Aunque el discurso oficial en Formosa insiste en que la trata de personas es un fenómeno “menor” gracias a las políticas públicas, los datos comparativos de rescates en provincias del norte argentino revelan una realidad muy distinta. La baja cantidad de víctimas registradas en Formosa no prueba su eficacia, sino más bien su silencio.
Locales31/07/2025
leonardo fernández acosta
Cada 30 de julio, los gobiernos desempolvan discursos bienintencionados contra la trata de personas. En Formosa, la liturgia oficial se repitió con puntualidad casi suiza: acto institucional, taller informativo, despliegue de autoridades, y un mensaje tranquilizador del ministro Jorge González, quien aseguró que “el grado de este delito es menor en comparación a otras provincias, gracias a las políticas públicas del gobierno y al trabajo preventivo”.
Lo dijo sin pestañear. Como si estuviera hablando del dengue o del tránsito. Como si la trata fuera un fenómeno meteorológico que se aleja mágicamente del “modelo formoseño”.
La trata de personas es un delito complejo, invisible y muchas veces impune. Implica coerción, abuso, redes organizadas, complicidades estatales y judiciales, y sobre todo, víctimas que no pueden o no se atreven a hablar. En ese contexto, cualquier dato aislado o afirmación sin evidencia debería al menos generar desconfianza. Sin embargo, en Formosa ocurre lo contrario: la falta de denuncias se usa como prueba de éxito.
El problema es que la provincia carece de estadísticas públicas claras sobre la cantidad de víctimas rescatadas, causas judiciales, condenas o inspecciones preventivas. Y si los datos no se publican, no existen para el relato oficial.
Según los informes del Programa Nacional de Rescate del Ministerio de Justicia de la Nación, entre 2012 y 2023, provincias como Buenos Aires, CABA, Mendoza, Córdoba y Santa Fe concentraron la mayoría de los rescates. Formosa aparece con números bajos, pero eso no significa ausencia del delito, sino ausencia de detección. O peor: de voluntad.
Frontera caliente, discurso frío
Formosa comparte más de 1000 kilómetros de frontera con Paraguay, incluyendo pasos legales, informales e ilegales. Según informes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la OIM, las zonas de frontera, en especial las trinacionales, son puntos críticos para la trata, el contrabando de personas, y el tráfico sexual y laboral.
La triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil (zona de Puerto Iguazú, Ciudad del Este y Foz de Iguazú) es uno de los territorios más sensibles del continente para este delito. En esa región, las redes de trata operan con estructuras flexibles, vínculos policiales y circuitos logísticos que incluyen traslados forzados, documentos falsos y explotación en prostíbulos, campos, talleres o plataformas online.
Formosa no está en la triple frontera, pero comparte muchas de sus características de vulnerabilidad: pobreza estructural, pasos clandestinos, vínculos familiares binacionales, corrupción institucional y debilidad judicial. Sin embargo, mientras en Misiones, Corrientes o Salta se reconocen públicamente estos problemas, en Formosa se insiste con el eufemismo del “modelo integral”.
Un Estado que habla mucho cuando nadie lo contradice
Lo más inquietante del discurso oficial es su pretensión de clausurar el tema con una sonrisa. González destaca la “buena relación con los jueces federales”, el compromiso policial y la articulación estatal, como si eso garantizara eficacia. Pero se omite mencionar que las redes de trata suelen operar bajo el radar de esos mismos organismos, muchas veces con su tolerancia o complicidad. Un taller de concientización en el Galpón G va a desmantelar una red transnacional.
Tampoco hay una prensa investigativa capaz de profundizar en el tema, ni ONGs con autonomía para denunciar, ni testigos protegidos que cuenten lo que pasa en las rutas internas del trabajo esclavo, la prostitución forzada o el traslado de menores. Porque si hay algo que el poder formoseño sabe gestionar con eficiencia es el silencio.
Lo que falta no son palabras, sino víctimas visibles
La trata existe donde hay cuerpos disponibles, rutas abiertas y Estados débiles o cómplices. Todo eso sobra en Formosa. Lo que falta es el dato, el registro, la denuncia, el informe, la investigación. Lo que falta, y no por casualidad, es lo que desmiente el relato.
Mientras tanto, cada año, el 30 de julio, el Estado organiza su acto, sus discursos y su escenografía. Todo muy prolijo. Tan prolijo que nadie grita.
En julio, la provincia recibió un aumento real del 7,7% en coparticipación nacional. Sin embargo, el ministro Jorge Ibáñez se queja que Nación no transfiere un solo peso para la Caja de Jubilaciones, pese al flujo constante de fondos automáticos.
Tras llevar a la UCR provincial a uno de sus peores momentos históricos, Osvaldo Zárate reaparece como fiscal de la moral partidaria, repartiendo culpas mientras omite su largo historial de fracasos, alianzas oportunistas y silencios cómplices.
Aunque la conectividad mejoró notablemente en Formosa, los datos revelan que el desarrollo del empleo digital aún es marginal. La provincia lidera en participación del sector informático en el NEA, pero ese “logro” convive con un mercado laboral formal paupérrimo.
Esteban López Tozzi traiciona sus propios principios al defender la impunidad de Insfrán, demostrando que la coherencia política y el respeto por los derechos humanos son lo último que le interesa. Su defensa del autoritarismo formoseño es una vergonzosa muestra de pragmatismo vacío, dispuesto a sacrificar la verdad y la justicia por intereses electorales.
El senador del feudo habla de república: José Mayans, mano derecha de Insfrán y garante del régimen formoseño sin alternancia, ahora denuncia autoritarismo en Nación mientras sostiene una provincia sin división de poderes ni democracia real.
Con el ropaje de una modernización digital, el gildismo intenta consagrar en la nueva Constitución el control estatal sobre todo el ecosistema virtual: desde datos personales hasta criptomonedas, pasando por redes sociales, algoritmos y fake news. Una reforma que huele más a censura que a derechos.
Esteban López Tozzi traiciona sus propios principios al defender la impunidad de Insfrán, demostrando que la coherencia política y el respeto por los derechos humanos son lo último que le interesa. Su defensa del autoritarismo formoseño es una vergonzosa muestra de pragmatismo vacío, dispuesto a sacrificar la verdad y la justicia por intereses electorales.
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En julio, la provincia recibió un aumento real del 7,7% en coparticipación nacional. Sin embargo, el ministro Jorge Ibáñez se queja que Nación no transfiere un solo peso para la Caja de Jubilaciones, pese al flujo constante de fondos automáticos.
