LIAG: las 40.000 hectáreas que Insfrán cedió a una empresa australiana y que hoy exponen la hipocresía del discurso de Mayans

José Mayans decidió volver a erigirse en guardián de la soberanía nacional cuestionando el proyecto del Gobierno que propone modificar el régimen de propiedad de las tierras rurales. El discurso intenta instalar que la defensa del territorio comenzó ahora y que el peronismo formoseño siempre actuó como un muro de contención frente a los intereses extranjeros. Los hechos documentados muestran otra realidad.

Los antecedentes desmienten el relato oficial. A fines de 1996, en una de las habituales sesiones de cierre del período legislativo, la Legislatura de Formosa sancionó la Ley Nº 1.218, mediante la cual autorizó al Poder Ejecutivo a adjudicar en forma directa aproximadamente 40.000 hectáreas de tierras y bosques fiscales, ubicadas en el departamento Bermejo, a LIAG Argentina S.A., empresa controlada por la familia australiana Kahlbetzer. El entonces gobernador Gildo Insfrán justificó la medida en la necesidad de impulsar un ambicioso proyecto de desarrollo agroindustrial, atraer inversiones y generar empleo en una región con escasa actividad económica.

El Decreto Nº 1.806 fijó el precio de venta en 8,46 pesos por hectárea, una cifra que desde distintos sectores fue considerada muy inferior al valor real del recurso entregado. El proyecto preveía el desmonte de miles de hectáreas de bosque nativo para desarrollar una explotación agrícola basada en algodón, maíz, soja y otros cultivos bajo riego. Diversas organizaciones ambientalistas y especialistas cuestionaron que la operación se apartaba del régimen general previsto por la legislación provincial sobre tierras fiscales y advirtieron sobre el impacto ambiental que tendría la transformación de uno de los ecosistemas más valiosos del Gran Chaco.

Las críticas no se limitaron al aspecto ambiental. Organizaciones como la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM) y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) cuestionaron públicamente el proyecto y rechazaron el estudio de impacto ambiental presentado durante la audiencia pública realizada en Laguna Yema en 1998. También denunciaron que familias campesinas fueron relocalizadas para permitir el avance del emprendimiento y advirtieron sobre las consecuencias sociales de la concentración de tierras fiscales en favor de un único operador privado.

Con el avance del proyecto también surgieron denuncias sindicales. La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) cuestionó las condiciones laborales de trabajadores vinculados a LIAG, denunciando empleo no registrado, demoras salariales, remuneraciones pagadas parcialmente mediante vales y falta de cobertura social. Mientras esas denuncias eran sostenidas por el gremio, el Gobierno provincial afirmaba que las inspecciones realizadas no habían detectado irregularidades laborales, reflejando una fuerte controversia sobre el funcionamiento del emprendimiento.

La historia tuvo un desenlace que hoy el oficialismo evita recordar. Los propios informes del Instituto Provincial de Colonización y Tierras Fiscales reconocen que la adjudicación especial fue modificada en 2008 y que LIAG quedó finalmente con 10.000 hectáreas, por otra ley a medida surgida de la Legislatura Provincial para expropiar a la empresa gran parte de las tierras . Lo cierto es que nadie conoce al día de hoy el grado de cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa ni el destino definitivo de las aproximadamente 30.000 hectáreas que dejaron de integrar aquella adjudicación extraordinaria. Esa reducción constituye uno de los tantos episodios oscuros  de la administración de las tierras fiscales en Formosa.

Ese antecedente desmiente el discurso que hoy pretende presentar cualquier participación de capitales extranjeros como una amenaza inédita para la soberanía. Cuando el inversor era una empresa australiana que llegaba con un proyecto de gran escala, el oficialismo formoseño no habló de entrega del patrimonio nacional. Habló de progreso, de inversión y de desarrollo.

La contradicción no es ideológica; es política. El mismo espacio que hoy condena la flexibilización del régimen de tierras promovió hace tres décadas una adjudicación extraordinaria a favor de una empresa extranjera. La diferencia radica únicamente en quién impulsa la medida. 

Hasta hoy no existe una explicación pública completa sobre las razones jurídicas que motivaron esa decisión, las condiciones del acuerdo original, el grado de cumplimiento de las inversiones comprometidas ni el destino definitivo de las aproximadamente 30.000 hectáreas que dejaron de integrar la adjudicación especial. Esa ausencia de información pública contrasta con la importancia institucional y económica de una operación de semejante magnitud.

La empresa continuó consolidándose como uno de los grandes actores del agronegocio argentino. Actualmente informa que explota alrededor de 79.000 hectáreas, opera aproximadamente 30.000 hectáreas bajo riego y produce cerca de 320.000 toneladas anuales de granos y fibras. El grupo empresarial logró expandirse y consolidar un modelo de producción intensiva basado en grandes extensiones de tierra y alta incorporación tecnológica.

Mientras tanto, durante décadas miles de pequeños productores, familias rurales y comunidades indígenas continuaron enfrentando enormes dificultades para acceder a la tierra, obtener títulos de propiedad o regularizar situaciones dominiales. Esa desigualdad en el acceso al recurso más importante del interior profundo constituye uno de los rasgos permanentes de la política agraria provincial.

José Mayans tiene derecho a expresar su posición sobre el proyecto nacional. Lo que no puede hacer es construir un relato que omite uno de los antecedentes más importantes de la historia reciente de Formosa. La defensa de la soberanía pierde credibilidad cuando se invoca únicamente frente a las decisiones de otros y se silencia la propia actuación política.

La soberanía territorial no se mide por la intensidad de los discursos pronunciados en el Senado. Se mide por la coherencia entre las palabras y los actos de gobierno. La adjudicación excepcional de 40.000 hectáreas de tierras fiscales a una empresa de capital australiano forma parte de esa historia. La posterior reducción de esa adjudicación también forma parte de esa historia. Ninguna de las dos puede desaparecer del debate público porque resultan incompatibles con el relato de una defensa incondicional y permanente de la tierra.

El oficialismo formoseño pretende discutir el futuro del régimen de tierras sin asumir las decisiones que tomó durante casi tres décadas de gobierno. Esa omisión debilita cualquier argumento basado en la soberanía y convierte el discurso en un ejercicio de memoria selectiva. La credibilidad política comienza por reconocer los propios antecedentes antes de juzgar los ajenos.