Cuando el Estado actúa como si hubiera un crimen y el crimen es preguntar

Lo que sucedió en General Belgrano no fue un simple episodio judicial. Fue la radiografía de un sistema que reacciona con brutalidad operativa, hermetismo institucional y un desprecio sistemático por la salud mental y la dignidad de las personas, incluso cuando se trata de una jueza.

La mañana del martes 3 de junio, la jueza de paz de esa localidad, Dra. Romelia Sánchez, se presentó en la comisaría local en lo que se describió como un “cuadro grave de salud”.

En lugar de activar un protocolo sanitario o un abordaje discreto que protegiera su integridad y privacidad, se desató un operativo judicial y policial de proporciones desmedidas: jueza de instrucción, fiscal, médico forense, patrulleros y personal uniformado. Todo para constatar su estado y abrir su vivienda, en lo que algunos testigos describen como una escena digna de una redada más que de una asistencia humanitaria.

A las pocas horas, el Superior Tribunal de Justicia otorgó licencia médica por 30 días a la jueza Sánchez y designó a un subrogante. El comunicado oficial llegó tarde, cuando el escándalo ya ardía en redes sociales y la desinformación circulaba libremente en grupos de WhatsApp.

El mismo STJ reprochó que no se consultaran “las fuentes oficiales” para evitar “rumores y falsedades”. Una ironía burocrática: el mismo Poder Judicial que desplegó un operativo digno de un procedimiento penal grave, tardó más de 24 horas en explicar lo ocurrido y ahora culpa a la sociedad por sospechar.

Pero el foco del problema no es solo el silencio institucional, sino el rol de la Policía de Formosa, que vuelve a ser parte de una escena que genera más miedo que contención. En una provincia donde las fuerzas de seguridad han sido acusadas reiteradamente de abuso de poder, represión y disciplinamiento social, no sorprende que el tratamiento de un cuadro de salud mental termine con patrullas y uniformados invadiendo la casa de una magistrada. El mensaje es claro: nadie está exento del ojo vigilante del Estado provincial, ni siquiera quien forma parte de su engranaje.

A esto se suma el bochornoso papel del comisario, Carlos Vera, quien fue consultado por periodistas sobre cuestiones básicas como la carátula del hecho, si existía alguna causa penal abierta o si la jueza presentaba lesiones. No pudo, o no quiso, responder nada de eso. El vacío de información fue tan grande como el despliegue policial. Un operativo que involucró a media estructura judicial, pero cuya justificación legal o sanitaria aún no queda del todo clara para la opinión pública.

Y como si fuera poco, periodistas locales que intentaron cubrir lo ocurrido, guiados por la lógica del hecho y no por el parte oficial tardío, fueron amenazados con acciones judiciales por “generar alarma social”. ¿Cuál fue su pecado? Haber inferido ante el despliegue de una jueza de instrucción, una fiscal, un médico forense, móviles policiales y el cierre perimetral de una vivienda, que podría tratarse de un posible crimen. Porque cuando el Estado despliega el formato de una escena criminal, pero se niega a informar, el periodismo no puede quedarse esperando el boletín oficial.

En Formosa, informar se ha convertido en una actividad de riesgo hace tiempo. Investigar, en una afrenta. Preguntar, en un acto sospechoso. El mensaje a la prensa es tan claro como el operativo en Belgrano: mejor callar.

Y si eso le pasa a una jueza y a los periodistas que cubren su caso, ¿qué le espera a un ciudadano común?

Este nuevo episodio revela la matriz con la que se gobierna en Formosa: un poder judicial subordinado, una policía con licencia para el exceso y una dirigencia política que solo reacciona cuando la indignación supera el cerco mediático.

En lugar de cuidar, se vigila. En lugar de acompañar, se hostiga. La salud, física o mental, sigue siendo un territorio donde el Estado avanza a garrotazos, aunque luego emita partes médicos con firma forense.