Con movilización en las afueras del Congreso, LLA y sus aliados consiguieron el tercio en la Cámara de Diputados para impedir que se insista con la norma. Fue por 160 votos positivos, 84 negativos y 5 abstenciones.
Nacionales09/10/2024
leonardo fernández acosta
Con números cambiantes en las horas previas, confirmaciones al filo de la sesión, y un escenario que anticipaba una ventaja y eventual victoria para el Gobierno, La Libertad Avanza consiguió este miércoles blindar el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario en la Cámara de Diputados. La votación por la insistencia de la norma, que debía reunir dos tercios de los presentes, resultó con 159 votos positivos, 85 negativos y 5 abstenciones. Una diputada libertaria aclaró el sentido de su voto, que fue negativo, pero había quedado como positivo en el tablero.
Con protestas en las afueras del Congreso, el oficialismo consiguió en menos de un mes (el pasado 11 de septiembre se ratificó el veto sobre jubilaciones) reunir nuevamente un tercio de legisladores que permitan sostener la decisión presidencial. En ese momento fueron 87, a los que el presidente Javier Milei calificó de “héroes”.
A La Libertad Avanza lo acompañaron este miércoles sus aliados: 35 del Pro -excepto dos y un ausente-, 2 del MID, 3 de Independencia, el monobloque CREO, 4 diputados de la UCR –Martín Arjol, Mariano Campero, Luis Picat y Federico Tournier– y 1 del bloque Por Santa Cruz, José Luis Garrido.
Por la positiva lo hicieron 98 de Unión por la Patria, 27 de la UCR, 13 de Encuentro Federal, 4 de Innovación Federal, 6 de la Coalición Cívica, 5 del Frente de Izquierda, 1 de Por Santa Cruz, 2 de Producción y Trabajo, el monobloque Movimiento Popular Neuquino, la exlibertaria Lourdes Arrieta y 2 del Pro.
Las cinco abstenciones fueron de los cuatro diputados por Misiones de Innovación Federal: Carlos Fernández, Yamila Ruiz, Daniel Vancsik y Alberto Arrúa; y del radical Pablo Cervi, el quinto diputado de la UCR del grupo que se fotografió con Milei.
En la votación estuvieron 8 diputados ausentes Héctor “Tito” Stefani (Pro), Oscar Zago (MID), Fernando Carbajal (UCR), Yolanda Vega (Innovación Federal), Alejandra Torres, Jorge Ávila, Ricardo López Murphy (Encuentro Federal). Por Unión por la Patria no bajó al recinto la catamarqueña Fernanda Ávila, quien responde al gobernador Raúl Jalil.
Con un reclamo universitario que se arrastra desde el comienzo del año, a raíz de las partidas presupuestarias desactualizadas, el tema unió a distintos sectores de la oposición en una media sanción que fue votada en Diputados el 15 de agosto, y se sancionó finalmente el 13 de septiembre en el Senado.
La norma, sobre la cual la Oficina de Presupuesto del Congreso había calculado un costo fiscal de 0,14% del PBI, preveía que el Poder Ejecutivo debía “actualizar las partidas presupuestarias del año 2024 a fin de garantizar el financiamiento de las Universidades Nacionales”.
Asimismo, encomendaba al Gobierno a “recomponer los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional a partir del 1 de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la ley por la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante dicho periodo”.
También indicaba que “desde el mes siguiente a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre del año 2024 deberá actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación” informada por el INDEC.
En el límite de la fecha para publicar el veto, y al día siguiente de la segunda masiva marcha en defensa de las universidades, el pasado 3 de octubre el Poder Ejecutivo oficializó el decreto 879/24, por el cual observó totalmente la ley.
Según los argumentos del Gobierno, el proyecto “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”. “No pretende defender ni garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales, sino que procura dañar al gobierno políticamente”, lanzó el PEN.
A contrarreloj, y ante el pedido de sus aliados del Pro, el Gobierno avanzó estos últimos días en anuncios sobre mejora salarial para el personal universitario. Primero comunicó que, “pese al rechazo gremial”, otorgará un aumento del 6,8%. Luego, informó que actualizará la garantía salarial docente a abril 2024.
Conscientes de que el tiempo se les agota y las urnas les serán adversas en octubre, el kirchnerismo, acompañado por radicales oportunistas y falsos moderados, lanzó un nuevo golpe institucional: leyes previsionales que buscan romper el equilibrio fiscal y torcerle el brazo a Milei. El Presidente ya anunció el veto.
La impunidad se quedará sin fueros: la Corte Suprema confirmará la condena a Cristina Kirchner por corrupción y allanará el camino a su detención. Se acabaron los discursos, las operaciones y el blindaje político. El final del relato ya no es épico: es judicial.
El presidente asistió a inaugurar las sesiones ordinarias y tuvo un más que frío reencuentro con la vice. Apuntó contra Kicillof -ausente- por la inseguridad. Su cruce con un radical derivó en un protagonismo de Santiago Caputo en el final de la jornada. Recinto despoblado.
Fue en una conferencia de prensa conjunta entre Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo. La baja para los principales cultivos será hasta junio.
El jefe del bloque de UP criticó al Tribunal Supremo porque “es funcional a este gobierno. Juegan más a la política que a la justicia”. Así, defendió a Gildo Insfran: “Ha hecho una administración increíble”, y consideró que la vacante en la Corte la tiene que ocupar una mujer.
Javier Milei enfrenta una denuncia por vacancia presidencial debido a presuntas irregularidades y ausencias en el ejercicio de sus funciones, generando un intenso debate sobre la gobernabilidad y la estabilidad institucional en Argentina. El que lo denuncia se autodenomina presidente de La Libertad Avanza Buenos Aires.
La diputada radical reivindicó la presencia de su bancada en la Convención Constituyente, acusó al oficialismo de “atropellar la Constitución” y tildó de “cobardes” a quienes abandonaron sus bancas. Aseguró que cada voto en contra será la base para impugnar la reforma ante la Corte Suprema.
Mientras la cifra de víctimas del fentanilo contaminado sigue en aumento, la transparencia brilla por su ausencia: hospitales, laboratorios y autoridades sanitarias dilatan información y esconden responsabilidades. Lo que podría ser un escándalo controlado se convierte en una tragedia evitable, donde la negligencia y el silencio oficial matan tanto como la droga misma.
El armado de Gerardo González se desmorona y, con él, la ficción de una conducción partidaria: en LLA manda quien tiene territorio, no quien firma papeles. La política es un terreno cruel para quienes creen que el liderazgo se construye con cargos y no con votos. Y hoy LLA en Formosa paga esa factura
Cambio de figuritas: Fernández Patri deja su banca tras años de un paso fantasma por el Congreso, y Graciela de la Rosa, reciclada del aparato y obediente ejecutora de la reforma insfranista, se garantiza otros cuatro años viviendo del Estado. El enroque gildista se repite: sale un legislador sin voz propia y entra una funcionaria eterna.
Con un radicalismo resignado a inmolar a uno de los suyos y un peronismo que difícilmente supere los 200 mil votos en unas nacionales donde el aparato no juega igual que en las provinciales, todo indica que la mayor parte de los 100 mil sufragios opositores migrarán por voto útil hacia La Libertad Avanza, que se encamina a ser primera minoría aunque siga actuando como el cornudo: el único que no se entera.
