El ex Jefe de la División de Drogas Peligrosas de la Policía de Formosa, Orlando Medina, podría ir a prisión en una causa donde se lo investigaba como el “protector” de una banda narco que operaba en varios puntos del país. En su momento fue absuelto, pero ahora la Cámara de Casación Penal ha revocado el fallo y determinó que se deben analizar más pruebas que podrían cambiar el veredicto. El caso es de 2013. La palabra del fiscal interviniente.
Locales17/09/2021
leonardo fernández acosta
El Comisario Mayor, Orlando Medina, quien tuviera protagonismo en la salvaje represión del 5 de marzo y que fuera denunciado ante la justicia provincial, fue trasladado a la Unidad Regional Nº 3 de Clorinda junto con otro Comisario denunciado por apremios, vejaciones, torturas, ese mismo día, Comisario General, Hugo Norberto Jeréz.
Orlando Medina, fue jefe de Drogas Peligrosas y fue detenido por la vinculación con una banda narco, fue absuelto de manera increíble por el Tribunal Oral Federal pero ahora la Cámara de Casación revocó el fallo de absolución y se deberá constituir un nuevo tribunal por lo que el Comisario Mayor de la policía de la provincia, podría terminar en la cárcel.
Luis Benítez, fiscal federal de la Fiscalía Federal Número 2 de Formosa, en una charla con Radio Uno contó detalles sobre la novedad en la causa que se había iniciado en 2013 y cuyo juicio había sido en 2019; donde se investigaba a Orlando Medina, ex Jefe de la División Drogas Peligrosas de la Policía de Formosa, y otros funcionarios policiales más, como jefes de una banda narco que operaba en varios puntos del país.
“Hemos recurrido en su momento cuando fue el juicio que terminó con condenas muy bajas para el criterio del Ministerio Público Fiscal y con la absolución de los funcionarios policiales, pero ahora la Cámara de Casación ha fallado, y deberá constituirse un nuevo tribunal para analizar las pruebas que en su momento eran contundentes y no fueron consideradas para determinar el veredicto”, dijo el fiscal.
Así, entonces, podría haber un nuevo veredicto que aumentaría la condena de los demás detenidos y podría implicar la prisión para el ex funcionario policial Medina.
El caso
En 2013, el ex jefe de Drogas Peligrosas de la Policía formoseña y un oficial que había trabajado bajo su amparo habían sido detenidos por la Justicia Federal acusados de proteger a una banda de narcotraficantes.
Se trata del comisario inspector Orlando Medina, quien estaba en ese entonces al frente de la Dirección General de Drogas Peligrosas de Formosa.
En los operativos también había sido arrestado el oficial Augusto Romero, quien estaba trabajado bajo las órdenes de Medina y se desempeñaba en la comisaría de Las Lomitas. Otro que cayó era el jefe de la banda, Héctor "Korea" Gallego, quien había sido capturado junto a cinco de sus hombres, entre los que se encontraba su hermano Cristian, conocido como "Indio".
De acuerdo con la investigación federal, Héctor Gallego lideraba la banda, mientras que su hermano Cristian supervisaba el ingreso clandestino de los estupefacientes y se encargaba de su almacenamiento. Los otros detenidos fueron imputados por diferentes grados de participación en el tráfico y la comercialización de la droga.
La causa se inició en septiembre del año 2013 por una advertencia de la Dirección General de Drogas Peligrosas provincial sobre la posible comercialización y distribución de estupefacientes por parte de Héctor Gallego, a quien señalaban como "el presunto canalizador de las sustancias a distintos puntos del interior provincial y hacia el sur del país".
Los voceros de la fiscalía de Formosa, a cargo de Luis Benítez, advirtieron entonces que lo paradójico del caso fue que el propio comisario Medina, siendo el titular de Drogas Peligrosas, radicó la denuncia y luego intervino en la investigación. Las fuentes contaron que el policía era la persona que alertaba a Gallego con respecto al avance del caso. Esta situación pudo ser advertida por el fiscal luego de varios meses de investigación, a partir de la separación de la policía local de la investigación y su reemplazo por la Gendarmería Nacional.
