leonardo fernández acosta
Mientras el gobierno nacional logra por primera vez en décadas encaminar las cuentas públicas, los arquitectos del viejo régimen contraatacan. El Senado sancionó dos proyectos clave que buscan reinstaurar el descontrol del gasto previsional: una suba de haberes del 7,2%, un aumento del bono de $70.000 a $110.000 con movilidad automática, la reactivación de la moratoria jubilatoria y la transferencia de fondos de la ANSeS a provincias con cajas no transferidas. Todo con un impacto fiscal estimado en 12.000 millones de dólares (1,8% del PBI), según Martín Menem.
No se trata de una preocupación por los jubilados. Se trata de dinamitar el equilibrio fiscal que Milei logró tras décadas de despilfarro. No es casual: el kirchnerismo y sus satélites radicales ven que su margen de acción se reduce, que octubre está a la vuelta de la esquina y que las urnas van a hablar con crudeza. Por eso la desesperación. Por eso este nuevo intento de desestabilización política disfrazado de sensibilidad social.
La ley fue votada por 52 senadores a favor, 0 en contra y 4 abstenciones, y ya había contado en Diputados con 142 votos positivos contra 67 negativos. El proyecto también incorpora la fórmula de movilidad del DNU 274/24, pero le impone al Ejecutivo nuevos gastos sin respaldo. Desde el oficialismo ya se anunció el veto.
Peor aún: mientras los sistemas caían en el recinto y no se podía usar el voto electrónico, el kirchnerismo avanzaba a mano alzada. Así, artículo por artículo, fue aprobando un plan fiscalmente inviable, votado incluso por quienes días atrás decían ser los guardianes del ajuste.
En paralelo, se prorrogó por dos años la moratoria previsional (Ley 27.705), lo que significa que quienes no tienen 30 años de aportes podrán seguir jubilándose. En números: 7 de cada 10 hombres y 9 de cada 10 mujeres que llegan a la edad jubilatoria no cumplen los requisitos formales. El proyecto fue aprobado en el Senado por 39 votos a favor, 14 en contra y una abstención, y había superado la prueba en Diputados por 111 votos contra 100.
La oposición asegura que la medida tiene financiamiento: eliminando exenciones del IVA a directores de empresas, a sociedades de garantía recíproca, redireccionando fondos de la SIDE y con el ahorro logrado con el FMI. Pero ni siquiera con esas fuentes alcanza para disimular que están abriendo la caja para congraciarse con los sectores que ellos mismos empobrecieron durante años de populismo.
La senadora Guadalupe Tagliaferri (PRO) admitió que los jubilados "fueron el último orejón del tarro" y que el 43% del ajuste recayó sobre ellos. Pero también reconoció que el proyecto no implica un aumento del déficit fiscal. ¿En qué quedamos? ¿Es populismo o es justicia fiscal?
Mientras tanto, Milei resiste. No sólo con palabras. Ya anunció que vetará las leyes, tal como lo hizo el año pasado. Porque gobernar no es complacer lobbies parlamentarios ni ceder ante una casta que todavía no entiende que la Argentina cambió.
Lo que está en juego no es sólo una fórmula previsional ni un bono. Lo que está en juego es la continuidad del sendero del equilibrio fiscal, el orden económico y la gobernabilidad democrática. Y los que ahora buscan torcerle el brazo al Presidente, ya están condenados por las urnas.
