La diputada, Gabriela Neme, dijo que la situación actual deja en evidencia un patrón de impunidad que afecta a Formosa, donde la justicia parece no actuar contra los altos funcionarios.
Nacionales12/11/2024
leonardo fernández acosta
En un episodio que ha conmocionado a la población de Formosa, José Guillermo Silva, intendente de la localidad de Tres Lagunas, fue detenido en las rutas de la provincia tras ser sorprendido con 1.42 gramos de alcohol en sangre y por un presunto caso de violencia de género. La detención, llevada a cabo por Gendarmería Nacional en la ruta 12, se complicó aún más cuando Silva agredió físicamente a una gendarme que intentó intervenir en la situación.
El hecho ocurrió en la zona de Boquerón, en un contexto donde la violencia y el consumo de alcohol por parte de funcionarios públicos han empezado a ser motivo de preocupación entre los ciudadanos. Para discutir esta situación, la diputada Gabriela Neme, representante de Formosa, ofreció su perspectiva sobre el caso en una entrevista con medios locales, señalando que este no es un incidente aislado, ya que Silva había sido detenido anteriormente en 2015 bajo circunstancias similares.
Neme enfatizó la falta de confianza de la población en las instituciones y la justicia local, afirmando que “los funcionarios se comportan como parte de una casta privilegiada que evade la aplicación de la ley”. A su juicio, la situación actual deja en evidencia un patrón de impunidad que afecta a Formosa, donde la justicia parece no actuar contra los altos funcionarios.
La diputada también apeló a la intervención de la justicia federal, sugiriendo que estos casos de delitos cometidos por funcionarios deberían ser investigados a fondo y condenados adecuadamente. “Un intendente no puede conducir alcoholizado y dar un mal ejemplo a la sociedad”, declaró, y agregó que el ambiente de impunidad en la provincia necesita ser abordado urgentemente.
Por su parte, el hecho ha generado una gran reacción política en Formosa, donde los ciudadanos exigen medidas concretas y acciones por parte del gobierno provincial. La situación ha sido ampliamente discutida en redes sociales, donde la demanda de justicia y rendición de cuentas cobra cada vez más fuerza.
Este incidente resalta la compleja relación entre la política y la justicia en Formosa, y plantea preguntas fundamentales sobre la integridad de los funcionarios públicos y la confianza de los ciudadanos en la democracia. Las repercusiones continuarán mientras la comunidad observa atentamente cómo se desarrolla el caso de José Guillermo Silva. Fuente: La Red Corrientes
Los gobernadores de Provincias Unidas frenaron el apuro de Milei y le bajaron el precio a su convocatoria: acumulan reproches por el maltrato recibido, no están dispuestos a favorecer a un competidor en plena campaña y sienten que el Círculo Rojo empieza a girar hacia ellos como alternativa de gobernabilidad.
Los gobernadores de la liga se montaron a la victoria del correntino. Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Juan Schiaretti (exgobernador de Córdoba) saludaron el triunfo como propio y buscaron darle volumen nacional al armado de Provincias Unidas, la liga que intenta abrirse camino como tercera vía frente a Javier Milei y el kirchnerismo.
Valdés sabe que el antiperonismo no necesita necesariamente a Milei para sobrevivir. Y que la UCR, con sus territorios, todavía tiene capital político para disputar el centro de la escena nacional.
Conscientes de que el tiempo se les agota y las urnas les serán adversas en octubre, el kirchnerismo, acompañado por radicales oportunistas y falsos moderados, lanzó un nuevo golpe institucional: leyes previsionales que buscan romper el equilibrio fiscal y torcerle el brazo a Milei. El Presidente ya anunció el veto.
La impunidad se quedará sin fueros: la Corte Suprema confirmará la condena a Cristina Kirchner por corrupción y allanará el camino a su detención. Se acabaron los discursos, las operaciones y el blindaje político. El final del relato ya no es épico: es judicial.
El presidente asistió a inaugurar las sesiones ordinarias y tuvo un más que frío reencuentro con la vice. Apuntó contra Kicillof -ausente- por la inseguridad. Su cruce con un radical derivó en un protagonismo de Santiago Caputo en el final de la jornada. Recinto despoblado.
Un cadáver pasó inadvertido durante una semana; una acusada de grooming fue detenida en 24 horas. La desigual rapidez del Estado desnuda que el problema nunca fue la capacidad operativa, sino dónde decide aplicarla.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
El fallecimiento de Marcos Godoy, un joven de Villafañe que murió en circunstancias aún no esclarecidas, quedó en manos del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº4 de Marcelo Picabea, el mismo que tramita la causa por el femicidio de Xiomara Portillo. Pese a las pruebas, los testimonios y los vínculos políticos señalados por la familia, el expediente no avanza porque se trataría de un sobrino del dirigente sindical, Hilario Martínez.
