La Policía de Formosa volvió a actuar como sabe: con opacidad, despliegue excesivo y nulo respeto por la transparencia. Mientras intenta descalificar al periodismo que investiga, se hunde en un descrédito irreversible, marcado por el historial de causas fraguadas, testigos falsos y operativos turbios. Nada en su versión oficial resiste el menor análisis. Y ya nadie les cree una sola palabra.
Locales03/06/2025
leonardo fernández acosta
Esta vez el escenario fue la localidad de General Belgrano, un pueblo que amaneció sitiado por fuerzas policiales como si se tratara de una redada antidroga o de la búsqueda de un prófugo de alto perfil. Pero no: el despliegue fue en la casa de la jueza de paz de la localidad, Romelia Sanchez, cuyo estado de salud y paradero siguen siendo un misterio convenientemente administrado por el silencio y la censura oficial.
Mientras los móviles policiales rodeaban la vivienda como si se tratara de un operativo antiterrorista, los vecinos asistían , desde las hendijas de sus cortinas, a una escena de película de bajo presupuesto, con todo el elenco completo: fiscales, jueces, psiquiatras, testigos, actas. Todo menos respuestas. El motivo, por supuesto ocultar lo que pasaba en el interior de la casa de la protagonista que salió escondida de toda mirada, nadie sabe si en camillas, en ambulancia o en un patrullero.
Los habitantes del pueblo, que conocen de cerca el precio de opinar en voz alta, optaron por el silencio. No hablan. No preguntan. No salen de sus casas. No por cautela, sino por miedo. Porque en Formosa hablar puede salir caro, y la Policía no necesita orden judicial para visitar domicilios con uniforme y libreto oficial.
El motivo oficial fue aún más desconcertante. Según el comunicado policial, los efectivos asistieron a “una funcionaria judicial ante un problema de salud”. Y por tratarse de una figura judicial, “el caso se informó a la Jueza de Instrucción y Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial, Dra. Mariela Portales, y a la fiscal Gloria Gómez”. Luego se menciona la participación de un psiquiatra, un forense, el relevamiento del inmueble, actas, y el posterior traslado de la funcionaria al Hospital Cruz Felipe Arnedo de Clorinda.
Hasta aquí, el guion podría pasar por un parte médico, si no fuera por la desproporción obscena entre el supuesto malestar de salud y el circo policial montado. Porque, ¿desde cuándo una indisposición clínica requiere la intervención de media Unidad Regional, una fiscal, una jueza, testigos, inspección ocular de la vivienda y entrega formal de llaves?
La Policía, lejos de traer claridad, redactó un parte oficial tan absurdo como inconsistente. Asegura que “los médicos examinaron a la funcionaria y recomendaron su traslado e internación”, sin especificar diagnóstico, síntomas ni motivos reales del procedimiento. Además, aclaran que “no se hallaron rastros que hagan presumir un delito”, como si alguien hubiera sugerido que se estaba investigando un crimen. ¿Fue una internación o un allanamiento encubierto? ¿Fue voluntaria o forzada? ¿La jueza firmó su consentimiento? ¿Dónde está ahora?
La falta de explicaciones no solo genera sospechas: las potencia. En cualquier otra provincia del país, el traslado hospitalario de una jueza sería un hecho estrictamente médico, no un operativo con presencia judicial, fiscal, policial y de testigos civiles. Pero en Formosa, cualquier cosa que se parezca a un procedimiento tiene más que ver con el control que con la legalidad.
Y en este episodio, como en tantos otros, la Policía no responde preguntas, ataca a la prensa, y la jueza no aparece para desmentir, confirmar o siquiera mostrar que está bien. La verdad solo la tiene la evidencia que podría presentar el estado de salud de la funcionaria del Poder Judicial ¿Está golpeada? ¿Tiene lesiones visibles? La sacaron a escondidas para que nadie la viera.
Como siempre, la Policía actúa como si fueran delincuentes, cuando nadie pueda ver. Después de horas de hermetismo, censura y versiones cruzadas, pretende justificar su accionar con un comunicado tardío, insuficiente e inverosímil. Sin una sola imagen, sin un solo testimonio oficial de la jueza, sin más sustento que su propia palabra. Todo huele a montaje. Otro más. Como cuando en plena pandemia fabricaban causas con testigos falsos y pruebas inventadas, amparados por el silencio cómplice del poder judicial.
La diferencia hoy es que el show fue demasiado grande como para pasar desapercibido. Y aunque los vecinos callen, la verdad ya empezó a hablar.
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