El "Pitufo" Cañiza bajo la mirada de la justicia federal por lavado de activos en Clorinda

Lo que comenzó como una denuncia sobre presuntos sobreprecios en obras municipales terminó adquiriendo una dimensión considerablemente mayor. Una presentación penal de 39 páginas, impulsada por Juan Cruz Fernández y patrocinada por el abogado Juan Sebastián Montoya, fue radicada ante la Justicia Federal de Formosa y coloca bajo investigación una serie de operaciones realizadas durante la administración del intendente de Clorinda, Jorge Ariel Alejandro Caniza. La denuncia alcanza además a Juan Arturo Caniza, Víctor Fernando María Colcombet, Marta Mendoza, Diego Mendoza y Christian Fernando Rincón, además de quienes eventualmente pudieran resultar responsables a partir de la investigación.

El escrito solicita que se investiguen posibles delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, cohecho, malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito, defraudación y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, encubrimiento y lavado de activos. No se trata de delitos acreditados, sino de las hipótesis planteadas por los denunciantes y que ahora deberán ser verificadas o descartadas mediante prueba judicial. La dimensión del planteo, sin embargo, está dada por el hecho de que no se pide simplemente revisar una obra o una factura, sino reconstruir contrataciones, proveedores, precios, movimientos patrimoniales y, fundamentalmente, el recorrido de los fondos públicos.

Uno de los conceptos que aparece con mayor fuerza en las explicaciones del abogado Montoya es el de “smurfing”, traducido como “pitufeo”, una expresión utilizada en investigaciones financieras para describir la fragmentación de operaciones o movimientos de dinero en montos menores, de manera tal que individualmente no alcancen determinados umbrales de control. Montoya trasladó esta hipótesis al análisis de una serie de contrataciones municipales de Clorinda y sostuvo que los denunciantes detectaron obras de menor monto que, individualmente consideradas, podrían tramitar mediante contrataciones privadas, pero que al ser observadas en conjunto presentan características que, a su criterio, deberían ser investigadas.

La importancia de esta hipótesis radica en determinar si se trató simplemente de una sucesión de contrataciones independientes o si, por el contrario, existió una decisión deliberada de fragmentar gastos para evitar procedimientos de contratación más exigentes. Eso es lo que deberá establecer la Justicia mediante los expedientes, las órdenes de compra, las órdenes de pago, las certificaciones, los contratos y el análisis contable correspondiente. Montoya fue claro en que se trata de una hipótesis que deberá ser sometida a investigación y no de una conclusión ya establecida.

En ese entramado aparece, según la denuncia, una empresa denominada Construir, vinculada a Víctor Fernando María Colcombet. De acuerdo con las explicaciones brindadas por Montoya, la firma habría sido dada de alta para la provisión de servicios en febrero de 2025, poco tiempo después de que Caniza asumiera interinamente la Intendencia, y posteriormente habría recibido distintas contrataciones municipales. El abogado también cuestionó el domicilio fiscal declarado por la empresa, ubicado en el kilómetro 0 de la Ruta 20, en el paraje Palmazola, y afirmó que al concurrir al lugar no habría encontrado una infraestructura compatible con una empresa constructora, un corralón ni empleados registrados. Esa afirmación, por su gravedad, deberá ser verificada documentalmente y mediante las medidas de prueba que correspondan.

Uno de los casos mencionados es el de cuatro canchas de fútbol tenis para las cuales, según la denuncia, se habrían comprometido aproximadamente 60.050.000 pesos. Montoya comparó ese monto con valores de referencia del césped sintético y señaló precios de alrededor de 9.000 pesos por metro cuadrado, mientras que incluso tomando valores superiores en Paraguay estimó unos 18.000 pesos. A partir de esos parámetros, los denunciantes sostienen que existe una diferencia significativa entre el valor de mercado de los materiales y el monto finalmente contratado. Pero la cuestión adquiere otra dimensión a partir de una afirmación realizada por el abogado: según información publicada por la propia Municipalidad, parte de los trabajadores que ejecutaron las obras serían empleados municipales. Si esto se acredita, la investigación deberá determinar qué tareas realizó exactamente la empresa contratada, qué trabajos fueron ejecutados con personal municipal y por qué se pagaron los montos denunciados.

Otro de los capítulos corresponde al denominado “Monolito de la Fe”, cuyo costo es situado en aproximadamente 48 millones de pesos, con 23.137.080 pesos en materiales y unos 25 millones en mano de obra. Montoya cuestionó la relación entre las características visibles de la obra y los montos denunciados y sostuvo que una situación similar aparecería en el denominado Monumento de la Mujer. En ambos casos, la respuesta definitiva no estará en una apreciación visual ni en una discusión política, sino en una pericia que permita establecer cuánto costaron realmente los materiales, cuánto se pagó por mano de obra, quién ejecutó los trabajos y qué documentación respaldó cada desembolso.

La denuncia incorpora además un capítulo especialmente sensible referido a la evolución patrimonial de una propiedad ubicada en la esquina de San Vicente de Paul y Chaco, que los denunciantes relacionan con el grupo familiar de Caniza. Según la presentación, entre abril de 2024 y septiembre de 2026 el inmueble habría pasado de una construcción precaria a un edificio de al menos tres plantas con locales comerciales. Montoya calificó este punto como la “cereza del postre” de la investigación porque, según explicó, si existiera una utilización irregular de recursos públicos, la investigación debería determinar dónde terminaron esos fondos y si alguno de ellos pudo haber sido utilizado en la construcción. Para eso, los denunciantes solicitan que se identifique a contratistas, proveedores y trabajadores, se establezca el costo de los materiales y de la mano de obra y se compare ese desembolso con los ingresos y bienes declarados por el intendente y su grupo familiar.

