El Ejecutivo convocará a sesiones extraordinarias recién para el 23 de enero y no la semana próxima como estaba previsto; y la comisión arrancaría el tratamiento el 26 de enero o el 1 de febrero; el bloque FdT no puede garantizar la presencia de sus diputados.
Nacionales11/01/2023
leonardo fernández acosta
Sorpresivamente, cuando se esperaba que el lunes 16 comenzaran las sesiones extraordinarias en el Congreso con la mira puesta en el juicio político a la Corte Suprema que impulsa el Ejecutivo, todo el engranaje se postergó una semana, según confirmó LA NACIÓN de altas fuentes de ambos poderes.
En el Gobierno confirmaron que la convocatoria a extraordinarias será recién para el lunes 23, y se espera que el jueves 26 o el miércoles 1 de febrero podría empezar a trabajar la Comisión de Juicio Político en la que el oficialismo buscará avanzar con el Juri a los cuatro miembros del máximo tribunal del país. El Gobierno espera mandar este jueves el decreto con el llamado a extraordinarias.
Mientras que desde el Congreso señalaron a la Casa Rosada como quienes habían decidido el cambio de fecha de inicio de las sesiones extraordinarias, en Balcarce 50 apuntaron a que fue una “decisión conversada”. Desde allí también detallaron: “Si era por nosotros lo mandábamos la primera semana, pero atendimos lo que nos dijeron desde el Congreso, que tiene que ver con que muchos legisladores estaban en sus provincias, necesitan venir a Buenos Aires, y no se llega a organizar el trabajo, las comisiones y nosotros queremos que sea todo ordenado, prolijo”, sostuvo una importante fuente del Gobierno. Tras lo que recalcó: “No es que no querían estar, querían ordenar las cosas y está bien”. Hay algunas dudas internas sobre el nivel de convicción y compromiso de los 16 integrantes oficialistas de la comisión.
De todos modos, la necesidad de postergar todo el proceso es un traspié para los planes del presidente Alberto Fernández y del kirchnerismo, que quería activar lo más rápido posible el proceso contra los cuatro cortesanos: Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Como telón de fondo subyacen las versiones de faltas de consensos internos ante lo que fue una decisión del Presidente y 11 gobernadores por el fallo del tribunal que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en el conflicto por la quita de la coparticipación. El oficialismo, de hecho, carece de los votos para lograr resultados en su avanzada si el tema pasa al recinto, donde necesita dos tercios de los votos.
En el bloque de diputados del FdT niegan cualquier complicación política. “Nosotros tenemos todas las puntas atadas. Son los del Ejecutivo los que están definiendo la fecha de las extraordinarias. Nosotros vamos a arrancar en la primera semana que estemos habilitados para funcionar”. Sin embargo, es una verdad a medias: de allí partió el pedido para que el Gobierno atrase una semana la convocatoria. Para limar asperezas, los integrantes de la comisión de Juicio Político tendrán mañana a las 11 una reunión virtual para tratar de encarrilar el proceso.
La titular de la comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, se reunió con Fernández este fin de semana, junto con el titular del bloque del Frente de Todos (FdT) en la Cámara Baja, Germán Martínez. Ambos tendrán un rol importante en lo que viene porque si bien con la composición actual del Congreso el oficialismo sabe que el pedido no tiene chances de prosperar, pero por lo pronto buscan un golpe de efecto con lo que pueda hacer en la comisión, donde se ilusiona con hacer desfilar a los miembros del máximo tribunal.
En la Casa Rosada por lo pronto se termina de trabajar en el temario. Buscan que el Congreso debata junto al central tema judicial, un paquete económico.
El decreto se conocerá en medio de una fuerte tensión con la oposición, encabezada por Juntos por el Cambio (JxC), cuya conducción se reunió hoy vía Zoom para coordinar una estrategia legislativa con la que buscará bloquear el intento de la Casa Rosada de avanzar con el juicio político contra los cuatro jueces que integran el máximo tribunal.
La oposición se divide entre quienes se oponen a asistir a la comisión y quienes concuerdan, la mayoría, en que sería conveniente asistir a debatir para rebatir los argumentos con los que el kirchnerismo pretende sostener la acusación contra los jueces supremos y contrarrestar el operativo “desgaste” contra los magistrados que fallaron a favor de la ciudad de Buenos Aires y en contra de Nación en el marco del conflicto por la coparticipación. No obstante acordaron mantener una posición común.
El Gobierno deberá publicar en el Boletín Oficial el DNU convocando a extraordinarias con el temario definido, aunque calculan que será difícil sesionar en lo que resta del verano por la tensión desatada con la oposición.
Los gobernadores de Provincias Unidas frenaron el apuro de Milei y le bajaron el precio a su convocatoria: acumulan reproches por el maltrato recibido, no están dispuestos a favorecer a un competidor en plena campaña y sienten que el Círculo Rojo empieza a girar hacia ellos como alternativa de gobernabilidad.
Los gobernadores de la liga se montaron a la victoria del correntino. Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Juan Schiaretti (exgobernador de Córdoba) saludaron el triunfo como propio y buscaron darle volumen nacional al armado de Provincias Unidas, la liga que intenta abrirse camino como tercera vía frente a Javier Milei y el kirchnerismo.
Valdés sabe que el antiperonismo no necesita necesariamente a Milei para sobrevivir. Y que la UCR, con sus territorios, todavía tiene capital político para disputar el centro de la escena nacional.
Conscientes de que el tiempo se les agota y las urnas les serán adversas en octubre, el kirchnerismo, acompañado por radicales oportunistas y falsos moderados, lanzó un nuevo golpe institucional: leyes previsionales que buscan romper el equilibrio fiscal y torcerle el brazo a Milei. El Presidente ya anunció el veto.
La impunidad se quedará sin fueros: la Corte Suprema confirmará la condena a Cristina Kirchner por corrupción y allanará el camino a su detención. Se acabaron los discursos, las operaciones y el blindaje político. El final del relato ya no es épico: es judicial.
El presidente asistió a inaugurar las sesiones ordinarias y tuvo un más que frío reencuentro con la vice. Apuntó contra Kicillof -ausente- por la inseguridad. Su cruce con un radical derivó en un protagonismo de Santiago Caputo en el final de la jornada. Recinto despoblado.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
En Formosa, el poder ya no gobierna: administra su propio miedo. La decisión del gobierno de Gildo Insfrán de prohibir a las escuelas participar del aniversario de Las Lomitas, solo porque el intendente es opositor, muestra la degradación absoluta de un régimen que perdió toda noción de Estado. En lugar de educar en libertad, se adoctrina en obediencia; en lugar de celebrar una comunidad, se la castiga por pensar distinto. La miseria política se volvió método de control, y la decadencia moral, su marca de identidad.
La manipulación estadística no sólo es un delito: es una forma de desprecio hacia el bien común. En vez de mejorar la realidad, se la falsifica. En vez de enfrentar los problemas, se los maquilla. Y en ese acto se desnuda algo más profundo: el poder entiende que es más importante que la gente crea que todo está bien, que hacer que realmente lo esté.
Un video viral mostró a un inspector municipal exigiendo más de 23 mil pesos a un camionero para permitirle el ingreso a la capital formoseña. La maniobra, avalada por una ordenanza del intendente Jorge Jofré, viola los principios constitucionales sobre libre circulación y desató nuevas denuncias por abuso de poder
