La Corte no movería los expedientes que llegaron al Máximo Tribunal contra el DNU de Milei. Esperan que resuelva el legislativo
Nacionales14/02/2024
leonardo fernández acosta
A pesar de los deseos de los gobernadores y la CGT, la Corte no movería los expedientes que llegaron al Máximo Tribunal contra el DNU de Milei. Se trata de cautelares pedidas por la CGT, el Instituto de la Yerba Mate y la provincia de La Rioja.
Una de las tradiciones no escritas de la Corte es no intervenir cuando hay negociaciones abiertas, como ocurre en el Congreso: el poder legislativo comenzará a sesionar el 1° de marzo y los ministros estarán atentos a lo que ocurra con la Comisión Bicameral de los DNU.
La demanda de La Rioja está vinculada a lo que consideran una "retención indebida" de los aportes del Tesoro Nacional por 47 mil millones de pesos. El del gobernador Quintela es un caso muy particular.
Hace menos de un año, en marzo de 2023, presentó una demanda contra la Corte por haber intervenido en el caso de la quita de coparticipación a la Ciudad. El gobernador alegó que el recorte era una potestad del Poder Ejecutivo y que la Corte no debía interceder. Todo lo contrario a lo que demanda Quintela en el caso de los ATN.
Pero, además, los gobernadores peronistas con Quintela incluido, presentaron un pedido de juicio político contra la Corte tomando la intervención del tribunal en el caso de la Ciudad como una de las causales de destitución.
La otra cuestión que impide una presentación ante la Corte contra las recientes medidas del gobierno está vinculada con el tiempo. Un reclamo de esa magnitud debe cumplir con pasos administrativos que permitan constituir en mora al gobierno y comprobar la intención manifiesta de Nación de no pagar. Para eso faltan aún entre 3 y 6 meses.
Respecto de la caja compensadora del interior, el gobierno no giró fondos a las provincias en 2024. Luis Caputo había avisado que no enviaría enero, mientras que la decisión terminar definitivamente con ese subsidio llegó luego del fracaso de la Ley Ómnibus.
El ministro de Economía retacea los fondos para cumplir con las metas del déficit cero negociado con el Fondo. Eso también permite licuar las deudas: con 20% de inflación mensual, dos o tres meses de mora en los giros harán que los pasivos bajen casi a la mitad.
Por eso entre los gobernadores creen que no será tan fácil interponer una demanda en la Corte.
Los gobernadores de Provincias Unidas frenaron el apuro de Milei y le bajaron el precio a su convocatoria: acumulan reproches por el maltrato recibido, no están dispuestos a favorecer a un competidor en plena campaña y sienten que el Círculo Rojo empieza a girar hacia ellos como alternativa de gobernabilidad.
Los gobernadores de la liga se montaron a la victoria del correntino. Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Juan Schiaretti (exgobernador de Córdoba) saludaron el triunfo como propio y buscaron darle volumen nacional al armado de Provincias Unidas, la liga que intenta abrirse camino como tercera vía frente a Javier Milei y el kirchnerismo.
Valdés sabe que el antiperonismo no necesita necesariamente a Milei para sobrevivir. Y que la UCR, con sus territorios, todavía tiene capital político para disputar el centro de la escena nacional.
Conscientes de que el tiempo se les agota y las urnas les serán adversas en octubre, el kirchnerismo, acompañado por radicales oportunistas y falsos moderados, lanzó un nuevo golpe institucional: leyes previsionales que buscan romper el equilibrio fiscal y torcerle el brazo a Milei. El Presidente ya anunció el veto.
La impunidad se quedará sin fueros: la Corte Suprema confirmará la condena a Cristina Kirchner por corrupción y allanará el camino a su detención. Se acabaron los discursos, las operaciones y el blindaje político. El final del relato ya no es épico: es judicial.
El presidente asistió a inaugurar las sesiones ordinarias y tuvo un más que frío reencuentro con la vice. Apuntó contra Kicillof -ausente- por la inseguridad. Su cruce con un radical derivó en un protagonismo de Santiago Caputo en el final de la jornada. Recinto despoblado.
En la provincia “más barata” del país, el salario promedio del empleado público no alcanza para vivir: llenar el changuito exige destinar todo el sueldo a alimentos, dejando afuera alquiler, servicios y transporte. Por eso, el changuito completo no existe: se compra menos, se recorta y se sobrevive.
Lo que está en juego excede largamente una polémica circunstancial o una pelea de redes sociales. Aquí se expone un mecanismo preocupante: un alto funcionario provincial se vale de registros sensibles, de procedencia nunca aclarada, para montar una operación de desgaste contra una dirigente opositora, amparado en un anonimato tan oportuno como funcional y amplificado por el aparato mediático oficial. No es azar ni torpeza: es un libreto conocido que muestra cómo el poder administra la intimidación desde el Estado.
La detención de un ex concejal de Pirané con cinco kilos de marihuana, cocaína y dinero en efectivo no puede ser presentada como un problema de adicciones ni como un drama familiar. Se trata de un caso de narcotráfico que involucra a una figura pública y que tiene consecuencias políticas directas para su padre, ex intendente y actual referente de La Libertad Avanza, que intenta correr el eje del hecho hacia la victimización personal para diluir responsabilidades institucionales.
La coparticipación es el arma de castigo de Insfrán: en su Formosa, un ciudadano de un municipio leal vale nueve veces más que uno de un pueblo disidente. No es gestión, es venganza política. La lealtad se paga con el hambre ajeno.
Detrás del "Modelo Formoseño", un esquema de capitalismo de amigos: el Estado como socio oculto y garante de negocios presentados como privados en donde REFSA funciona más como una caja política y un operador financiero opaco que como una empresa al servicio del bienestar público.
