Los límites de la provincia con la república del Paraguay son virtualmente un colador y hay más de 500 kilómetros en toda la provincia sin los recursos humanos o logísticos para controlarlos.
Locales02/12/2021
leonardo fernández acosta
A pesar de la versión oficial del gobierno de la provincia de Formosa, responsabilizando a los amparos en la justicia federal, a un juez federal, a la oposición o a los gastronómicos entre otros, de la explosión de casos a principios de este año de coronavirus, por el seguimiento de los casos, los contagios comunitarios aparecieron por dos puntos relevantes, la frontera con el Paraguay y los límites en el oeste con la provincia de Salta y Chaco.
Aún con la frontera cerrada, los pasos clandestinos con mayor o menor vigilancia de las fuerzas de seguridad nacionales o la policía de la provincia, eran imposibles de controlar por su gran extensión. De hecho los pasos más populares por su intenso tráfico, seguían funcionando, en menor medida, pero lo seguían haciendo.
La realidad es que no ha habido un solo gobierno que haya tomado en serio las fronteras durante años y a esto se le suma la complicidad de organismos públicos en generar verdaderas zonas liberadas por el inmenso negocio del narcotráfico y el contrabando. Por lo que los resultados respecto de una nueva variante desde el Brasil, donde ya se ha detectado la Ómicron, que transcurrirá el mismo recorrido que todas las demás variantes con un gobierno provincial y nacional incompetentes para el control de fronteras, salvo claro que el COVID 19 y su portador decida pasar por los pasos fronterizos habilitados".
En la ciudad de Formosa por diversos lugares como El Mangal, Isla 9 o hacia el sector de Banco Payaguá a unos 20 kilómetros del casco urbano. Colonia Aquino o Colonia Cano por donde de manera recurrente pasaron los ciudadanos paraguayos que vinieron a votar en las elecciones, lo podrían volver a hacer en cualquier oportunidad.
En la ciudad de Clorinda por la propia barrera en el barrio 25 de mayo, donde debe haber cerca de 50 puentes clandestinos realizados con "Palets" que así como los desarma Gendarmería Nacional, se vuelven a armar en cuestión de horas por la poca profundidad del río que hace de límite natural. Además hay botes que sencillamente están en costa de la ciudad paraguaya de Nanawa y tienen un amarre mediante una soga a la costa argentina de la segunda ciudad formoseña. De la misma manera en el Barrio El Porteño, muy cerca del complejo fronterizo, San Ignacio de Loyola, el cruce clandestino con embarcaciones clandestinas se realiza con controles casi nulos.
Lo mismo ocurre en la zona de Puerto Pilcomayo, donde los controles de Prefectura Naval, no llegan a cubrir los kilómetros de ríos y riachos por donde los contrabandistas se mueven, conociendo perfectamente los recursos en lanchas y personal del personal de las fuerzas de seguridad argentino.
De hecho la muestra más evidente del descontrol en las fronteras, es el millonario contrabando de productos argentinos que pueden encontrarse en la frontera o de igual manera en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, por lo que por las mismas rutas por donde pasa el contrabando, el narcotráfico, la trata de personas o los delincuentes en fuga, pasan también las personas portadoras de COVID 19 con todas sus variantes.
De hecho el riesgo de la frontera, fue reconocida por uno de los miembros del Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID 19, Dr. Mario Romero Bruno, que aseguró, "Nuestro mayor riesgo es ser una provincia limítrofe, hay que ver cuáles son las medidas que pueda tomar Paraguay respecto a esta situación, siempre está
la vigilancia y atención” subrayó.
Pero la realidad es que no ha habido un solo gobierno que haya tomado en serio las fronteras durante años y a esto se le suma la complicidad de organismos públicos en generar verdaderas zonas liberadas por el inmenso negocio del narcotráfico y el contrabando. Por lo que los resultados respecto de una nueva variante desde el Brasil, donde ya se ha detectado la Ómicron, transcurrirá el mismo recorrido que todas las demás variantes con un gobierno provincial y nacional incompetentes para el control de fronteras, salvo claro que el COVID 19 y su portador decida pasar por los pasos fronterizos habilitados.
Un video viral mostró a un inspector municipal exigiendo más de 23 mil pesos a un camionero para permitirle el ingreso a la capital formoseña. La maniobra, avalada por una ordenanza del intendente Jorge Jofré, viola los principios constitucionales sobre libre circulación y desató nuevas denuncias por abuso de poder
La manipulación estadística no sólo es un delito: es una forma de desprecio hacia el bien común. En vez de mejorar la realidad, se la falsifica. En vez de enfrentar los problemas, se los maquilla. Y en ese acto se desnuda algo más profundo: el poder entiende que es más importante que la gente crea que todo está bien, que hacer que realmente lo esté.
En Formosa, el poder ya no gobierna: administra su propio miedo. La decisión del gobierno de Gildo Insfrán de prohibir a las escuelas participar del aniversario de Las Lomitas, solo porque el intendente es opositor, muestra la degradación absoluta de un régimen que perdió toda noción de Estado. En lugar de educar en libertad, se adoctrina en obediencia; en lugar de celebrar una comunidad, se la castiga por pensar distinto. La miseria política se volvió método de control, y la decadencia moral, su marca de identidad.
El intento de vender a Gildo Insfrán como “líder nacional” del peronismo es tan absurdo como anacrónico. Mientras el PJ bonaerense se derrumba y el país reclama renovación, un analista de los 70 pretende resucitar a un caudillo provincial cercado por su propio desgaste, su modelo agotado y la sombra cada vez más cercana de una intervención federal.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
En Formosa, el poder ya no gobierna: administra su propio miedo. La decisión del gobierno de Gildo Insfrán de prohibir a las escuelas participar del aniversario de Las Lomitas, solo porque el intendente es opositor, muestra la degradación absoluta de un régimen que perdió toda noción de Estado. En lugar de educar en libertad, se adoctrina en obediencia; en lugar de celebrar una comunidad, se la castiga por pensar distinto. La miseria política se volvió método de control, y la decadencia moral, su marca de identidad.
La manipulación estadística no sólo es un delito: es una forma de desprecio hacia el bien común. En vez de mejorar la realidad, se la falsifica. En vez de enfrentar los problemas, se los maquilla. Y en ese acto se desnuda algo más profundo: el poder entiende que es más importante que la gente crea que todo está bien, que hacer que realmente lo esté.
Un video viral mostró a un inspector municipal exigiendo más de 23 mil pesos a un camionero para permitirle el ingreso a la capital formoseña. La maniobra, avalada por una ordenanza del intendente Jorge Jofré, viola los principios constitucionales sobre libre circulación y desató nuevas denuncias por abuso de poder
