Juramento feudal: la distopía de la nueva Constitución que seguramente será violada

En Formosa, la política parece un relato de realismo mágico, pero sin el encanto literario: una pesadilla repetida, donde la modernidad se anuncia con trompetas y actos solemnes, pero al abrir los ojos lo único que se ve son las mismas caras de hace décadas.

El jueves 11 de septiembre, en el Salón de Actos del sexto piso de la Casa de Gobierno, el gobernador Gildo Insfrán volvió a tomar juramento. Esta vez no era sobre la Constitución Nacional ni la vieja provincial: era la “remodelada a medida” Constitución de Formosa, presentada como un hito histórico. Y sin embargo, lo que se repitió fue el mismo elenco de ministros, secretarios y funcionarios que juran fidelidad al poder desde hace más de veinte años.

La ceremonia tuvo liturgia: himnos, actas leídas, solemnidad de escribana, firmas y aplausos. Pero el guion parecía escrito para el absurdo. Una carta magna presentada como moderna y renovadora, con palabras de futuro, se juraba por manos de un gobernador que lleva más de treinta años en el poder, de ministros envejecidos en los sillones del Estado y de una fiscal de Estado que parece más eterna que la propia piedra basal de la Casa de Gobierno.

Allí estaban, uno tras otro, los rostros de siempre: Antonio Ferreira, Jorge Abel González, Lucas Rodríguez, Aníbal Gómez, Oscar Ibañez, Julio Aráoz, Daniel Malich, Gloria Giménez, Silvia Segovia, María Cecilia Guardia Mendonça, Camilo Orrabalis, Patricia Hermosilla, Grissel Mabel Insfrán y Mario Romay. Todos alineados en la liturgia de la obediencia, todos jurando sin pestañear una Constitución hecha para blindar el poder que los sostiene.

Ejemplos: Stella Maris Zabala, fiscal de Estado. No es un cargo menor: es la responsable de defender los intereses jurídicos de la provincia, lo que en cualquier república debería significar marcar límites, sostener legalidad y garantizar un contrapeso frente a los excesos. En Formosa, en cambio, su papel se reduce a refrendar la eternidad del poder político. La fiscal de Estado, que jura la Constitución que debería controlar, es la síntesis perfecta de la degradación institucional.

O Antonio “Pomelo” Ferreira, jefe de Gabinete de Ministros y símbolo de permanencia absoluta. No solo eterno en el cargo, sino también con la exclusividad de negocios vinculados al diagnóstico por imágenes en la provincia. En la Formosa que se vende como “el mejor sistema de salud del país”, los hospitales carecen intencionalmente de tomógrafos. Entonces la pregunta es inevitable: ¿quién brinda los servicios de tomografía si no los hospitales? La respuesta es un secreto a voces: el negocio privado del diagnóstico por imágenes está monopolizado por el entorno del ministro. En Formosa, el derecho a la salud se transforma en una puerta de entrada al negocio de los amigos del poder.

Y en el centro del elenco, imposible de omitir, Jorge Abel González, ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, cara visible de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante la pandemia, cuando la violencia institucional y la rotura del estado de derecho fueron constantes, confinando a los ciudadanos en sus casas o en centros clandestinos de aislamiento, y que ahora juraba fidelidad a otra Constitución mientras nunca cumplieron la que estaba vigente.

La contradicción es brutal: se habla de modernidad constitucional mientras se exhibe la eternidad feudal de un poder que no se renueva jamás. ¿Cómo puede ser “histórica” una Constitución en la que jura un octuple gobernador rodeado de ministros que acumulan décadas de cargos, rompiendo con el principio más elemental de un sistema republicano: la periodicidad de los mandatos?

Más grave aún: el Poder Judicial no tuvo resquicio alguno de participación en la reforma. Una Constitución sancionada a espaldas de los jueces, subordinados de hecho al Ejecutivo, revela el verdadero diseño: un esquema donde no hay control, ni autonomía, ni contrapesos. En cualquier provincia seria, la Corte o el Superior Tribunal serían protagonistas en una discusión de semejante magnitud. En Formosa, fueron simples espectadores mudos de una obra que los excluye, porque la regla es clara: el poder no se discute, se acata.

La escena roza lo distópico. Como si Formosa existiera dentro de la República Argentina, pero en un estatus jurídico menor, un capitis deminutio colectivo.

En el derecho romano, la capitis deminutio era la pérdida de capacidad o estatus jurídico de una persona: podía implicar perder la libertad, la ciudadanía o hasta la pertenencia a una familia. Trasladado a la realidad formoseña, los ciudadanos parecen reducidos en su condición política: conservan el nombre de “ciudadanos” y el rótulo de “provincia argentina”, pero en los hechos viven como súbditos. Su participación democrática está vaciada, la alternancia es inexistente y la representación se limita a ratificar un poder eterno.

El ritual se presenta como institucional, pero en verdad es un recordatorio de lo que no cambia: un poder personalista que envejece con sus funcionarios y se enriquece en la comodidad de la función pública. Una Constitución “moderna” que choca contra una realidad aplastante: la eternidad de un mismo proyecto político que no admite alternancia, ni renovación, ni el mínimo aire fresco.

Más que un acto histórico, lo del jueves fue un cuadro surrealista: una carta magna recién pintada colgada en las paredes húmedas de un edificio que se cae a pedazos.

En Formosa, todo cambia para que nada cambie.