"Lo que más duele es que el estado trate de minimizar o ataque a los que los ponen en evidencia como los opositores o la iglesia y ver en contrasentido que el intendente de Pozo del Tigre, está promocionando un carnaval lo cual es una falta de respeto a la necesidad de un pueblo" dijo la legisladora.
En una acción repudiable, pasible de una denuncia, al menos dos intendentes del interior de la provincia de Formosa, habrían impedido que camiones que no sean del municipio o del gobierno provincial, carguen agua en las plantas potabilizadoras para distribuir a la gente.
Es una postal constante la de cisternas arrastradas por tractores o camiones para la distribución de agua debido a la falta de redes de distribución pero la sequía, la falta de previsión y obras, hacen que la falta del vital líquido constituya una emergencia humanitaria.
Mientras los afiliados soportan la falta de especialistas, largas esperas y trámites interminables, ahora también deben tolerar respuestas soberbias, burlas y una atención impropia de un organismo que existe para cuidar la salud de quienes financian el sistema. La sucursal sobre la calle Rivadavia sumó la falta de respeto a la lista.
Mientras tres decanos de la Universidad Nacional de Formosa enfrentan denuncias por presuntamente no reunir los requisitos legales para ejercer sus cargos, una nueva controversia por la incorporación de una representante al Consejo Superior, mediante una medida judicial excepcional, profundiza una crisis institucional que ya no gira en torno a la educación, sino a la legitimidad de quienes conducen la casa de altos estudios.
Luego del informe publicado por Formosa Investiga, el caso del juez federal Pablo Morán escaló a la agenda nacional. La permanencia del magistrado en el Tribunal de Ética de la AFA, el reclamo de ACIJ ante la Corte Suprema por una presunta incompatibilidad de funciones y las versiones sobre su actuación durante el Mundial reavivaron el debate sobre los límites éticos que deben observar quienes administran justicia.
El Gobierno reabre el plazo para que los estatales regularicen una obligación administrativa bajo amenaza de sanciones disciplinarias. Sin embargo, quienes concentran el poder político desde hace décadas continúan sin someterse al mismo nivel de publicidad patrimonial que le exigen al resto. La transparencia, en Formosa, parece tener escalafón.