Mientras Greenpeace alerta sobre la alarmante expansión de la deforestación en Formosa tras la Ley de Bosques, el gobierno de Gildo Insfrán se aferra a un relato técnico lleno de cifras, pero incapaz de explicar un hecho irrefutable: los desmontes se multiplicaron por cuatro desde la implementación de la norma.
Locales08/07/2025
leonardo fernández acosta
Por más que el ministro de Producción y Ambiente de Formosa, Lucas Rodríguez, intente maquillar la situación con mapas y porcentajes, la realidad del bosque nativo se mide mejor desde el aire que desde los escritorios: Formosa perdió 36.000 hectáreas de monte solo el año pasado. Y desde 2007, según Greenpeace, la tasa de deforestación se cuadruplicó en comparación con los años previos a la Ley 26.331. La misma ley que debía proteger los ecosistemas nativos terminó siendo, en esta provincia, la coartada institucional para habilitar desmontes masivos. El resultado está a la vista: topadoras trabajando legalmente en nombre de una ley que se suponía protectora.
El ordenamiento del agronegocio
El funcionario de Insfrán sostiene que el Programa de Ordenamiento Territorial (POT-For), sancionado en 2010 y revisado en 2018, no solo cumple sino que “supera los estándares” de la Ley Nacional. Pero el mapa de zonificación que defiende es, en realidad, el núcleo del problema: asignar el grueso de los bosques a la categoría verde (de uso productivo) es habilitar legalmente su eliminación.
Rodríguez repite que “no debe interpretarse que se permiten desmontes en toda la zona verde”, pero omite decir que allí es precisamente donde se otorgan los permisos. Y eso es lo que muestra la evidencia satelital: los desmontes se dan principalmente donde el Estado provincial los permite, con papeles en regla, bajo un supuesto "desarrollo sostenible" que en la práctica arrasa con monte, fauna y modos de vida campesinos.
Una defensa que no explica los desmontes
El gobierno formoseño argumenta que se han conservado 3,1 millones de hectáreas de bosque y otros 1,9 millones de ambientes naturales no boscosos, lo cual sería equivalente, según sus palabras, a “250 veces la Ciudad de Buenos Aires”. Pero omite un dato clave: el 90% de esos territorios ya estaban allí antes de cualquier política de ordenamiento. Lo que está en juego no es cuánto hay, sino cuánto se pierde cada año.
Y en eso, los números son contundentes. Rodríguez reconoce que entre 2000 y 2025 se transformaron 626.690 hectáreas mediante Cambios de Uso de Suelo (CUS). Greenpeace denuncia que, lejos de desacelerarse, la tendencia aumentó después de la Ley de Bosques. Si la norma es buena pero los desmontes aumentan, algo falla. Y ese “algo” es el uso discrecional del ordenamiento territorial como herramienta para legalizar el negocio del desmonte.
La trampa del relato “ambientalista”
El discurso oficial está cuidadosamente redactado para parecer moderno, técnico, progresista. Habla de “zonas corredores”, “mínimos prediales”, “corredores biológicos”, “conservación armónica” y otras fórmulas pensadas para confundir. Pero los satélites, las recorridas de Greenpeace y los propios informes internacionales muestran otra cosa: Formosa figura entre las provincias con mayor pérdida de monte nativo en la última década.
La comparación histórica del ministro también es tramposa: asegura que en 2008 Formosa tenía la misma superficie agropecuaria que Santiago del Estero en 1977, como si eso justificara la expansión actual. Pero lo que no dice es que Santiago del Estero es precisamente una de las provincias más devastadas por el avance indiscriminado del agronegocio. Usarla como referencia es como justificar un incendio diciendo que en Córdoba ya se quemó todo antes.
El relato gubernamental tiene un problema de fondo: no responde al eje central de la crítica de Greenpeace. Si la Ley de Bosques se implementó bien, ¿por qué hay más desmontes? Si el ordenamiento territorial fue ejemplar, ¿por qué las imágenes satelitales muestran retrocesos?
Lo que está claro es que Formosa no es víctima de un “malentendido ambiental” sino de una política deliberada de entrega del bosque nativo a la especulación agroganadera, con validación legal y discurso tecnocrático. El monte no se cae solo. Alguien lo habilita. Alguien lo firma. Y alguien lo cobra.
Llegó al Concejo gracias al sacrificio de una militante que fue presa mientras él tomaba café en Puerto Madero. Nunca presentó un proyecto relevante, perdió su banca pese al aparato radical, y ahora pretende dar lecciones de ética. Casadei encarna lo peor del nepotismo disfrazado de oposición.
La diputada provincial Gabriela Neme presentó un recurso de reposición contra la resolución del Tribunal Electoral que le negó una banca pese a haber obtenido más de 19 mil votos. Acusa al organismo de manipular el sistema D’Hondt, inventar un “piso” sin respaldo legal y violar la voluntad popular.
La oposición en Formosa no perdió solamente una elección. Perdió la brújula. Perdió sentido estratégico. Y, lo que es más grave, perdió su vínculo con la ciudadanía que alguna vez le creyó que era posible enfrentar al régimen de Insfrán.
La UCR formoseña volvió a lo que mejor sabe hacer: pactar con el poder que dice combatir. Lejos de denunciar la estafa electoral contra Gabriela Neme, se alineó con el gildismo y celebró una banca obtenida gracias a una trampa vergonzosa. En lugar de defender el voto popular, se convirtió en su verdugo. Una oposición que festeja el fraude no es oposición: es parte del problema.
Cobran por la memoria, pero militan el olvido. Juan Lenscak y otros “referentes” de derechos humanos devenidos en empleados del régimen de Insfrán, transformaron su condición de víctimas en una franquicia oficialista: ahora encubren, relativizan o directamente niegan violaciones actuales a cambio de sueldos, cátedras y micrófonos pagos por el Estado que los necesita obedientes.
En Formosa, ni sacar más votos te garantiza una banca. Gabriela Neme quedaría afuera de la Legislatura por una combinación perversa de ley de lemas, reparto arbitrario y castigo político. Molesta al oficialismo y eclipsa a una oposición cómoda: el sistema la quiere afuera, y el Tribunal Electoral obedece.
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