Justicia Federal

Se trata de los trámites convocados para cubrir 17 cargos de fiscales, 13 de fiscales generales ante los Tribunales Orales y Cámaras de Apelaciones Federales, 3 vacantes de fiscal general adjunto del Procuración General de la Nación y 7 vacantes de fiscales de la PGN. La inscripción finalizó el 25 de septiembre pasado.

Una denuncia de 39 páginas presentada ante la Justicia Federal plantea una serie de presuntas irregularidades en la administración municipal de Clorinda y solicita investigar al intendente Jorge Ariel Alejandro Caniza, funcionarios, familiares y empresarios. La presentación habla de posibles sobreprecios, contrataciones fragmentadas, malversación, cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El abogado Juan Sebastián Montoya introdujo además un concepto utilizado en investigaciones de lavado: el “smurfing” o “pitufeo”, una modalidad que, según explicó, consistiría en dividir operaciones en montos menores para evitar determinados controles. Todo deberá ser probado por la Justicia, pero la cantidad de hechos denunciados y las medidas solicitadas colocan a la administración municipal bajo una lupa que ahora deberá ser judicial.

Luego del informe publicado por Formosa Investiga, el caso del juez federal Pablo Morán escaló a la agenda nacional. La permanencia del magistrado en el Tribunal de Ética de la AFA, el reclamo de ACIJ ante la Corte Suprema por una presunta incompatibilidad de funciones y las versiones sobre su actuación durante el Mundial reavivaron el debate sobre los límites éticos que deben observar quienes administran justicia.

Mientras tres decanos de la Universidad Nacional de Formosa enfrentan denuncias por presuntamente no reunir los requisitos legales para ejercer sus cargos, una nueva controversia por la incorporación de una representante al Consejo Superior, mediante una medida judicial excepcional, profundiza una crisis institucional que ya no gira en torno a la educación, sino a la legitimidad de quienes conducen la casa de altos estudios.

La decisión dictada bajo el artículo 310 del Código Procesal Penal, con encuadre en los artículos 253 y 248 del Código Penal, no solo consolida la imputación contra las autoridades de la UNaF, sino que tensiona los límites entre autonomía universitaria y control judicial penal.

Una dirigente de la UCR en Formosa denunció haber sido afiliada sin su consentimiento a otro espacio político, en una causa que involucra al diputado Esteban López Tozzi y apunta a delitos de falsificación de documentos, falsedad ideológica y uso de documentación apócrifa. El caso abre sospechas sobre un posible mecanismo sistemático de captación irregular de afiliados para engrosar padrones y consolidar estructuras partidarias con respaldo ficticio.