
El Presupuesto 2027 del Poder Legislativo de Formosa llegó a la Mesa de Entradas con una prolijidad formal que no resiste el menor análisis físico. Según la planilla oficial que firma el Director de Administración, Dr. Juan Alfredo Corti, y avala la Secretaria Administrativa, C.P. Adriana Beatriz Vega, la Legislatura contará con 1.850 empleados (500 de planta permanente y 1.350 de planta temporaria) para atender a 30 diputados.
La relación es de 61 empleados por cada legislador. Un número que, a simple vista, parece un exabrupto administrativo. Pero el dato que debería encender todas las alarmas no es el total, sino el contraste con la realidad operativa: solo alrededor de 300 de esos 1.850 empleados cumplirían con el marcado de tarjeta.
Es decir, el 84% de la planta de personal del Poder Legislativo no tendría un registro de asistencia biométrico o de fichaje. ¿Cómo se controla la presentación de esas 1.550 personas? La respuesta, por lógica elemental, es que no se controla. Y si no se controla, no se sabe si trabajan, dónde trabajan, o si existen.
La segunda parte de la ecuación es aún más demoledora: la capacidad edilicia. La Legislatura de Formosa funciona en dos edificios principales y un anexo. Por más que se sumen metros cuadrados, oficinas, pasillos y sótanos, es físicamente imposible que 1.850 personas desempeñen tareas simultáneas en esos espacios. Si se dividiera a todo el personal en turnos rotativos de 8 horas, cada turno tendría más de 600 personas. No hay escritorios, no hay sillas, no hay baños suficientes para semejante masa humana.
Entonces, la pregunta que surge es inevitable: ¿Dónde están los otros 1.550?
La respuesta más benévola es que sean empleados que trabajan de forma remota o en territorio (algo poco probable para el 84% de una planta legislativa). La respuesta más realista, y la que la sociedad formoseña intuye, es que se trataría de cargos políticos, contrataciones de favores, "ñoquis" o personal que solo aparece en la planilla de sueldos.
El presupuesto de $48.138 millones se va casi en su totalidad (94,47%) a pagar salarios. De ese total, $45.476 millones son para personal. Si hacemos una cuenta rápida: con 1.850 empleados, el costo salarial promedio por persona es de "$24,5 millones al año". Para 300 personas que efectivamente marcan tarjeta, el costo real de la planta operativa sería de unos $7.350 millones.
El agujero fiscal es de más de $38 mil millones de pesos. Un dinero que se destina a una planta aparentemente fantasma que no tiene dónde sentarse, que no tiene cómo marcar su entrada, y que, en la práctica, constituye un sistema paralelo de distribución de fondos públicos.
Mientras el Poder Legislativo destina solo el 5,5% de su presupuesto a bienes de uso y servicios (es decir, a mantener los edificios y comprar insumos), el 94,5% se va en una estructura de personal que no puede ser auditada por la vía de la asistencia.
La Legislatura de Formosa no necesita 1.850 empleados. Necesita, con suerte, 300. Lo que necesita con urgencia es transparencia. Exigir la lista nominal de esos 1.350 temporarios, cruzar los datos con la AFIP y con el Banco de Formosa, y determinar cuántos de esos sueldos corresponden a personas que jamás pusieron un pie en el recinto.
Mientras eso no ocurra, el Presupuesto 2027 no será un instrumento de gestión, sino un acta de impunidad firmada y sellada. La matemática no miente: 1.850 empleados no caben en dos edificios. Y 1.550 sin tarjeta no son empleados: son cargos.