El Diputado Provincial Juan Carlos Amarilla dijo en relación a la presentación que “la ciudadanía formoseña ha tomado conocimiento, con asombro, de informaciones periodísticas sobre numerosos testigos de actuación que aparecen repetidos en cientos de causas judiciales de manera notoriamente ilegal, vulnerando la garantía constitucional del debido proceso en el ámbito de los Tribunales provinciales”.
Locales25 de septiembre de 2021
leonardo fernández acosta
El bloque de diputados provinciales de Juntos por el Cambio concretó la presentación de un proyecto resolución ante la Legislatura de Formosa por el cual piden se cite al Ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Seguridad de la Provincia de Formosa Dr. Jorge Abel González, de conformidad con el Art. 112° de la Constitución Provincial por la reciente denuncia en las esferas del juzgado federal y que se difundiera por medios de difusión nacional.
Según se pudo saber de los fundamentos de la presentación, se habrían cometido violaciones a la Ley de Seguridad Interior (Ley 24.059, Art (s) 18° y 22°) y la Ley de Inteligencia Nacional (Ley 25.520, Art(s) 4°, Inc. 3) y 43° Ter), por funcionarios policiales con conocimiento de la Cúpula de conducción y por el propio integrante del Gabinete del Gobernador Gildo Insfrán.
El Diputado Provincial Juan Carlos Amarilla dijo en relación a la presentación que “la ciudadanía formoseña ha tomado conocimiento, con asombro, de informaciones periodísticas sobre numerosos testigos de actuación que aparecen repetidos en cientos de causas judiciales de manera notoriamente ilegal, vulnerando la garantía constitucional del debido proceso en el ámbito de los Tribunales provinciales”.
Agregó además que “estos mismos testigos, en declaraciones periodísticas, admiten ser “colaboradores permanentes” de la Policía provincial, evidenciando la existencia de un verdadero sistema ilegal organizado desde el inicio de la instrucción policial, que opera desde hace años, afectando gravemente la credibilidad en los procedimientos que realiza esa Fuerza como autoridad de prevención”.
En los extensos fundamentos del proyecto que lleva la firma de Osvaldo Zarate; Juan Carlos Amarilla; Ricardo Carbajal; Adrián Malgarini; Noelia Luna; Andrea Tassel; Enrique Ramírez y Mirna Molinas se indica que “esta utilización sistemática de los denominados “testigos truchos o plantados” ha desnaturalizado de manera absoluta los procedimientos policiales, y el resultado concreto es haberle quitado toda transparencia a esa actuación.
Los legisladores afirmaron además que “con la utilización de testigos plantados por la Policía se ha pretendido asimismo blanquear o justificar distintas “tareas de inteligencia” ilegal, obteniendo diversas informaciones de militantes sociales y dirigentes empresarios, para luego introducir dicha información como elementos probatorios en distintos expedientes judiciales”.
“Esto surge acreditado en una investigación llevada adelante por reconocidos Abogados del Foro Local, la que se ha visto plasmada en una denuncia penal que fue presentada ante el Juzgado Federal N° 2 de Formosa”, indicaron.
Inteligencia Ilegal
Los Diputados entienden que “la realización de tareas de inteligencia sobre organizaciones sociales, políticas y gremiales en violación a lo dispuesto por el art. 22° de la Ley N° 24.059, evidencian que la Policía de la Provincia, siguiendo instrucciones del ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de la provincia de Formosa, Dr. Jorge Abel González, ha incurrido en la violación del art. 4° inc. 3° de la Ley 25.520 que prohíbe “influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país, en su política exterior, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo”.
Sanción Penal a funcionarios policiales y gubernamentales
Para los legisladores “los funcionarios policiales y del Gobierno de la Provincia de Formosa que intervinieron y autorizaron las actividades de inteligencia ilegal que fueron oportunamente denunciadas, son pasibles de ser sancionados penalmente por aplicación de las referidas normas, tanto los que efectuaron directamente dichas actividades como los autores mediatos que “dispusieron y usaron”, por su jerarquía, la ejecución de las mismas”.
“No cabe duda alguna que es mediante la interpelación donde se puede reunir los elementos necesarios para deslindar las responsabilidades políticas pertinentes”, dijeron y agregaron para concluir que “el ejercicio de la Interpelación es un derecho de la minoría y así es entendida hoy en el derecho parlamentario y este mecanismo es saludable ya que permite transparentar la cosa pública, identificar los errores o la carencia de ética en el ejercicio de la función ejecutiva”.
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