Con movilización en las afueras del Congreso, LLA y sus aliados consiguieron el tercio en la Cámara de Diputados para impedir que se insista con la norma. Fue por 160 votos positivos, 84 negativos y 5 abstenciones.
Nacionales09/10/2024
leonardo fernández acosta
Con números cambiantes en las horas previas, confirmaciones al filo de la sesión, y un escenario que anticipaba una ventaja y eventual victoria para el Gobierno, La Libertad Avanza consiguió este miércoles blindar el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario en la Cámara de Diputados. La votación por la insistencia de la norma, que debía reunir dos tercios de los presentes, resultó con 159 votos positivos, 85 negativos y 5 abstenciones. Una diputada libertaria aclaró el sentido de su voto, que fue negativo, pero había quedado como positivo en el tablero.
Con protestas en las afueras del Congreso, el oficialismo consiguió en menos de un mes (el pasado 11 de septiembre se ratificó el veto sobre jubilaciones) reunir nuevamente un tercio de legisladores que permitan sostener la decisión presidencial. En ese momento fueron 87, a los que el presidente Javier Milei calificó de “héroes”.
A La Libertad Avanza lo acompañaron este miércoles sus aliados: 35 del Pro -excepto dos y un ausente-, 2 del MID, 3 de Independencia, el monobloque CREO, 4 diputados de la UCR –Martín Arjol, Mariano Campero, Luis Picat y Federico Tournier– y 1 del bloque Por Santa Cruz, José Luis Garrido.
Por la positiva lo hicieron 98 de Unión por la Patria, 27 de la UCR, 13 de Encuentro Federal, 4 de Innovación Federal, 6 de la Coalición Cívica, 5 del Frente de Izquierda, 1 de Por Santa Cruz, 2 de Producción y Trabajo, el monobloque Movimiento Popular Neuquino, la exlibertaria Lourdes Arrieta y 2 del Pro.
Las cinco abstenciones fueron de los cuatro diputados por Misiones de Innovación Federal: Carlos Fernández, Yamila Ruiz, Daniel Vancsik y Alberto Arrúa; y del radical Pablo Cervi, el quinto diputado de la UCR del grupo que se fotografió con Milei.
En la votación estuvieron 8 diputados ausentes Héctor “Tito” Stefani (Pro), Oscar Zago (MID), Fernando Carbajal (UCR), Yolanda Vega (Innovación Federal), Alejandra Torres, Jorge Ávila, Ricardo López Murphy (Encuentro Federal). Por Unión por la Patria no bajó al recinto la catamarqueña Fernanda Ávila, quien responde al gobernador Raúl Jalil.
Con un reclamo universitario que se arrastra desde el comienzo del año, a raíz de las partidas presupuestarias desactualizadas, el tema unió a distintos sectores de la oposición en una media sanción que fue votada en Diputados el 15 de agosto, y se sancionó finalmente el 13 de septiembre en el Senado.
La norma, sobre la cual la Oficina de Presupuesto del Congreso había calculado un costo fiscal de 0,14% del PBI, preveía que el Poder Ejecutivo debía “actualizar las partidas presupuestarias del año 2024 a fin de garantizar el financiamiento de las Universidades Nacionales”.
Asimismo, encomendaba al Gobierno a “recomponer los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional a partir del 1 de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la ley por la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante dicho periodo”.
También indicaba que “desde el mes siguiente a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre del año 2024 deberá actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación” informada por el INDEC.
En el límite de la fecha para publicar el veto, y al día siguiente de la segunda masiva marcha en defensa de las universidades, el pasado 3 de octubre el Poder Ejecutivo oficializó el decreto 879/24, por el cual observó totalmente la ley.
Según los argumentos del Gobierno, el proyecto “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”. “No pretende defender ni garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales, sino que procura dañar al gobierno políticamente”, lanzó el PEN.
A contrarreloj, y ante el pedido de sus aliados del Pro, el Gobierno avanzó estos últimos días en anuncios sobre mejora salarial para el personal universitario. Primero comunicó que, “pese al rechazo gremial”, otorgará un aumento del 6,8%. Luego, informó que actualizará la garantía salarial docente a abril 2024.
Los gobernadores de Provincias Unidas frenaron el apuro de Milei y le bajaron el precio a su convocatoria: acumulan reproches por el maltrato recibido, no están dispuestos a favorecer a un competidor en plena campaña y sienten que el Círculo Rojo empieza a girar hacia ellos como alternativa de gobernabilidad.
Los gobernadores de la liga se montaron a la victoria del correntino. Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Juan Schiaretti (exgobernador de Córdoba) saludaron el triunfo como propio y buscaron darle volumen nacional al armado de Provincias Unidas, la liga que intenta abrirse camino como tercera vía frente a Javier Milei y el kirchnerismo.
Valdés sabe que el antiperonismo no necesita necesariamente a Milei para sobrevivir. Y que la UCR, con sus territorios, todavía tiene capital político para disputar el centro de la escena nacional.
Conscientes de que el tiempo se les agota y las urnas les serán adversas en octubre, el kirchnerismo, acompañado por radicales oportunistas y falsos moderados, lanzó un nuevo golpe institucional: leyes previsionales que buscan romper el equilibrio fiscal y torcerle el brazo a Milei. El Presidente ya anunció el veto.
La impunidad se quedará sin fueros: la Corte Suprema confirmará la condena a Cristina Kirchner por corrupción y allanará el camino a su detención. Se acabaron los discursos, las operaciones y el blindaje político. El final del relato ya no es épico: es judicial.
El presidente asistió a inaugurar las sesiones ordinarias y tuvo un más que frío reencuentro con la vice. Apuntó contra Kicillof -ausente- por la inseguridad. Su cruce con un radical derivó en un protagonismo de Santiago Caputo en el final de la jornada. Recinto despoblado.
Desde los fondos oscuros del Cártel de los Soles en Venezuela, pasando por el fideicomiso binacional Argentina–Venezuela y los canales del BANDES y el Banco Nación, hasta aterrizar en Formosa Alimenta, la empresa estatal del gobernador Gildo Insfrán: una red que mezcla política, narcotráfico y poder feudal en el norte argentino.
Sin la Ley de Lemas, sin sobres y sin miedo suficiente, el reino de Insfrán mostró su verdadera desnudez: un poder sostenido por la pobreza y el silencio que empieza a resquebrajarse. La impunidad sigue, pero el mito se rompió.
Con un aumento del gasto público del 37,9% —el más alto del país—, Formosa vuelve a mostrar que su economía depende casi por completo del Estado. Detrás del récord se esconde un modelo político que confunde expansión con progreso y gasto con desarrollo, mientras la pobreza y el atraso estructural siguen intactos.
Mientras los bancos celebran la baja de tasas, un empleado formoseño necesitaría quintuplicar su salario para que un banco siquiera considere su solicitud. La "reactivación" es solo para quienes ya están del lado adentro de la verja.
La estadística como cortina de humo: Mientras se promociona una tarifa eléctrica baja como "logro social", se oculta que el 90% de los formoseños necesita subsidios crónicos para pagar un servicio básico. El relato oficial celebra la dependencia como si fuera un triunfo, silenciando tres décadas de estancamiento que condenan a la provincia a la asistencia perpetua. El verdadero costo no está en la factura de la luz, sino en la factura política de un sistema que produce pobres para luego exhibir su pobreza como mérito propio.
