El Presidente insiste en culpar al periodismo por las filtraciones que comprometen a Karina Milei, mientras la Justicia le recuerda que las fuentes y el acceso a la información son pilares democráticos.
Mientras el poder político entierra los hechos en silencio y encubre a los suyos con maniobras institucionales, gran parte del periodismo local elige callar o maquillar la realidad. Así, muchos periodistas han preferido disfrazar su autocensura bajo el ropaje de la “responsabilidad profesional” o la moderación “frente al micrófono”, cuando en realidad lo único que protegen es la continuidad de los fondos que los mantienen a flote.
Los trasladan como ganado, pero les prometen libertad. Viajan en un camión volcador hacia un acto político, creyendo que participan de la democracia, cuando en realidad son piezas de un sistema perverso que los condena, una y otra vez, a votar por quienes los mantienen pobres, dependientes y callados. No es una movilización: es una humillación institucionalizada.
En las entrañas del poder formoseño, donde el modelo de Gildo Insfrán ha reinado por décadas con mano de hierro y estrategia implacable, este domingo electoral se encendió una señal que los más atentos supieron leer: la vieja alianza entre Jorge Jofré y Manuel Celauro sigue viva. Y no solo viva, sino decidida a recuperar el aliento conspirativo que alguna vez la puso al borde de un quiebre histórico. El triunfo de Ariel Caniza es una continuidad del plan listo a activarse en cualquier momento.
Durante la semana una de las evocaciones más importantes para la construcción de ciudadanía como lo es el día de la mujer se acotó a la autoexaltación del mesiánico Insfrán, el amontonamiento de militantes pobres, un discurso vacío lleno de lugares comunes y la presencia del nepotismo millonario.
No es la primera vez y seguramente no será la última. El radicalismo muestra su peor cara recurriendo nuevamente a la cancelación de periodistas porque alguna de sus figuras queda escrachada de manera irremediable.
Nadie en toda la república Argentina que haya visto las imágenes del arma frente al rostro de la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, gatillando de manera fallida dos veces para intentar asesinarla, puede dejar de manifestar su más absoluto y contundente repudio a la violencia por la magnitud de lo que pudo haber ocurrido debido al fanatismo de un psicopata .
Lo que menos importa en los festejos por la provincialización es precisamente la provincialización. Se trata de un acto de neto corte facista con el acarreo multitudinario de personas de toda la provincia emulando los actos peronistas donde la mayoría son empleados públicos obligados a participar.
Los gobernadores que apoyan la nueva quita de recursos que impulsa el gobierno nacional solo quieren que seamos tan ineficientes como ellos
Desde el Facebook oficial de la APDH Regional Formosa se convocó a la marcha reclamando la renuncia de la Corte Suprema de Justicia.
Ayer los festejos en la avenida 25 de mayo y Moreno, relataban solo el final de un ciclo de candidatos pero no el triunfo de los que sufrieron los abusos de Insfrán. El poder del tirano está intacto, al menos por ahora, momento justo para que los nuevos legisladores salgan de la catarsis de una fiesta casi privada en un espacio público y reseteen a cero los números del capital político conseguido en un contexto que no volverá a darse nunca más.
El añoso gobernador no se da cuenta que cada vez que habla de la pandemia, habla de la razón por la cual la gente no lo vota y no lo va a volver a votar. Hoy Insfrán reflotando sus opresivas medidas sanitarias en pandemia es su peor propaganda.
El Defensor del Pueblo (mandato vencido), Leonardo Gialluca, denunció a los periodistas (El Comercial, Radio Uno y Radio Parque), Leonardo Fernández Acosta y Julieta González por intimidación pública y presentó como prueba un programa de análisis político lo que de acuerdo a su interpretación constituía una violación del art. 211 del Código Penal lo que constituye una abierta Censura.
El vicegobernador ha consagrado institucionalmente la nueva generación de funcionarios gildistas a los que no le importan que los retraten, en el apuro por figurar en muchas comunidades, con criaturas que no tienen derecho a la salud, a disfrutar de un ambiente sano, a que se respete su honor o a que se proteja su imagen. En síntesis, funcionarios a los que no les importa nada.
Ha logrado distraer de la responsabilidad primigenia de una nefasta política sanitaria ante el COVID 19 que ha provocado más de mil muertos y que otros miles de formoseños descarguen su repudio en el personaje equivocado. El responsable es el monarca no el bufón que recibe las cachetadas.
Cuando se realizaban negociaciones febriles para cerrar el frente hacia las legislativas, el anuncio de la concejal capitalina hizo que los reaccionarios la atacaran sin piedad. Hasta mañana hay tiempo de acordar.
Los casos positivos bajan a una velocidad luz pero en el apuro omiten informar los números de algunos municipios como El Colorado. Para muestra basta un botón.
"La estigmatización es un problema presente en este Gobierno y lo hace patente al violar domicilios, allanar casas, detener y esposar personas, encerrar a enfermos y desproveerlos de cuidado medico y sanitario, este entorno discriminatorio se ha viralizado –mas que el COVID19-".
El gobierno de Insfrán sigue apostando al estado policíal para aplicar políticas de encierro, mientras que los hospitales el servicio sanitario colapsa por falta de auxiliares de la medicina.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
La estadística como cortina de humo: Mientras se promociona una tarifa eléctrica baja como "logro social", se oculta que el 90% de los formoseños necesita subsidios crónicos para pagar un servicio básico. El relato oficial celebra la dependencia como si fuera un triunfo, silenciando tres décadas de estancamiento que condenan a la provincia a la asistencia perpetua. El verdadero costo no está en la factura de la luz, sino en la factura política de un sistema que produce pobres para luego exhibir su pobreza como mérito propio.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
El intento de vender a Gildo Insfrán como “líder nacional” del peronismo es tan absurdo como anacrónico. Mientras el PJ bonaerense se derrumba y el país reclama renovación, un analista de los 70 pretende resucitar a un caudillo provincial cercado por su propio desgaste, su modelo agotado y la sombra cada vez más cercana de una intervención federal.
