La información surge de un pedido de Acceso a la Información Pública realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) al Ministerio de Educación Nacional. Al día 15 de noviembre sólo se entregó el 4,3% de los dispositivos proyectados, repartidos entre 12 provincias. Además, resta brindar conectividad al 51,5% de las escuelas estatales del país.
Nacionales07/12/2021
leonardo fernández acosta
Durante la pandemia se evidenciaron y profundizaron situaciones de desigualdad entre las niñas, niños y adolescentes que acceden a dispositivos electrónicos y conexión a internet y quienes no cuentan con estos recursos.
Según el Ministerio de Educación Nacional, cerca de un 60% de las niñas, niños y adolescentes que asisten a escuelas de gestión estatal no poseen una computadora disponible en el hogar para uso educativo ni una conexión a internet (con acceso fijo a la red y una buena calidad de señal) que les permita cumplir con las tareas escolares de forma adecuada. En contraste, este porcentaje se reduce al 20% en acceso a computadoras y 35% en acceso internet entre quienes asisten a escuelas de gestión privada.
Según la respuesta a un pedido de acceso a la información pública realizado por ACIJ al Ministerio de Educación Nacional, al día 15 de noviembre sólo se entregó el 4,3% de los dispositivos proyectados (27.844 de 633.000), repartidos entre 12 provincias
Los datos muestran que la situación empeora en barrios populares y áreas rurales. En la encuesta realizada a las y los habitantes de los barrios reconocidos por el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), sólo el 13,9 % respondió tener netbook o PC en el hogar y el 77% refirió utilizar celulares para las actividades escolares. Por otro lado, el 98% de los equipos directivos de zonas rurales indicó tener dificultades de conectividad.
El Estado Nacional reconoció la gravedad de este problema y se comprometió a entregar 633.000 netbooks a estudiantes de escuelas secundarias, priorizando aquellas con mayor cantidad de alumnos y alumnas que tuvieron más dificultades para seguir estudiando. Tal es así, que en el año 2021 el crédito destinado al Plan Federal Juana Manso - Conectar Igualdad alcanza más de 29.344 millones de pesos, lo que implica un aumento del 119% respecto de lo aprobado inicialmente en la ley de presupuesto.
Sin embargo, según la respuesta a un pedido de acceso a la información pública realizado por ACIJ al Ministerio de Educación Nacional, al día 15 de noviembre sólo se entregó el 4,3% de los dispositivos proyectados (27.844 de 633.000), repartidos entre 12 provincias.
Además, informaron que resta brindar conectividad al 51,5% de las escuelas estatales del país (faltan 25.902 escuelas, sobre un total de 50.382). También es muy preocupante que sólo se ejecutó el 30,4% del presupuesto del programa y el 22,5% de la actividad de Adquisición de Equipamiento, encargada de la compra de los dispositivos.
Los datos preocupan aún más teniendo en cuenta que el ciclo lectivo está por finalizar y que, como consecuencia de la pandemia, más de 1.800.000 niñas, niños y adolescentes enfrentan serias dificultades para continuar su vínculo con la escuela.
En este contexto, ACIJ, Amnistía Internacional, Conocimiento Abierto, Fundación Kaleidos, Fundación Sur, Infancia en Deuda, La Poderosa, Media Chicas y el Observatorio del Derecho a la Ciudad solicitamos una reunión al Ministerio de Educación Nacional y a la empresa estatal Educ.ar, para reclamar por el cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Educación Nacional 26.206, que establece que el Estado es responsable de implementar políticas de promoción de la igualdad educativa que aseguren las condiciones necesarias para la inclusión y el logro educativo de todas las niñas y los niños.
Asimismo, la norma dispone que deben asignarse recursos presupuestarios para garantizar la igualdad de oportunidades y resultados educativos de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, entre cuyas obligaciones contempla la de brindar los recursos materiales y tecnológicos necesarios para ello.
