leonardo fernández acosta
A pesar de los deseos de los gobernadores y la CGT, la Corte no movería los expedientes que llegaron al Máximo Tribunal contra el DNU de Milei. Se trata de cautelares pedidas por la CGT, el Instituto de la Yerba Mate y la provincia de La Rioja.
Una de las tradiciones no escritas de la Corte es no intervenir cuando hay negociaciones abiertas, como ocurre en el Congreso: el poder legislativo comenzará a sesionar el 1° de marzo y los ministros estarán atentos a lo que ocurra con la Comisión Bicameral de los DNU.
La demanda de La Rioja está vinculada a lo que consideran una "retención indebida" de los aportes del Tesoro Nacional por 47 mil millones de pesos. El del gobernador Quintela es un caso muy particular.
Hace menos de un año, en marzo de 2023, presentó una demanda contra la Corte por haber intervenido en el caso de la quita de coparticipación a la Ciudad. El gobernador alegó que el recorte era una potestad del Poder Ejecutivo y que la Corte no debía interceder. Todo lo contrario a lo que demanda Quintela en el caso de los ATN.
Pero, además, los gobernadores peronistas con Quintela incluido, presentaron un pedido de juicio político contra la Corte tomando la intervención del tribunal en el caso de la Ciudad como una de las causales de destitución.
La otra cuestión que impide una presentación ante la Corte contra las recientes medidas del gobierno está vinculada con el tiempo. Un reclamo de esa magnitud debe cumplir con pasos administrativos que permitan constituir en mora al gobierno y comprobar la intención manifiesta de Nación de no pagar. Para eso faltan aún entre 3 y 6 meses.
Respecto de la caja compensadora del interior, el gobierno no giró fondos a las provincias en 2024. Luis Caputo había avisado que no enviaría enero, mientras que la decisión terminar definitivamente con ese subsidio llegó luego del fracaso de la Ley Ómnibus.
El ministro de Economía retacea los fondos para cumplir con las metas del déficit cero negociado con el Fondo. Eso también permite licuar las deudas: con 20% de inflación mensual, dos o tres meses de mora en los giros harán que los pasivos bajen casi a la mitad.
Por eso entre los gobernadores creen que no será tan fácil interponer una demanda en la Corte.
