. Pero su presente político no viene solo: arrastra consigo una sentencia judicial firme que lo obliga a desalojar un inmueble perteneciente a la Dirección Nacional de Vialidad, ocupado de forma irregular desde hace años.

La historia judicial es clara. La causa "DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD c/ Estación de Servicios 3M y/o Responsable s/ Civil y Comercial – Varios", tramitada desde 2006, culminó en una orden de desalojo con fecha del 18 de abril de 2023, confirmada por la Cámara Federal de Resistencia. El expediente detalla que la ocupación del predio fue ilegítima, y que el demandado ha dilatado durante años y  con la "vista gorda" de autoridades nacionales, el cumplimiento de la orden judicial.

Durante años, Basualdo fue un fiel exponente del “modelo formoseño”, acumulando favores y contratos estatales para sus empresas. Sólo su familia y sus empresas privadas, se vieron reforzadas gracias al acceso "cartelizado" en construcción de obras menores y administración de servicios municipales que jamás licitó públicamente, sino que se adjudicó directamente al entorno del intendente. Monopolizó el servicio de empresas, a través de su familia, aprovechando su cercanía al gobernador Insfrán.

En el caso Vialidad y a pesar de que la Justicia fue categórica, increiblemente la Dirección Nacional de este organismo informó en 2024 su imposibilidad presupuestaria para ejecutar el desalojo, apelando a la emergencia económica decretada por el actual gobierno nacional (DNU 170/23). En consecuencia, se solicitó que el desalojo se efectúe bajo la responsabilidad y a costa del ocupante, advirtiendo incluso consecuencias penales si se sigue incumpliendo la resolución.

Este predio, propiedad del Estado, fue ocupado desde hace años por la “Estación de Servicios 3M”, vinculada a su círculo familiar e íntimo, ofrecía productos y servicios sin habilitación ni contrato: un esquema típico de enriquecimiento sin control,  sin embargo, el intendente sigue ocupando ilegalmente un bien público nacional, como si nada. La Dirección Nacional de Vialidad (DNV), ya sin fondos por el ajuste libertario, se vio forzada a pedir al juez que intime directamente al ocupante a desalojar: “Se intime a la vencida a desalojar el inmueble bajo sus costas, siendo responsable en naturaleza civil y penal por todo daño... que resulte en consecuencia de la continuidad de su ocupación contra legem”. Su negativa no es solo un desacato, sino una muestra más del manto de impunidad con que fue favorecido durante años .

“La sentencia mediante la cual se ordena hacer efectivo el desalojo [...] ha adquirido firmeza. La parte vencida es responsable sola y exclusivamente en naturaleza civil y penal por todo daño y/o alteración de derechos” reclama la Cámara Federal pero nada...

¿Cómo es posible que alguien con una sentencia de desalojo firme sea candidato a convencional constituyente? La respuesta parece ser tan política como cínica. El giro camaleónico de Basualdo no solo escandaliza y enoja al oficialismo provincial, que lo tuvo como cuadro leal durante años, ni al nacional, que lo promociona como parte de su nuevo “frente del cambio” en Formosa. El oportunismo es mutuo: Basualdo se recicla para sobrevivir políticamente, y La Libertad Avanza lo abraza para sumar votos, incluso si para eso hay que ignorar una orden judicial.

Este episodio también desnuda la hipocresía del discurso oficial del gobierno libertario, que promete “terminar con los privilegios de la casta” mientras pone en sus listas a dirigentes que ocupan tierras públicas ilegalmente. Basualdo es, literalmente, el símbolo viviente del doble estándar: viola resoluciones de la justicia federal, usufructúa bienes estatales sin derecho, y aun así recibe el respaldo de quienes se jactan de ser adalides de la legalidad.

 Por supuesto que si hay algo que no figura en esta historia es la ética política, porque hace tiempo que la ética no cotiza en la política formoseña. Y mucho menos cuando los que ayer obedecían al modelo formoseño hoy se disfrazan de rebeldes liberales sin haber devuelto las llaves del feudo.

Este caso expone una contradicción brutal: si ser libertario hoy significa defender causas particulares de impunidad, entonces estamos frente a un montaje. El aval político que obtiene y el silencio cómplice sobre los delitos que lo alcanzan,  no solo daña la credibilidad del oficialismo libertario, sino que también refuerza la impunidad política en Formosa.

En el Formosa feudal del siglo XXI, Basualdo es un síntoma: el de una democracia degradada en la que la justicia no se cumple, los cargos se reparten por lealtades tácticas y la ética es un concepto abstracto y mentiroso en los discursos del relato de Insfrán.

En síntesis, la candidatura de Atilio Basualdo no solo insulta el sentido común, sino también a la legalidad, la transparencia y la coherencia política. Y mientras el gobierno nacional tolera esta farsa, la justicia espera, como tantas veces, que alguien se digne a cumplir la ley. Aunque sea con orden de desalojo bajo el brazo.