Para lograrlo, es indispensable que el Estado ejecute los recursos previstos y cumpla con los compromisos asumidos en relación a brindar equipamiento tecnológico con fines educativos y conexión a internet en las escuelas, barrios populares y áreas rurales, donde existen grandes dificultades en el acceso a estos bienes y servicios.
Lo que la pandemia hizo evidente, y sigue resultando urgente, es que hay que garantizar que niñas, niños y adolescentes accedan a los recursos tecnológicos necesarios para sostener y fortalecer sus trayectorias escolares. Exigimos por parte del Estado el cumplimiento de sus responsabilidades para asegurar el ejercicio del derecho básico a una educación de calidad y en condiciones de equidad.
Los gobernadores de Provincias Unidas frenaron el apuro de Milei y le bajaron el precio a su convocatoria: acumulan reproches por el maltrato recibido, no están dispuestos a favorecer a un competidor en plena campaña y sienten que el Círculo Rojo empieza a girar hacia ellos como alternativa de gobernabilidad.
Los gobernadores de la liga se montaron a la victoria del correntino. Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Juan Schiaretti (exgobernador de Córdoba) saludaron el triunfo como propio y buscaron darle volumen nacional al armado de Provincias Unidas, la liga que intenta abrirse camino como tercera vía frente a Javier Milei y el kirchnerismo.
Valdés sabe que el antiperonismo no necesita necesariamente a Milei para sobrevivir. Y que la UCR, con sus territorios, todavía tiene capital político para disputar el centro de la escena nacional.
Conscientes de que el tiempo se les agota y las urnas les serán adversas en octubre, el kirchnerismo, acompañado por radicales oportunistas y falsos moderados, lanzó un nuevo golpe institucional: leyes previsionales que buscan romper el equilibrio fiscal y torcerle el brazo a Milei. El Presidente ya anunció el veto.
La impunidad se quedará sin fueros: la Corte Suprema confirmará la condena a Cristina Kirchner por corrupción y allanará el camino a su detención. Se acabaron los discursos, las operaciones y el blindaje político. El final del relato ya no es épico: es judicial.
El presidente asistió a inaugurar las sesiones ordinarias y tuvo un más que frío reencuentro con la vice. Apuntó contra Kicillof -ausente- por la inseguridad. Su cruce con un radical derivó en un protagonismo de Santiago Caputo en el final de la jornada. Recinto despoblado.
La renuncia forzada de José Luis Espert sacudió al gobierno de Javier Milei y dejó un sabor amargo entre quienes alguna vez vieron en él una referencia liberal genuina. En Formosa, donde su voz había despertado entusiasmo en tiempos de censura política, su derrumbe simboliza el final de una ilusión y la confirmación de que el proyecto libertario perdió su rumbo moral.
El acto de La Libertad Avanza en el Movistar Arena mostró la cara más contradictoria del oficialismo: militantes acarreados, exgildistas reciclados y un presidente más concentrado en su show que en reconstruir alianzas y confianza.
Aunque el changuito formoseño figura entre los más baratos del país, el bolsillo local es uno de los más castigados. Los precios bajos no reflejan alivio, sino salarios miserables y una economía paralizada por la dependencia estatal. En Formosa, la inflación se disfraza de estabilidad mientras el consumo se hunde en el silencio del miedo y la pobreza estructural.
En Formosa, la propiedad privada es una ficción sostenida por el poder. Una viuda de 79 años fue despojada de su casa familiar por una funcionaria ligada al gildismo. El caso involucra al periodista oficialista Hugo Soto, que esta vez probó en carne propia cómo el modelo también devora a los suyos.
La bronca dejó de ser un rumor para convertirse en un grito. En todo el país se repite la misma frase: “Soy peronista, no ciego”. Mientras el pueblo se cansa de los privilegios eternos, en Formosa Insfrán sigue reinando con el voto cautivo de un pueblo que todavía no se anima a romper sus cadenas.