La denuncia también toma como antecedente declaraciones públicas de Marta Mendoza, ex presidenta del Concejo Deliberante de Clorinda. Según relató Montoya, Mendoza habría manifestado que tenía conocimiento de que camiones municipales se dirigían a un corralón ubicado sobre calle 12 de Octubre, que la denuncia vincula con el hijo de un diputado provincial, y que desde allí se trasladaban materiales hacia el domicilio particular del intendente. También habría mencionado un gasto de aproximadamente 2.000 millones de pesos durante la campaña de Caniza, relacionado con la distribución de mercadería, colchones y otros elementos. Se trata de afirmaciones públicas que deberán ser corroboradas, razón por la cual los denunciantes solicitan que tanto Marta Mendoza como Diego Mendoza sean citados para explicar ante la Justicia qué conocen y cuál es el sustento de aquellas declaraciones.

Montoya también puso el foco en el origen de los recursos municipales y sostuvo que aproximadamente el 95% de los fondos que administra el municipio de Clorinda provendría de la coparticipación nacional. Si esa afirmación es corroborada y los fondos involucrados en las operaciones denunciadas tienen efectivamente origen nacional, la trazabilidad del dinero adquiere una dimensión federal que deberá ser analizada. El planteo es concreto: establecer cuánto dinero ingresó, de dónde provino, qué funcionario autorizó su utilización, qué contratación se realizó, quién recibió los fondos, qué obra se ejecutó y cuál fue finalmente el destino de cada peso.

La presentación solicita una batería de medidas de prueba que incluye una pericia contable integral, informes fiscales y patrimoniales, documentación del Tribunal de Cuentas, expedientes completos de compras y contrataciones, análisis de precios de mercado y medidas destinadas a determinar la existencia de eventuales fraccionamientos de contrataciones. También se pidió información bancaria y el levantamiento del secreto bancario, además de otras medidas vinculadas con documentación y dispositivos que pudieran contener información relevante. La magnitud de estas medidas muestra que los denunciantes no pretenden que el caso se resuelva mediante una discusión política, sino que solicitan una reconstrucción documental y financiera que permita establecer qué ocurrió.

Montoya sostuvo que el análisis de los expedientes le permitió advertir lo que, desde su perspectiva, podría constituir un patrón y no un hecho administrativo aislado. También afirmó que la denuncia fue presentada en el fuero federal por la hipótesis de lavado de activos y por la necesidad de determinar el origen de los recursos utilizados en determinadas operaciones. El abogado remarcó que detrás de la investigación existe un equipo de abogados y contadores que analizó la documentación y que los denunciantes se reservan la posibilidad de constituirse como querellantes y continuar aportando elementos de prueba.

La palabra “pitufeo” puede sonar casi ridícula hasta que aparece asociada a millones de pesos y a la administración de recursos públicos. Montoya utiliza el término “smurfing” para describir una hipótesis que ahora deberá investigar la Justicia: la posible fragmentación de contrataciones en montos menores para evitar determinados procedimientos o controles. La palabra es técnica, pero el problema que plantea es absolutamente concreto. Si cuatro obras forman parte de una misma necesidad, pero aparecen divididas en diferentes contrataciones, hay que saber por qué. Si una empresa recientemente constituida recibe contratos millonarios, hay que saber cuál es su capacidad real para ejecutarlos. Si una obra aparece facturada por un monto que parece desproporcionado respecto de sus características, hay que revisar cada factura. Y si una construcción particular crece al mismo tiempo que se multiplican las contrataciones municipales, hay que establecer si existe o no alguna relación entre ambas cosas.

Nada de esto significa que los delitos denunciados estén probados. Pero tampoco significa que una denuncia de estas características pueda ser despachada como una simple pelea política. La única manera de despejar las sospechas es abrir los expedientes, revisar los contratos, llamar a los proveedores, escuchar a los funcionarios, verificar los domicilios, analizar las cuentas, reconstruir los movimientos bancarios y establecer cuánto costó realmente cada obra.

Porque en definitiva, el expediente federal plantea una cuestión mucho más sencilla que todos los términos jurídicos que aparecen en sus 39 páginas: qué se contrató, cuánto se pagó, quién cobró, qué se hizo realmente y dónde terminó la plata.

Si todo está en regla, la documentación debería poder demostrarlo. Si hubo sobreprecios, contrataciones irregulares o utilización indebida de fondos públicos, la prueba también debería permitir establecerlo. Y si alguien utilizó mecanismos de fragmentación para esconder una operación mayor, como sostiene la hipótesis del “pitufeo”, será necesario reconstruir cada una de esas operaciones para determinar si realmente formaban parte de un mismo circuito.

En una investigación por presunta corrupción y lavado de activos no alcanza con mirar una factura aislada ni con discutir una obra desde la tribuna política. Hay que mirar el conjunto, cruzar los datos y seguir el dinero. La denuncia ya está en la Justicia Federal. Ahora comienza la parte que realmente importa: que los papeles hablen y que la ruta del dinero quede expuesta, hasta el último peso.