Ministro de Eduacion Luis Basterra

Mientras Gialluca, Basterra, De la Rosa e Insfrán descubren el drama del endeudamiento y apuntan todas las culpas contra Milei, nadie se anima a mirar el espejo del Modelo Formoseño: salarios que no alcanzan, empleo privado raquítico, dependencia de la Nación y una economía que hace décadas no genera suficientes oportunidades. Para el oficialismo, cuando el formoseño se endeuda, el culpable siempre está a 1.200 kilómetros. Nunca en Casa de Gobierno.

La Defensoría del Pueblo de Formosa descubrió que las rutas nacionales están destruidas y llevó el reclamo a la Justicia. Bien. Pero administra su lupa con una precisión sospechosa: mira con furia los 1.307 kilómetros que dependen de Buenos Aires y aparta la vista de los 4.105 kilómetros que dependen de Gildo Insfrán. La seguridad vial no puede ser un derecho de dos velocidades. Un pozo provincial mata igual que uno nacional. Y el silencio de Gialluca sobre la red que administra la Provincia ya no es un olvido: es una decisión política.

El intendente Pablo Basualdo destacó la convocatoria del operativo nacional en Las Lomitas, donde cientos de vecinos accedieron a prestaciones de salud, trámites y gestiones de organismos nacionales sin necesidad de trasladarse a la capital provincial.

Pozo del Tigre se prepara para festejar su aniversario mientras una familia todavía intenta saber por qué Jacqueline terminó muerta. La Policía habría decidido que la denuncia puede esperar hasta después de los festejos, la atención médica dejó demasiados interrogantes y el Estado parece más preocupado por que el pueblo llegue prolijo a la celebración que por escuchar a una madre que reclama respuestas por la muerte de su hija.

La denuncia de Pablo Basualdo vuelve a poner bajo la lupa a una fuerza cuya conducción política lleva décadas bajo el mismo poder. Si se pretende recuperar una Policía al servicio de los ciudadanos, no alcanza con cambiar nombres: hace falta revisar la cúpula, investigar las cadenas de mando y terminar con cualquier estructura que convierta a agentes públicos en instrumentos de persecución política.