Crónica de una miseria anunciada: Insfrán y el arte de repartir pobreza en tres cuotas

urante casi tres décadas, el Gobierno de Gildo Insfrán perfeccionó una habilidad que ya forma parte de su ADN político: convertir lo insignificante en extraordinario. Esta vez no fue la excepción. Con la solemnidad de los grandes anuncios, el gobernador comunicó un aumento salarial del 15%, como si estuviera anunciando una revolución en el bolsillo de los empleados públicos.

Pero bastó leer la letra chica para descubrir que la supuesta generosidad oficial no era más que otra pieza de marketing político: el famoso 15% no llega hoy, ni mañana, sino repartido en tres modestas cuotas de apenas 5% cada una, como si la inflación hubiera decidido tomarse vacaciones hasta octubre.

La escena resulta casi caricaturesca. Mientras el Gobierno habla de porcentajes acumulados, de esfuerzo fiscal y de recursos propios, el empleado público mira el changuito del supermercado, paga la factura de la luz, compra medicamentos o intenta llegar a fin de mes con un ingreso que, en promedio, ronda el millón de pesos de bolsillo, inclusobuena parte de los jubilados y pensionados provinciales no llega a esa cifra ni lo hará. Esa es la realidad que ninguna conferencia de prensa puede maquillar. Porque el relato oficial puede inflar números, pero no llena la heladera. Y el discurso podrá repetirse hasta el cansancio en la maquinaria propagandística del Estado, pero la cajera del supermercado no cobra con comunicados de Insfrán y sus gremialistas sometidos.

Lo más llamativo no es siquiera el porcentaje anunciado, sino el intento de presentarlo como una demostración de grandeza política. Se insiste en que el aumento se paga "sin recurrir a deuda", como si el trabajador tuviera que emocionarse porque el Tesoro provincial mantiene sus cuentas ordenadas mientras su salario sigue perdiendo capacidad de compra.

Es un argumento curioso: el Gobierno presume de cuidar las finanzas públicas, pero parece haber renunciado hace tiempo a cuidar el ingreso de quienes sostienen el funcionamiento del propio Estado. En definitiva, el equilibrio fiscal no paga el alquiler, no llena el tanque de combustible y mucho menos alcanza para enfrentar una canasta básica que sigue muy por encima de los ingresos de miles de familias formoseñas.

La ironía alcanza niveles difíciles de superar cuando el propio Gobierno fija para octubre un piso salarial de bolsillo de 1.200.000 pesos y pretende instalar la idea de que esa cifra representa una conquista histórica.

El problema no es solamente cuánto aumenta el sueldo; el problema es cuánto dura ese aumento antes de evaporarse. En una economía donde los precios avanzan todos los meses, anunciar incrementos escalonados es como intentar apagar un incendio con un vaso de agua. Cuando llega la segunda cuota, la primera ya perdió valor; cuando aparece la tercera, las dos anteriores ya fueron devoradas por la inflación. Es un aumento que nace licuado, envejece antes de cobrarse y termina siendo otra falsa ilusión monetaria.

El oficialismo volverá a llenar los medios públicos con titulares sobre el "29% acumulado" y repetirá que Formosa protege a sus trabajadores frente a la crisis nacional. Pero la verdadera encuesta se hace todos los días en los comercios, donde cada empleado público descubre que el salario alcanza para menos, donde cada jubilado vuelve a tachar productos de la lista porque simplemente no puede pagarlos y donde cada familia entiende que las cifras grandilocuentes del Gobierno tienen cada vez menos relación con la economía real.

Porque el problema nunca fue anunciar aumentos. El problema es que después de treinta años de poder absoluto, el modelo formoseño sigue administrando salarios que apenas permiten sobrevivir y pretende que los trabajadores aplaudan porque la pobreza ahora también se paga... en cómodas cuotas de 5%.