Entonces el fiscal Benítez solicitó la colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), con cuya asistencia pudo obtener elementos que vincularon a Gallego no sólo con la comercialización de cocaína y marihuana sino también con la venta de armas de fuego y dólares.
Los allanamientos posteriores derivaron en la desafectación del cargo y en la detención del comisario.
Fueron secuestrados después, entre otros elementos, tres kilos de marihuana, 70 gramos de cocaína, 28.700 pesos, 47 celulares, cinco computadoras, armas de fuego, 25 chips, dos GPS, una balanza y documentación de relieve para la causa.
Del empleo en la estructura política nacional a la constitución de empresas vinculadas a la obra pública y su presencia reiterada en foros internacionales: una trayectoria documentada que, por su velocidad, contexto y conexiones, exige explicaciones claras en nombre de la transparencia.
La violenta represión policial contra mujeres que reclamaban viviendas en el IPV dejó al desnudo un Estado sin protocolos, una fuerza de seguridad usada como patota política y un organismo habitacional atravesado por la discrecionalidad, el uso partidario de fondos públicos y el encubrimiento de la pobreza detrás de proyectos millonarios y propaganda oficial.
Mientras posa con gremialistas bajo la bandera de Aerolíneas Argentinas, Insfrán evita sistemáticamente la línea de bandera y se mueve en vuelos VIP de Baires Fly que cuestan hasta 20 mil dólares. En la recta final de un poder que se le escurre, el gobernador apela a gestos vacíos y montajes simbólicos que solo dejan al desnudo una contradicción obscena: predica lo popular, pero vive como casta. La desesperación por sostener su reinado lo empuja a hacer cualquier cosa, incluso exhibir sin pudor la hipocresía que durante años intentó disimular.
Ni el Defensor del Pueblo que no puede defender, ni la cámara empresarial capturada por los intereses del poder: la Justicia Federal los desconoció como representantes legítimos del pueblo formoseño. En el desolado paisaje institucional de Formosa, donde el estatismo decide quién vive y quién sobrevive, a los ciudadanos les podrían aplicar el famoso dicho de Moria Casán: 'No existís'. El fallo no solo rechazó un amparo; certificó que las voces que pretenden hablar por la gente carecen de sustento real
Insfrán no defiende a los trabajadores. Defiende su monopolio. En su feudo, la única fortuna permitida es la que se hace con el sobre del Estado. La reforma laboral amenaza con darles a los formoseños lo que él más teme: libertad para progresar sin pedirle permiso al patrón único. Su lucha no es ideológica, es de supervivencia. Sobrevivir como el último cacique de un sistema que canjea votos por planes y convierte al ciudadano en siervo del aparato.
Mientras Formosa se hunde en salarios bajos y servicios colapsados, Gildo Insfrán gasta miles de dólares en vuelos privados para operar políticamente en Buenos Aires. El intento de complot junto a otros gobernadores para frenar la reforma laboral terminó en un papelón en el CFI: no hubo reunión, no hubo foto y no hubo resultados. Solo quedó expuesto el contraste obsceno entre el lujo del poder y el fracaso de una maniobra que nadie quiso acompañar.
Detrás del "hombre fuerte" de pueblo con su retórica soez y sus chistes de cuartel en las redes, se esconde un sistema de nepotismo y poder que lo abarca todo. Incluidas según las versiones, la razón por la cual su esposa no aparece en público. No aparece ella y tampoco la denuncia que siempre se diluye cuando se trata de alguíen impune en el oficialismo.
Insfrán no defiende a los trabajadores. Defiende su monopolio. En su feudo, la única fortuna permitida es la que se hace con el sobre del Estado. La reforma laboral amenaza con darles a los formoseños lo que él más teme: libertad para progresar sin pedirle permiso al patrón único. Su lucha no es ideológica, es de supervivencia. Sobrevivir como el último cacique de un sistema que canjea votos por planes y convierte al ciudadano en siervo del aparato.
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